El movimiento sindical internacional advierte de la ola de avaricia corporativa que se desencadenará tras la destitución de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff, orquestada por un Congreso minado de corruptos. El flamante gobierno —formado exclusivamente por hombres, todos ellos blancos, y encabezado por Michel Temer, un personaje poco conocido que ocupaba la Vicepresidencia del gobierno de Dilma—, diseñó un plan de recortes masivos del presupuesto al poco de tomar las riendas del poder, cuando Dilma se encontraba aún suspendida de sus funciones y pendiente del resultado del impeachment en el Senado. Quince de los 24 ministros nombrados inicialmente, incluido el propio Temer, están acusados o imputados en casos de corrupción. Mientras ostentó su cargo, Dilma se negó a frenar las investigaciones sobre casos de corrupción, aunque afectaran a miembros de su propio partido político.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirma: “La familia más rica de Brasil utilizó su imperio mediático, Globo, para ayudar a desestabilizar al gobierno y, ahora, otras empresas nacionales y extranjeras esperan beneficiarse de la prevista liquidación de los bienes estatales, de la desprotección de la mano de obra y de un gobierno que ya coloca los intereses de las grandes empresas por delante de los puestos de trabajo y medios de vida de la ciudadanía. No nos sorprende que la Cámara de Comercio Americana alabara en los medios al gobierno de Temer, apenas una hora después de la destitución de la Presidenta Dilma, por apoyar su campaña internacional de expansión y beneficios corporativos a expensas de la democracia y los derechos”.
Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Temer durante la suspensión de Dilma fue eliminar los Ministerios de las Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos, y retirar una ley de 2014 que garantizaba el acceso a las pensiones, salarios garantizados e indemnización por despido injusto a las empleadas de hogar. Los nuevos recortes en los principales servicios estatales y en el gasto social afectarán sobremanera a los más pobres. Temer ya anunció cambios de calado en la legislación laboral y el sistema de pensiones, además de una enmienda a la Constitución que dejaría al país atrapado en una senda de austeridad durante las próximas dos décadas.
“La crisis política en Brasil es profunda. Su gobierno plagado de corruptos carece de credibilidad, excepto para los grandes intereses empresariales. Décadas de progreso social penden de un hilo y la obsesión del gobierno con las políticas de austeridad favorables a las empresas, que ya han demostrado su fracaso en todo lugar, no resolverá los profundos problemas económicos que comenzaron con el desplome de los precios del petróleo. Todas las confederaciones sindicales de Brasil están unidas en su oposición al previsto debilitamiento de las leyes laborales y el movimiento sindical internacional las apoya firmemente”, afirma Burrow.
