Por Daniel Bello para Revista PPV
Los dichos que Mauricio Macri realizó en Tucumán en el acto del 9 de julio dejaron en claro la concepción que tiene la alianza antihistoricista de Cambiemos sobre la soberanía y cuánto le importa.
Más allá de esto, podemos afirmar que esa concepción había quedado abiertamente manifiesta con el acuerdo con los fondos buitres -o los hold out como le lavaron la cara los medios hegemónicos en pos de la construcción del relato Macrista-.
Sin embargo, ese renunciamiento que Cambiemos viene realizando de la soberanía lo viene trasladando a varios aspectos.
Navaja Suiza
Tras el viaje que Macri realizó a Davos en febrero, entre lo poco que pudo saberse, trascendió la reunión que mantuvo con Sheryl Sandberg, directora operativa de facebook. En ese encuentro se acordó que el gobierno permitiría la utilización de facebook at work (FAW) por un periodo de prueba de un año sin cargo y comenzaría una prueba piloto en la Secretaría de Gestión e Innovación Pública y luego se expandiría a otras áreas del Ministerio de Modernización. No hubo más detalles sobre el acuerdo.
El subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización de la Nación, Daniel Abadie, afirmó que por pedido Macri y Andrés Ibarra, ministro de Modernización, se trabajaría en la forma de vincularse e interactuar en el Estado y agregó: “queremos explorar soluciones que potencien el trabajo en equipo y las estructuras horizontales“.
Sin embargo, ya existían varias plataformas de colaboración funcionando, Conectar Igualdad, el CONICET y, por ejemplo, la jefatura de Ministros también tenía la suya.
El problema que surge de este acuerdo es que toda la gestión y alojamiento de información estatal estarán en manos de una empresa privada, cuyos servidores están en un país extranjero regulado por la legislación de Estados Unidos.
Si uno toma el caso de espionaje económico al que fue sometido Brasil y que develara el ex CIA Edward Snowden, no hace falta mucho para suponer el resto.
De esta manera, la información estatal, que por definición debe ser pública, abierta y de todos los habitantes de la Argentina, quedará a merced de una empresa y de las leyes de otro país perdiendo así soberanía.
Así en el cielo como en la tierra
En mayo, gracias a Fernando Krakowiak, se conoció que la empresa Mc Kinsey armó un diseño de la política pública de comunicaciones para el gobierno bajo el disfraz de asesoría para ARSAT, y por la módica suma de más de 12 millones de pesos.
La empresa vino de la mano de Mario Quintana, un ex Mc Kinsey y ex CEO del fondo de inversiones Pegasus, quien fue denunciado por comprar dólares estando como director de Farmacity y quien además, luego de la devaluación de diciembre, estuvo presente en la reunión que fijó el precio al que serían canceladas dichas inversiones. O sea que trabajó de los dos lados del mostrador.
No obstante, y sin ningún pudor, Quintana dijo: “A título personal no compré un solo dólar futuro”, durante el XIX Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) -en la que se habló de valores y corrupción-.
Por su parte, McKinsey, luego de un revelamiento indicó varios objetivos, dentro de ellos hay uno que dice:
– Definir el rol que ARSAT deberá tener para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del sector (y desarrollar un business plan para Arsat para los próximos 3-5 años)
A partir de esto, la empresa dio 2 opciones: O sólo se gestiona los satélites ya lanzados o se avanza en la privatización del segmento satelital. En este sentido, queda descartado avanzar en la construcción del tercer ARSAT previsto para ser lanzado en 2019.
Hay que remarcar que Argentina es -o era hasta el 9 de diciembre de 2015- uno de los 8 países que había logrado poner en órbita un satélite. Y no es menor que el desarrollo de 7 años de ARSAT permitiese que el país no pierda la posición orbital 81, que enfoca desde Estados Unidos hasta las Malvinas, y a la que también aspiraba el Reino Unido –primero en la lista de espera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)-. Esta aclaración vale para entender de qué hablamos de mantener la soberanía espacial.
O sea, en su momento hubo una decisión política de mantener la posición, ganar tiempo y desarrollar la tecnología necesaria para lograr mayor soberanía espacial en materia de telecomunicaciones. Una vez que el ARSAT entró en órbita, el Estado argentino ahorró 25 millones de dólares anuales.
Es importante tener en cuenta también el punto 17 de los nuevos 21 puntos, elaborados por la Coalición por una Comunicación Democrática en marzo de este año y que dice:
17. SOBERANÍA EN LAS COMUNICACIONES. El desarrollo de la ciencia, la industria, y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio audiovisual constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la administración soberana del espectro radioeléctrico. Este debe ser considerado como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional. Para la prestación de las facilidades satélites se dará prioridad al uso de satélites de fabricación argentina. Las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la Televisión Digital Abierta deben continuar siendo de propiedad pública e intransferibles, pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la propiedad con pluralismo.
Por todo lo expuesto, queda claro que el gobierno de Cambiemos ha tomado la decisión de que la soberanía en las comunicaciones quede en manos privadas.
Y, para empeorar el cuadro en el tema de comunicaciones, sigue sin implementar los aspectos que siguen vigentes de la Ley 26552 pese a que el decreto – antidemocrático-265/15 derogó los entes encargados de evitar la concentración de medios, pero que sin embargo no exime al Estado de ejecutar las cuotas adeudas de los FOMECA otorgados, incluir los canales Barricada TV, Urbana Tv y Pares TV de Luján en la grilla de la TDA, por dar dos ejemplos.
Entonces, si la soberanía económica se negoció tras el pago a los buitres, si en los festejos del Bicentenario, se mansilló la letra del acta de Independencia trayendo al ex rey Juan Carlos, resta preguntar ¿qué otro destino se puede esperar, bajo este gobierno, para la soberanía comunicacional?
