Es diciembre se cumplen nueve meses de la desaparición forzada del activista Fidencio Gómez Santiz, cuyo caso no ha sido atendido de forma correcta por las autoridades, según han dicho distintas organizaciones civiles de defensa de derechos humanos.
Argumentando que ha existido dilación en la respuesta “lo cual reafirma la responsabilidad del Estado mexicano y complicidad de sus instituciones”, asegura el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Además se ha mencionado que pese a la presión de las familias y compañeros activistas, al no desistir de su presentación con vida y que el caso no sea condenado al olvido, “la ausencia de respuestas tangibles del proceso jurídico, habla de la maniobra del Estado para desgastarnos y detener nuestra exigencia de justicia”, se asevera.
“Una vez más denunciamos que revictimizar a las víctimas es otra forma en que el gobierno mexicano y sus instituciones pretenden callar y detener la exigencia de la presentación con vida, en el caso de la compañera Sebastiana Pérez Hernández esposa del compañero Fidencio, la han citado con la condición que asista sola para así aislarla de la organización y de la asesoría jurídica, así como de cuestionarla mediante calumnias la condición de luchador social del compañero para que de esa manera el Estado diluya su responsabilidad del crimen”, argumenta la organización.
Fidencio Gómez Sántiz es un defensor de derechos indígenas involucrado en la lucha contra la impunidad ante las ejecuciones extrajudiciales de personas indígenas en Chiapas.
Es también miembro de FNLS, movimiento de base establecido en 2006 que trabaja en la promoción de la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales en México y para defender los derechos laborales, sociales y de los pueblos indígenas. Así como “en la denuncia y la condena pública de violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno mexicano, específicamente aquellas relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y presos políticos”.
El 5 de marzo de 2016, entre las 15:00 y las 16:00 horas, Fidencio Gómez Sántiz fue visto por última vez en la terminal de transporte Jet Ha, cerca del mercado local de Ocosingo, Chiapas; según su esposa e hijo ahí se despidieron de él y ellos se fueron a visitar a sus familiares, cinco minutos después de despedirse de su familia, su hijo intentó hacer una llamada telefónica para asegurarse que su papá tomara sin contratiempos su transporte, del que ya no obtuvo respuesta.
Cabe mencionar que Fidencio Gómez Sántiz llegó a Chiapas después de estar comisionado en el Distrito Federal, por su organización el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la jornada de denuncia por el intento de ejecución extrajudicial de extrajudicial en la Ciudad de México, contra Matías Flores, indígena Náhuatl del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO); Jesús Hernández Reyes y Rubicél Hernández García indígena Náhuatl, comisionados del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) para denunciar la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López ocurrida en Chiapas en noviembre del año pasado.
Ante las constantes denuncias, en ningún momento el gobierno estatal se ha pronunciado o ha determinado acciones contundentes en el caso, “esa actitud del Estado mexicano expresa su política contra las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del pueblo, pero de nuestro compañero en particular, nos demuestra el carácter sistemático de la represión contra el FNLS, porque es un botón de muestra de varios que evidencian el plan del Estado por desarticular nuestro proyecto político.
Esto aplica para todo aquel que intenta organizarse, exigir mejores condiciones materiales de vida, así como luchar por los derechos del pueblo, sus libertades políticas, asimismo el derecho a la justicia y la verdad por todos los crímenes cometidos por el Estado mexicano”, denuncian.
Por lo que el FNLS califica al caso de Gómez Sántiz, como “terrorismo de Estado en nuestro país, una política de gobierno generalizada contra el pueblo organizado y no organizado”.
A su vez, denuncian que el mando único “con la coordinación y despliegue de sus fuerzas represivas como el Estado mexicano no desiste en aterrorizar al pueblo no organizado y los sectores populares organizados en el país, para que éste no salga a las calles a protestar ante la agudización de la miseria material y humana en que vive el pueblo, a su vez para defender sus intereses”.
Y como pruebas, se menciona la permanencia del destacamento policiaco ubicado de manera ilegal en las tierras del ejido el Carrizal, municipio de Ocosingo, donde del 15 de noviembre a la fecha, han aumentado sus patrullajes y arriban a una distancia de 500 metros de donde se ubican las viviendas de los habitantes.
A esto suman, el hostigamiento permanente contra sus compañeros de la sociedad de transporte Ricardo Flores Mangón, además, el intento de desalojo por parte de la SEDENA con amenazas de detenciones arbitrarias y desaparición forzada de miembros del FNLS de Altamirano y del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, Chiapas, el 20 de noviembre de 2016 cuando realizaban acciones políticas de denuncia.
“Represión sistemática que se recrudece por solidarizarnos por la exigencia de presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez así como exigir que el Estado mexicano cumpla con la resolución jurídica 29/2014 del caso de ambos luchadores sociales, por denunciar el terrorismo de Estado y ser solidarios con las causas justas del pueblo”.
