Lorena Zárate es la presidenta mundial de Hábitat International Coalition-HIC. Pressenza conversó con ella en busca de un balance crítico de la semana del Hábitat en Quito-Ecuador.
NL: Concluida la cumbre oficial Hábitat III y las cumbres alternativas, ¿cuál es tu balance?
LZ: Es complicado realizar un balance porque hubo muchas actividades, foros oficiales y alternativos, algunos con diálogos entre sí, y otros no tanto; incluso con el mismo público circulando de un lado al otro. En realidad, para nosotros es difícil ver la conferencia en sí misma sin ver el proceso, por lo que se podrían hacer valoraciones distintas.
Esta conferencia de la ONU Hábitat tiene limitaciones. La primera de ellas, que se dan cada 20 años pero, además, en este proceso hemos notado que las y los diplomáticos no saben mucho de los temas de hábitat ni de urbanización. Durante el proceso de discusión del borrador de la agenda que finalmente se aprueba, proponen quitar palabras y conceptos sustentados en que no conocen lo que quieren decir.
Conceptos como el derecho a la ciudad, por ejemplo, fue una de las grandes peleas y negociaciones y, finalmente hemos logrado que se incluya. Mantener otros conceptos clave como gentrificación, subsidiariedad, economía social y solidaria fue un desafío muy grande en el proceso.
En esta edición, la cumbre se cruzó con lo que ONU Hábitat organiza cada dos años que es el Foro Urbano Mundial, una conferencia temática general donde participan distintos tipos de actores gubernamentales y no gubernamentales. No se toman grandes decisiones ni se negocian grandes agendas pero, como todo foro, permite profuso intercambio de información.
Hubo espacios interesantes y mucha autocrítica en algunos de ellos. Costa Rica, por ejemplo, decía que tenemos que revisar lo que estamos haciendo en torno a la política de subsidios, al crecimiento expansivo de las ciudades, el valor de los espacios vacíos, los espacios subutilizados o abandonados tanto de vivienda como de equipamiento.
NL: Llama la atención que las cumbres de Hábitat (3) sean cada 20 años y que cada una plantee un tema diferente, como si cada vez hubiera que comenzar de nuevo. ¿Cómo pueden hacer acuerdos para el futuro si no recogen el pasado?
LZ: Justamente esa fue la posición de HIC desde que arrancó oficialmente el proceso preparatorio de la cumbre en abril del 2014, en Medellín. El tema que colocamos fue que no podemos avanzar si no revisamos los compromisos anteriores. Ni los países, ni la ONU, ni ONU Hábitat hicieron ningún esfuerzo al respecto.
Se les dijo que para la siguiente cumbre debíamos prepararnos y partir desde el primer paso: evaluar. Tuvimos una posición muy crítica y muy dura que fue respaldada por otras redes y otros actores, quienes se fueron sumando. Algunos académicos han desarrollado unos indicadores para medir qué paso con los acuerdos antes suscritos, lo que sirve probablemente como predicción de lo que va a suceder ahora, con la nueva agenda: el seguimiento de lo que fue la agenda Hábitat se hizo a partir de la presión de la sociedad civil, los movimientos sociales y en acuerdo con autoridades locales.
Los mensajes de HIC giraban en torno a tres cuestiones. Primero, ¿por qué hablamos de una “nueva” agenda?, ¿qué paso con la agenda anterior?, ¿quién la evalúa? y ¿por qué necesitamos una nueva agenda? Entonces recordamos que hay puntos que se dijeron hace 20 años en Estambul en la llamada agenda, aspectos que se dijeron incluso en Vancouver, hace 40 años, todavía válidos y en muchos sentidos más progresistas en comparación de esta nueva agenda.
Segundo, se habla de una agenda urbana entonces, ¿Por qué solo urbana? ¿Por qué no del hábitat? ¿Por qué no de los asentamientos humanos? Entendemos por supuesto la dinámica del desplazamiento de la población hacia los centros urbanos con una tendencia muy fuerte, en particular en los países del África subsahariana y en el sudeste asiático, que son todavía mayoritariamente rurales en conjunto como región pero que están creciendo aceleradamente.
Acerca de los procesos de urbanización en condiciones precarias, dijimos que no se puede ver simplemente como una foto o descripción de lo que está pasando, sin tratar de entender por qué está pasando. Hay casos en los que no tienen apoyo para la vida digna en el campo, no hay apoyo para la pequeña agricultura familiar, solamente hay expropiación y expulsión.
Por tanto, la gente tiene que seguir migrando en busca de oportunidades concentradas en determinados centros urbanos. Analicemos las causas y apoyemos a que la gente se pueda quedar en sus lugares y mantener sus medios de subsistencia, tener acceso a una vida de calidad aunque no vivan en los centros urbanos, de lo contrario esto no se va a resolver.
Tercero, el discurso oficial afirma la urbanización como inevitable, como una tendencia irreversible y que toda la humanidad se va a urbanizar, que toda la gente va a vivir en ciudades, una especie de apocalipsis urbano; sin cuestionamiento, sin debate. Nosotros discutimos ese discurso, pensamos que no ayuda a entender el problema y que además, no es una meta deseable para toda la humanidad, ni en términos de las personas ni en términos del planeta.
NL: ¿Cómo entender el derecho a la ciudad si no estamos de acuerdo en que la ciudad sea el destino inevitable de todos?
LZ: La formulación del derecho a la ciudad tiene dos orígenes identificados desde hace por lo menos 50 años. Hay un camino más bien académico, que inicia en Francia con un intelectual, geógrafo, sociólogo y filósofo que se apellida Lefevre, quien empieza a cuestionar qué significa la vida urbana y como todas las personas deben tener acceso no solo a bienes y servicios, sino que además a la infraestructura, y a las posibilidades que ofrece esta vida, a transformar lo urbano y volver a una concepción más bien de ciudad, no tanto como espacio físico sino como espacio colectivo de toma de decisiones, como espacio de democracia, de reinvención de la sociedad y de los valores.
Más adelante, en la década de los 60´s en América Latina, el camino en paralelo viene desde los movimientos sociales, cuando el proceso de migración campo-ciudad está en el pico de la ola en muchos países.
La migración masiva del campo a la ciudad es muy visible, en teoría por las oportunidades de la industrialización, pero sin una política de suelo, de vivienda, de transporte y de acceso a servicios; se muestra la gente reclamando la ciudad por el derecho a estar y permanecer, a acceder a más oportunidades e incluso a democratizar la vida política de la ciudad y del país.
NL: Somos escépticos frente a la efectividad de los acuerdos y resultados de esta cumbre porque la historia nos muestra que no funcionan. ¿Cuál es la lucha y cómo continuarla desde las organizaciones, desde la sociedad civil, desde nosotros los ciudadanos y ciudadanas?
LZ: La agenda de los movimientos sociales es bastante clara y hay gran sintonía en las distintas regiones, más allá de lo que dice la demografía. Por un lado, está clara la visión integral del territorio y no solo de los asentamientos humanos sino del territorio en sí mismo, de las interacciones entre las personas y la naturaleza, de los lugares donde vivimos, del conocer de dónde viene el agua que utilizamos, a dónde va a parar el agua sucia, de dónde vienen los alimentos, a dónde va a parar la basura; interacciones que van más allá de los límites político-administrativos de nuestras ciudades (pequeñas o grandes) donde las interacciones entre las categorías de urbano y rural se están cuestionando.
El tema de los bienes comunes, es la otra línea de reclamo y de acción de las organizaciones en todos los lugares del mundo. La defensa de los asentamientos, las ciudades entendidas como bienes comunes significa un no a la mercantilización, además de un enfoque de derechos humanos.
Debemos acceder a ellos, más allá de si tenemos dinero para comprarlos o pagarlos pero, al mismo tiempo, adquirimos la responsabilidad de cuidarlos para esta generación y para la futura; esto supone entender la naturaleza no como recurso que vamos a usar y a explotar sino como bien común de toda la humanidad.
La agenda está muy clara y la clave es organizarnos, autogestionar, exigir a los estados que no se nos criminalice, que no se nos persiga, que no nos ataquen sino que nos apoyen en el marco jurídico y con recursos públicos, los que no son de los gobiernos sino para que los pongan al servicio del sector privado, lo que ya se está haciendo en la mayor parte de lugares, en estas últimas dos o tres décadas.