En Chile hemos sido testigos de formalizaciones a nivel nacional que involucran a personajes públicos del ámbito político, empresarial, deportivo, religioso y militar, por los más diversos motivos asociados a la corrupción: cohechos, colusiones, lucros indebidos, tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, entre otros. Lamentablemente también se ha dado a nivel de regiones y comunas. Cuesta encontrar alcaldes, concejales, así como candidatos sin mácula.

No obstante lo expuesto, no deja de llamar la atención la formalización de quien es el alcalde de la comuna de Talca, Juan Castro, junto con la del administrador del municipio y director ejecutivo del programa Junto a ti, Juan Carlos Díaz, actual candidato a alcalde por Talca, y Juan Valdebenito, jefe del departamento de emergencia municipal, quien fuera candidato a diputado en las últimas elecciones bajo el lema, síganme los buenos.

Estos personajes configuran un trío cuyas actuaciones se encuentran en tela de juicio, esto es, bajo investigación por el delito de cohecho por parte de la fiscalía. Importa consignar que el cohecho es un delito asociado a un soborno para corromper a alguien con el propósito de obtener algún favor de su parte. Suele tratarse de entrega de dineros (o regalos) a alguien, por lo general a un funcionario, a cambio de algo que no puede ser obtenido lícitamente.

Que se encuentren formalizados, no significa que sean culpables, por lo que debe presumirse que son inocentes en tanto no se demuestre lo contrario. Pero también se sabe que nadie es formalizado porque sí. Importa señalar que la formalización es la actividad por la cual un fiscal comunica a un imputado de que se está desarrollando una investigación en su contra por uno o más delitos específicos.

Se presume que para que exista una formalización tienen que haber indicios, antecedentes que hacen presumir la existencia de un delito. Nada impide descartar la existencia de delito, y que se concluya que tan solo hayan existido, a lo más, faltas administrativas. Ello lo determinará la investigación en curso.

Desafortunadamente son muchos los municipios que están siendo investigados por presuntos delitos similares, asociados a la compraventa de terrenos y la contratación de los servicios de recolección de basura por parte de empresas del rubro. Investigaciones que han dado origen a peticiones por parte de distintas fiscalías para conocer los movimientos bancarios, esto es, depósitos, captaciones y otras operaciones sospechosas en las cuentas bancarias que posean las personas involucradas, todo con el propósito último de revelar si ha existido tráfico de influencias, apropiaciones indebidas, conflictos de interés.

El municipio, al igual que el aparato del Estado, está para servir a los más débiles,  quienes necesitan apoyo; no está para servirse de él, en particular quienes son sus máximas autoridades. Desafortunadamente el negocio de la basura parece ser lo suficientemente atractivo para caer en tentación si no se cuenta con un sólido escudo ético-moral.

Para que la regionalización, la descentralización tenga sentido, es indispensable que tengamos municipios incorruptibles, con autoridades y funcionarios capaces de resistir la tentación de ser sobornados con ingresos recibidos bajo cuerda.

El caso en comento se arrastra desde el 2013. Dada la proximidad de las elecciones municipales, y que entre los implicados se encuentre uno de los candidatos a alcalde del municipio de Talca, es indispensable que se esclarezca cuanto antes su actuación bajo sospecha, al igual que la del alcalde actual. Por el bien de todos.