Así lo subrayó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de la parlamentaria del Parlasur que desde enero se encuentra privada ilegalmente de su libertad. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, la profesional analizó los principales puntos e implicancias que surgen para nuestro país del decisorio del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional.
Por Diego Kenis
El viernes último se conoció la resolución tomada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas respecto de la privación de la libertad que desde enero padece Milagro Sala, principal referente de la organizaciónTúpac Amaru en el norte argentino y parlamentaria por el Parlasur.
La detención de Sala ya había considerada ilegal por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) argentina y ahora fue un grupo de expertos de la ONU quien observó que su detención fue arbitraria, que se la sometió a funcionarios judiciales irregularmente designados, que se aseguró el armado consecutivo de distintas causas para mantenerla en prisión y que le fue obstaculizado el propio derecho de defensa. Por ello, el Grupo de Trabajo interviniente solicitó su inmediata libertad y una reparación por los daños causados en los casi trescientos días que lleva detenida en la cárcel jujeña de Alto Comedero.
La resolución (que puede leerse, completa, aquí) fue presentada el viernes por la tarde en una conferencia de prensa de la que participaron miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y del grupo ANDHES, que reúne a abogados y abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.
De la rueda de prensa participó también Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Sala, quien accedió a analizar la resolución emanada de la ONU junto a esta AGENCIA.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo fue el trayecto hacia esta resolución?
Elizabeth Gómez Alcorta: El 2 de febrero se hizo una presentación por parte de los tres organismos de derechos humanos ante este Grupo específico, en lo que se llama un llamamiento urgente y en el que se denunciaba que el Estado argentino estaba incumpliendo con dos de los artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que convertían la detención de Milagro en una detención arbitraria.
El Grupo de Trabajo tiene una metodología, que consiste en correr vista y solicitar información cuando entiende que puede haber un caso. En éste, el 17 de febrero se le requirió la información al Estado argentino. El Estado contestó, y posteriormente hubo un nuevo intercambio en solicitudes de información, tanto a los peticionarios como al Estado. El 1 de agosto fue el último intercambio, donde se pusieron en contexto las nuevas situaciones. Esto es, las nuevas causas.
El Grupo de Trabajo, que integran cinco expertos de distintas partes del mundo, se reúne un par de veces al año a deliberar. En agosto tomaron la decisión. Una vez tomada, el proceso es escribirla y comunicarla a las partes. Y el viernes pasado tomamos conocimiento de ella.
APU: ¿Qué nos dice esta situación, certificada ahora por el Grupo de Trabajo, acerca del gobierno jujeño y el nacional y sus relaciones con el Poder Judicial?
EGA: En principio, como los Tratados internacionales los suscribe el Estado nacional, cualquier obligación que se asuma o cualquier responsabilidad por su incumplimiento, como en este caso, siempre se vinculan al Estado nacional.
Cada uno de los países, y el sistema universal incluye a casi todos, tiene su organización federal, republicana, o unitaria… Eso es absolutamente ajeno a la responsabilidad internacional. Entonces, el que responde siempre ante la comunidad internacional es el Estado nacional. En ese sentido, respecto de las responsabilidades que puedan tener el Poder Judicial o el Ejecutivo de Jujuy, son responsabilidades totalmente ajenas al Grupo de Trabajo.
El Grupo fija además un procedimiento para el seguimiento del cumplimiento, por lo que de acá a seis meses el Estado nacional deberá informar si cumplió esta resolución y en qué fecha, si se realizó la indemnización, si investigó sobre las violaciones de derechos que la tuvieron a Milagro como víctima, y una serie de cosas. Esto quiere decir que el modo que se operativiza a nivel interno, es ajeno al Grupo de Trabajo. Y quien debe informar el cumplimiento no es el Superior Tribunal de Jujuy ni el contador (Gerardo) Morales, sino el Estado nacional.
Por otro lado, hoy escuché un audio de (el secretario de Derechos Humanos Claudio) Avruj, que dijo que el gobierno será respetuoso de la autonomía e independencia del Poder Judicial, (pero) lo cierto es que el que responde no es el Poder Judicial de Jujuy, y él lo sabe perfectamente: a quien se está intimando es al Gobierno de la República Argentina, cuya representación la tiene el Poder Ejecutivo.
La resolución tiene un nivel de contundencia tremendo. No lo puedo calificar de otra forma. En una parte dice, textual, que “además, se pudo observar que jueces y fiscales asignados para el conocimiento de las acusaciones, fueron seleccionados”. Quiere decir que la resolución evidencia la falta de independencia del Poder Judicial, y es de hecho por eso que el gobierno nacional debe responder internacionalmente.
APU: Otro punto importante entre los señalados por el Grupo de Trabajo tiene que ver con el valor que da a la protesta social, en el marco de este caso.
EGA: Sí. Esto me parece importante: hay que pensar que para el 2 de febrero, que fue la fecha en que se presentó esta comunicación, Milagro ya había sido excarcelada en la causa de la protesta. La libertad se la conceden el 26 de enero, la notifican el 28 y en el interín le dictan la segunda detención, por extorsión y asociación ilícita.
La resolución muestra, primero, la absoluta arbitrariedad de la primera detención, aunque no formaba parte del reclamo. Porque lo que muestra es que una vez que la detienen por el acampe, por el ejercicio de su legítimo derecho a protestar, comienza a sucederse una consecución de acusaciones por las cuales ellos ya después no la dejan en libertad. Lo que es evidente es que a partir del mes de enero hacen aparecer hechos que están vinculados a años anteriores. Es decir, se avasallaron los derechos que tiene Milagro. Entre ellos, el de protestar. Porque a partir de esto es que las acusaciones empiezan a sucederse casi como fichas de dominó. Y el Grupo de Trabajo desarrolla este punto de manera sorprendente, si se piensa que nadie habló con estos expertos, que no es un procedimiento en que haya audiencias… Lo pudieron ver, pura y exclusivamente, a partir de las presentaciones de documentación que hicimos: que la detuvieron por un acampe que ya llevaba un mes pero en supuesta flagrancia, que se la detiene de un modo arbitrario e infundado, pese que había sido citada y se había presentado, y a partir de allí aparece la primera de las causas, con una fiscal puesta a dedo y un juez puesto a dedo, con hechos que son de años anteriores pero se presentan un viernes entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche… Esto lo muestra la resolución, que dice algo más: que el Grupo de Trabajo se convenció del uso indebido de la figura de la orden de detención contra Milagro, así como también del uso de acusaciones consecutivas por parte del mismo Poder Judicial. Algo que inclusive Morales le reconoció a Horacio Verbitsky en una entrevista que después intentó negar.
APU: Una de las primeras reacciones del gobierno ha sido tratar a esta resolución como “no vinculante”. ¿Es así?
EGA: En realidad, la idea de que algo vincula o no vincula tiene que ver con si genera o no responsabilidad. Es el caso de cualquier contrato que se hace entre partes: es claro que es vinculante. Ahora, ¿puede uno no cumplirlo? Claro que puede no cumplirlo. Pero es vinculante porque si uno no cumple tiene alguna responsabilidad.
En esto sucede lo mismo. (El gobierno) puede no cumplirlo. Pero no es que sea optativo, no es una opinión, no es una sugerencia ni una recomendación. ¿Cuál es el costo que tiene? El costo tiene que ver con la responsabilidad. El Estado argentino incurriría en responsabilidad internacional en caso de incumplirlo. Las consecuencias son diplomáticas, de la misma forma que si incumpliese una resolución de la Corte Interamericana.
APU: El texto señala que espera respuestas, de aquello que plantea, en un plazo de un semestre y advierte que el Grupo de Trabajo podría tomar “sus propias medidas” si surgen problemas nuevos relacionados con el caso. ¿Cuáles podrían ser esos problemas y qué intervención podría tomar, en tal caso?
EGA: Problemas: el incumplimiento, por ejemplo. Ante ello, podríamos convocar una visita en el lugar, o una reiteración. Lo cierto es que nosotros hasta ahora hemos sido muy prudentes, han pasado muy pocos días y todavía no hemos tenido ningún contacto con el gobierno nacional sobre el tema, lo que esperamos que suceda en lo inmediato. Hoy (por el lunes 31) el CELS está presentando una nota en Cancillería pidiendo que nos informen de modo urgente de qué modo y cuándo van a hacer efectiva la resolución, que ordena “la inmediata libertad” de Milagro.
Por la prensa, nosotros tomamos conocimiento de que hoy el Ejecutivo nacional notificó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que para nosotros no es el interlocutor. El obligado y el responsable es el gobierno nacional.
APU: ¿Tuvo contacto con Milagro? ¿Cómo se encuentra ella?
EGA: Sí. La noticia se la di yo el viernes por la mañana. Luis Paz (NdR: también abogado y miembro del equipo de defensores de Sala) se fue para el penal y yo hablé por teléfono. Queríamos que no se enterara por los medios. Estaba en principio muy conmocionada. Lo cierto es que es un caso paradigmático, de allí el impacto que tiene para quien desde hace 289 días viene sufriendo una arbitraria detención, sabiéndolo y sufriéndolo en carne propia. Porque además el impacto tiene que ver con que esto no lo dice su defensa, los organismos de derechos humanos o los Comités por su Libertad sino cinco expertos que no tienen nada que ver con la Argentina, que nadie puede poner en tela de juicio su objetividad ni su imparcialidad o su independencia. Entonces, el impacto inicial fue de mucha conmoción por las implicancias, inclusive a nivel personal.
Después, le comenté que pensábamos en una conferencia de prensa a la tarde (del viernes 28) y le dije que aún no sabíamos cómo iban a hacer efectiva la resolución y que ahora dependía claramente de la decisión del Ejecutivo de estar o no dentro del marco de la ilegalidad internacional.
(Milagro) agradeció profundamente a todos. Ella tiene plena consciencia de que esto es el resultado de una lucha colectiva que incluye actores de los más diversos. Los primeros agradecimientos fueron al CELS, Amnistía Internacional y ANDHES y a su defensa, que con sus presentaciones lograron este resultado. Pero además agradeció a los Comités por su Libertad, porque ella es muy consciente de la importancia y del peso que tienen a nivel nacional e internacional, sosteniendo la voz y la lucha por su libertad.
