“Aquella noche no estábamos haciendo una manifestación, ni un acto de memoria, como sé que se dice por aquí, sino una actividad de ‘boteo’, pararnos en las autopistas y pedir una moneda a los choferes.
Ya nos íbamos a retirar, cuando el detalle era que para retirarnos debíamos pasar por Iguala para tomar la calle que nos lleva rumbo a nuestra Normal, y ahí fue cuando llegaron los municipales disparando”. Francisco Sánchez Navas, 19 años, sobreviviente de la noche del 26 de setiembre de 2014.
La aciaga noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, cuatro distintos escenarios en Iguala, meses después provocarían, lo que pocos eventos han logrado: elevar la conciencia nacional y generar reacciones de indignación.
La muerte (incluido el desollamiento) de jóvenes normalistas, sumado a la gran tragedia de la desaparición de 43 estudiantes, se ha convertido, posiblemente, en el episodio más importante de los últimos años en la truculenta historia política de México.
Así es como el “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es posiblemente, la frase de protesta más representativa del país, ante los ojos del mundo. A lo largo de estos dos años, la tragedia ha extendido su magnitud, caminando entre la desaprobación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la negación a aceptar la versión universal que los estudiantes no fueron quemados en Cocula.
Además de ‘premiar’, con un mejor puesto a Tomás Zerón, uno de los elementos en el caso, señalado y denunciado por el GIEI, así como la absoluta protección al ejército. Así los padres de familia que buscan justicia, también se han convertido en el mayor de los ejemplos de lucha en contra de un juez y parte: el Estado.
“Luchar en México para exigir lo que por derecho corresponde, equivale a ser condenado de muerte. El país se caracteriza por haberse convertido en semillero de valientes hombres en busca de un bienestar para su comunidad, que aceptan que el priismo nunca ha jugado limpio, es por eso mismo que el gobierno cava su tumba tras la desobediencia, al pensar, analizar, crear conciencia, en ese contexto surgió el caso Ayotzinapa.
Si hoy los mexicanos conscientes están conmemorando dos años de la desaparición de 43 estudiantes, es porque evidentemente no ha habido justicia, lo cual se logró por la vía de la obstaculización de elementos de prueba, falsas declaraciones, tortura y complicidad gubernamental”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, el sociólogo argentino Daniel Luna.
A su vez, el especialista menciona que, la dificultad por alcanzar el esclarecimiento de los hechos acaecidos en septiembre de 2014 en el pueblo de Iguala, Guerrero, en México, no recae en ‘la complejidad’ de las evidencias, líneas de investigación o medios para lograrlo, “el único obstáculo para alcanzar la verdad, siempre ha sido el gobierno, quien arropa a los culpables, y no se conoce en ese país, sanguinarios más queridos por el Estado, que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad pública”, añade.
En tanto, el abogado Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que existe “un modelo de degradación sistemática de los derechos humanos en el que la impunidad es el pacto primordial, es por ello que el actor principal de esta mentira histórica ha sido la fabricación de delitos mediante la tortura, sino además de arrancar confesiones a través de ésta, sirve para callar a las personas que tienen conocimiento de los hechos de la desaparición de los normalistas”.
Como ejemplo recuerda que había policías municipales, quienes tenían conocimiento de los hechos que acontecieron en Iguala, Cocula e Huitzo, “tenían conocimientos de a quienes le fueron entregados a los estudiantes, pero de aquello jamás se conoció”.
Afirma que poco después de aquello, “vino a crearse todo este esquema de corrupción científica, que se pretendía legalizar por medio de la falsificación de peritajes y pruebas ‘sembradas’, una verdad que tenía que ser convalidada por los elementos que fueron torturados.
Ramírez López, asegura que la tesis del basurero de Cocula, a la que se le quiere sumar una tercera versión, “nos habla del carácter sistemático de la violación a los derechos humanos y de la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto.
Ayotzinapa es responsabilidad del gobierno federal, pero directamente de Enrique peña Nieto, al que no le podemos perdonar, ni aceptar, la negligencia con la que inició sus discursos en relación al caso. Cuando deslindó la responsabilidad del gobierno Federal, en un principio, y aseguró que el hecho competía a las autoridades municipales y estatales”.
Conocimiento, afirma, que a todas luces era competencia de la Procuraduría General de la República (PGR), puesto que se trató de un fenómeno donde se usaron armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Preciso es recordar, que desde los primeros días, posteriores al 26 y 27 de septiembre, antes de ser el primero en comprometerse a dar justicia, el gobierno federal intentó disminuir y aislar los hechos, cuyo propósito eran el de separar al Estado de la delincuencia organizada, prefiriendo que se vinculara a las policías.
“En ese momento ni a Peña Nieto, ni a Osorio Chong, les importó ser cuestionado por los millones de inversión en ejército si el narcotráfico se ha intensificado y llegado a estos niveles de violencia, preferían adjudicarlo a esto y no investigar y abrir cuarteles.
Lo cual solamente sirvió para desprestigiarse aún más, porque lograron sin duda, colocar a las instituciones de seguridad, y funcionarios públicos con cargos importantes, en el papel de verdugos, dentro de redes de violencia e impunidad”, agrega el sociólogo.
Sobre el tema, Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo, México, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que, el mantener la impunidad en el caso de Ayotzinapa indica que, el Estado mexicano sí es responsable de los hechos perpetrados hace dos años.
Esto derivado que, todos los mecanismos que ha utilizado han sido, comenta, para mantener la impunidad de los perpetradores que son agentes de Estado, miembros de niveles municipales estatales y federales.
Si bien es cierto, añade Cerezo Contreras, “el costo político ha sido muy alto, sin embargo el gobierno federal ha aceptado dichos costos porque el ataque específico contra Ayotzinapa inaugura el uso de una nueva estrategia de represión política, ya dirigida directamente en contra de miembros de organizaciones sociales y personas que no se asustaron con todo el mecanismo de control social mediante el terror, que aplicó Calderón.
Es así, como lo que sucedió, es una forma de desarticular luchas sociales, una manera de advertir: ’que no se posicionen en contra de las reformas estructurales’, fue golpear directamente a miembros de organizaciones sociales en este caso de Ayotzinapa, que históricamente ha sido una normal bastante beligerante para defender sus derechos”.
El activista, se refiere a uno de los escenarios emblemáticos de aquella noche y madrugada: el desollamiento de Julio César Mondragón, afirmando que, fundamentalmente, es un mensaje de terror para los normalistas y el movimiento social, “es un modus operandi que no se había visto en otros lados y tampoco se veía como una cuestión de narcotráfico, pareciera estar relacionado con acciones de un ejércitos antiguerrilla, por lo que evidentemente es un mensaje claro de terror en contra del movimiento organizado”.
Sobre el tema, el Doctor Jorge Montemayor Aldrete, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que el desollamiento, siendo una practica de los fenicios, fue retomada recientemente por Estados Unidos, y practicada por el ejercito de los Kaibiles, en Guatemala, donde dicho sea de paso, dan entrenamiento a ciertos grupos de soldados mexicanos.
Comentando, que existen documentos que demuestran que parte del entrenamiento de los elementos, también consiste en el desollamiento, una técnica que evidentemente, afirma, se usa en el rostro de Mondragón Fontes, puesto que los cortes son evidentes.
Y asegura que la manera más clara de saber que sí fue desollado vivo, es porque la sangre aún circulaba por el rostro, lo cual se observa en las fotografías.
Cerezo, añade, que todas estas acciones, son producto de las condiciones que creó el gobierno federal “para que fueran posibles, así como lo ha hecho para dar paso a otros hechos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en contra de toda la población.
Sin embargo, en este caso concreto, que es parte de su estrategia de terror, está haciendo todo lo posible para mantener la impunidad, para que no se castigue, para que no se conozca la verdad, incluso para que no exista la memoria de lo que sucedió y evidentemente pueda cometer con toda libertad este tipo de hechos más adelante”.
Hechos, que Luna, califica como ‘terrorismo de Estado’, el cual comenta, es parte ya de la sociedad mexicana, “ya no se puede disociar a la sociedad mexicana del terrorismo que practica en su contra el Estado porque la mayoría de la población lo ha padecido.
La gran pregunta es si este pueblo seguirá permitiendo ser asesinado de manera abierta y cínica o responderá a las demandas y necesidades de la sociedad, derribando al priismo que ha sido por años, reconocido internacionalmente como el gran lastre -aniquilador- de México”.
En tanto Cerezo Contreras, habla de un Ayotzinapa que se formará en las filas de los hechos graves como el 68, el 71, la masacre de Aguas Blancas, Acteal y Atenco, por mencionar algunos.
“Un hecho que definitivamente va quedar registrado en la memoria del pueblo, como otro acto más de agravio del Estado mexicano, nosotros pensamos que va hacer una fecha que siempre se recordará en adelante, como un acto más del estado mexicano que quiere imponer sus intereses económicos sobre la vida de los mexicanos”, agrega.
Opinando que por la presión internacional y nacional que existe en torno a la exigencia de justicia, lo que el gobierno federal podría hacer, es “lo que usualmente procede, es decir, que entregar pequeños resultados a cambio que de manera general se mantenga la impunidad en los altos mandos, que son responsables desde hecho”.
Hoy nuevamente el gobierno habla de un peritaje más, poco tiempo después del ascenso de Tomás Zerón, y a días que la PGR anunciara que existen aproximadamente 80 sitios donde buscarán a los jóvenes desaparecidos, aunque en ninguno de estos sitios se incluye el cuartel militar.
“La negación al cuartel como ciudadano, también lo vería como una ‘burla’, sin embargo es parte del engranaje de toda la estrategia para diluir un caso, que no tendrá solución mientras sea a éste a quien se le exija investigue, él no se investigará asimismo.
Con una fuerza que requiere ser impulsada por todo un pueblo, se puede conseguir que habrán ese cuartel, no es una frase hecha, tampoco es una idea inmediata, ejemplos tenemos, el más reciente ha sido Guatemala, un pueblo al que se le ha minimizado, salió a las calles, y logró la destitución de un gobernante. En Sudamérica es posible que sí demuestre que sienten el dolor de su igual”, comenta Luna.
Por lo que pareciera, el sociólogo hace un reclamo, al cuestionar que aún con este escenario de impunidad y creciente violencia, pareciera que gran parte del pueblo mexicano vive anestesiado, mientras la amalgama entre narco y Estado cada vez es más fuerte, “en cuyo fin se encuentran el dinero y el poder.
En cualquier otro país, el gobierno hubiera pensado dos veces ejecutar el horror a más de 40 personas, en México al ejecutivo le ganó la soberbia y posiblemente, la confianza que podría pedir ‘perdón’ y quedaría olvidado, como otros tantos episodios de su sexenio”, afirma.
Además, asegura que, en México a lo largo y ancho de su territorio en mayor o menor medida, siempre se está viviendo un Ayotzinapa, “con suerte algunos muertos serán reconocidos dentro de fosas clandestinas, pero en la mayoría de las ocasiones los crímenes quedarán soterrados y por lo tanto impunes”.
En relación a este punto, el abogado Ramírez López, menciona que el gabinete de seguridad que se reunió para discutir el caso Ayotzinapa, tuvo como principal función, “negar toda la información de la que disponían y debieron entregar a las autoridades que estaban investigando los hechos.
Es por esto, que Ayotzinapa significa esa magnificación de lo que ya antes había sucedido en Tlatlaya, cuando se dio esa orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y significa que continuamos viviendo una situación en la que el Estado mexicano ha determinado no cerrar esa herida, dejarla abierta sin aportar los elementos que existen para esclarecer donde se encuentran los estudiantes”.
A esto, Ramírez López suma un escenario, donde Ayotzinapa se correlaciona, a 40 años y diez días, a la noche de los Lápices, en Argentina, “recordamos así esa masacre de estudiantes y que aquí en nuestro país se tiene configurado a dos años también el delito de genocidio, porque los ataques sistemáticos en contra de los estudiantes normalistas no viene solo con Ayotzinapa, ya se había dado y es la pretensión del estado mexicano de acabar con un grupo nacional de estudiantes, vinculados a la Federación de estudiantes campesinos socialistas de México”.
Señala, que cuando el gobierno es juez y parte, “por supuesto que no se puede considerar que habrá justicia, pero también hay que tomar en cuenta que no se trata de un asunto que tenga que ver con delincuencia organizada, se trata de un asunto que tiene que ver con políticas de Estado, en la que es inobjetable la participación directa del CISEN, de las instancias federales, estatales y municipales, donde los servicios de información del C4 dejaron de funcionar, a partir del momento en que los estudiantes fueron capturados y trasladados a lugares desconocidos”.
Ante dicha realidad ya evidenciada en distintas ocasiones, lo que podría hacer el gobierno, a decir por Cerezo Contreras, es “detener y meter a prisión a un funcionario menor, con eso podría mantener la impunidad durante mucho tiempo de los altos mandos, pero creemos que el caso llegará a la Corte Interamericana y algún día el Estado mexicano va a hacer sentenciado por su responsabilidad en estos hechos.
Porque hoy, como el interés económico priva sobre cualquier otro interés, los derechos humanos al no generar ganancias económicas, siguen siendo violados de manera generalizada, con el fin de doblegar a la sociedad y a los movimientos organizados”.
Lo cual en el caso Ayotzinapa, se refleja hoy en el ocultamiento de pruebas y negación de la información a los mismos padres, como, asegura Ramírez López, lo fue los datos de la telefonía celular, “que no es más que una situación que apunta directamente al interés del Estado mexicano, por lo que debemos preguntarnos qué significa Ayotzinapa en una lógica de guerra y una economía de guerra como la que está viviendo México.
Es decir, Ayotzinapa significa la justificación para mayor inversión en disposición de elementos de las Fuerzas Armadas, como lo estableció el decálogo mencionado por Peña Nieto y que significa mayores recursos para los militares, para la compra de equipos bélicos, y para una seguridad que no se ha establecido sobre la base de la justicia y que nos tiene a todos en la peor crisis de derechos humanos, la más profunda de toda la historia de México desde su fundación”.
El abogado continúa afirmando que Ayotzinapa se califica como una afrenta más dentro de la escalada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la cual, comenta, se inició en el gobierno de Felipe Calderón y que se ha continuado en el de Peña Nieto, “pero se debe señalar que es significativa la voluntad y decisión de los padres, quienes se han mantenido en la actividad incansable cada día durante estos dos años.
Ayotzinapa significa la conciencia del pueblo que se movilizan y se enfrenta; Ayotzinapa significa también ese grito que el 15 de septiembre miles de mexicanos dieron a lo largo de Reforma, donde se escuchó fuerte: ‘renuncia ya Peña Nieto’; Ayotzinapa significa la peor crisis de credibilidad del sistema político mexicano y de Peña Nieto, quien no ha logrado contener la indignación social y el descontento, a pesar de la aplicación de una política represiva”.
A dos años de los cruentos hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, el abogado continúa recalcando que Ayotzinapa también significa el hermanamiento con los masacrados de Nochixtlán y los asesinados de cualquier entidad de nuestro país en la búsqueda de justicia y por la verdad.
