Un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha entrado en la sede del fondo de inversión que compró viviendas públicas del IVIMA.
En las oficinas se ha personado un dispositivo de antidisturbios que han prohibido subir a la quinta planta, donde están los despachos.
Explican que quieren visibilizar los desalojos que Encasa Cibeles, sociedad que gestiona los alquileres, ejecutará en una treintena de casas hasta enero.
Por Sofía Pérez Mendoza
Cerca de 150 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han encerrado esta mañana en las oficinas de Goldman Sachs de la calle María de Molina para denunciar la treintena de desalojos previstos por Encasa Cibeles, la sociedad que gestiona los alquileres, hasta el próximo mes de enero.
Una veintena de personas ha conseguido subir a la quinta planta del edificio, donde se ubican los despachos. Lo han hecho, según los activistas, antes de que se personara en el lugar un dispositivo de antidisturbios (UIP) avisados por el fondo de inversión que ha bloqueado los ascensores para impedir que subieran más personas.
«No nos vamos a mover de aquí hasta arrancar el compromiso de que los desahucios se van a paralizar y la situación de los vecinos, que quieren pagar, se va a regularizar», explica Ricardo, de la PAH Parla, el municipio donde se concentran más desalojos en este mes. Hasta ocho.
Un bonito dispositivo en Goldman Sachs para nosotras solas. Eso es que no han leído esto: https://t.co/qUUcRmOGcR pic.twitter.com/zlyNhjHtNH
— Coor Vivienda Madrid (@AlertaDesahucio) 10 de noviembre de 2016
Hemos negociado con la policía y van/vamos a negociar. Vamos a poder salir y entrar sin problema. #SíSePuede
— Coor Vivienda Madrid (@AlertaDesahucio) 10 de noviembre de 2016
Estos desahucios afectan a personas que entraron ilegalmente en casas que quedaron vacías tras el proceso de venta de las viviendas por parte de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs en 2013, una operación que está en los tribunales. La PAH lleva meses negociando con Encasa Cibeles para pedir la regularización de estas familias. La empresa alude, como contó eldiario.es, a un posible «efecto llamada» para negarse a hacerlo.