Por Emma Martínez
Recién había salido el sol cuando un grupo de hombres se preparaba en una vivienda en Jalisco para irse a trabajar al campo, en ese momento, elementos militares se introdujeron arbitrariamente al domicilio sin una orden de arresto y permanecieron por una hora en el lugar.
Después de ese tiempo los sacaron y subieron a vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) eran seis los residentes de la vivienda. Pero en ningún momento se presentó a los detenidos a ninguna autoridad y seis años después se desconoce su paradero. Ante la presión, el Ejército declaró que el acontecimiento obedecía a informes de “actividades ilícitas”, en dicho domicilio.
Luego de esto, los militares entregaron armas, vehículos y cartuchos relacionados a los fiscales federales en materia de crimen organizado, como elementos de prueba, sin embargo, de acuerdo a una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “no encontró evidencia para respaldar el argumento que los hombres habían estado involucrados en actividades ilícitas”.
Por el contrario, la CNDH concluyó que los militares eran responsables de la desaparición forzada de las seis víctimas. Los familiares de los desaparecidos declararon ante la CNDH haber recibido amenazas del ejército”, de acuerdo al informe Atrocidades Innegables: Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México, realizado por Open Society Foundations.
La organización internacional, agrega que las víctimas fueron detenidas por elementos militares, según lo admite la propia armada y es corroborado por testigos. Como la CNDH también concluyó en su investigación de desaparición forzada, pero aún con esto, “el ejército se negó a proporcionar a los familiares información sobre el paradero de las víctimas y los autores ocultaron información sobre las circunstancias de la detención y la suerte de las víctimas”.
“Las víctimas desaparecieron hace seis años, ya es un periodo prolongado en el que no se ha dado avances a las investigaciones, a esto se suma que con el tiempo se pierde el apoyo muchas veces hasta de los activistas, es decir ‘ya pasó tiempo’, ‘no es actual’, son algunas excusas de ciertos grupos.
Lo anterior provoca que las puertas se cierren aún más para la sociedad olvidada, para quienes no son nadie, pero al mismo tiempo son los falsos positivos que alientan la falsa lucha contra el narcotráfico, usan a los inocentes para mantener los negocios con los delincuentes, en pocas ocasiones se logra justicia, aunque a veces es poca cuando el familiar no vuelve más. Ni siquiera se puede asistir a un funeral, porque el Estado se encargó de determinar quien vive y quién no en este país”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO, Alfredo Santamarina, experto en temas de seguridad nacional.
De acuerdo con la información, la intención del ejército de describir a los hombres como criminales al presentar como evidencia armas, vehículos y cartuchos al fiscal federal en materia de crimen organizado, “sugiere que cometieron actos ilícitos vinculados con la política de seguridad en el combate contra el crimen organizado”.
Además, se conoció que, basándose en la evidencia, aparentemente las desapariciones en Jalisco comparten semejanzas con muchos otros delitos cometidos por las fuerzas militares en diversos lugares durante un período de años, por lo cual dichas desapariciones forzadas se pueden considerar crímenes de lesa humanidad.
“Son crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en despoblado, ordenados como una estrategia de represión o detención en contra de aquella sociedad que podría en cualquier momento levantarse, y que de hecho ya lo está haciendo, sin embargo, aún no es una mayoría.
Así las ejecuciones, torturas y desapariciones sirven para sembrar el terror y para usar a las víctimas como ‘falsos resultados’, por eso aún hay muchos mexicanos diciendo que las fuerzas armadas protegen a los buenos ciudadanos y erradican a los ‘malos’, lamentablemente somos material de uso y deshecho para precisamente los gobiernos de derecha, cada sexenio más cruentos y más salvajes”, agrega Santamarina.
En este sentido, Open Society Foundations menciona que, en relación con las desapariciones forzadas, los falsos positivos son más difíciles de documentar debido a que en la mayoría de los casos, las autoridades nunca reconocieron la detención y por lo tanto no hacen declaraciones con respecto a los supuestos nexos de la víctima con la delincuencia organizada.
Pero, en muchos casos, a los familiares que reportan las desapariciones ante las autoridades se les ha informado que sus seres queridos desaparecidos probablemente eran miembros de la delincuencia organizada, sugiriendo que probablemente merecían desaparecer.
