Este 27 de agosto se cumplen 96 años del nacimiento de la radio en la Argentina y 12 años desde la proclama fundacional de los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, que se convirtieron cinco años después –con la sanción de la Ley 26.522– en una norma ejemplar sobre libertad de expresión a nivel internacional.
Este sábado, también, se cumplen 242 días de la sanción del primer decreto “temporario”, de necesidad y urgencia, que el actual gobierno dictó para someter a los organismos de aplicación y control a la voluntad gubernamental y al negocio de las telecomunicaciones.
Nació libre y gratuita
Esencialmente libre y gratuita en su recepción, la radiodifusión está ahora amenazada por una tormenta perfecta de entrega del espectro radioeléctrico a operadores de servicios pagos de televisión, telefonía e internet, al abandono de política públicas de promoción de la radio y la televisión abierta y a un cepo administrativo que paraliza la puesta en marcha de nuevas emisoras, el otorgamiento de licencias y el llamado a nuevos concursos.
Hoy en libertad condicional
La actividad se encuentra entonces bajo libertad condicional, producto de la supresión de normas democráticas, autoridades elegidas a dedo y reglas de juego nada claras para la inmensa mayoría de los radiodifusores. Los entes de control han sido gubernamentalizados y los órganos deliberativos y participativos –como el Consejo Federal– directamente suprimidos.
Gestión de facto
Los hechos de la gestión de facto del ENACOM, autoridad creada por Decreto para reemplazar a los organismos plurales creados por dos leyes nacionales (26.522 y 27.078) desmienten la apelación a la pluralidad y participación invocadas en los Principios enunciados por el nuevo organismo para orientar la discusión sobre una ley de operadores convergentes de radiodifusión y telecomunicaciones.
Como la electricidad, el gas y el agua, la comunicación es un derecho humano
La Corte Suprema de Justicia acaba de poner nuevamente sobre la mesa el principio constitucional de la participación social y sectorial en el debate de los temas de interés público. El derecho a la comunicación empieza y termina en el ciudadano, como lo reafirmó la propia Corte en 2013, en ocasión de discutirse la constitucionalidad de las medidas que limitaban la concentración monopólica de los recursos de la comunicación social. Lo que está en juego es la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión, con un rango equivalente al derecho al acceso a insumos básicos para la población, como son los servicios energéticos.
Nueva ola de privatizaciones
Corporaciones nacionales e internacionales anuncian planes de inversión en ausencia de un marco jurídico democrático y republicano. Esta puja empresaria coloca de nuevo al ciudadano como simple mercancía y amenaza conquistas históricas –como el acceso a contenidos deportivos de interés relevante– mediante una nueva ola de privatizaciones.
Vamos con los nuevos 21 puntos
Por todas estas razones, que sintetizan un conjunto de arbitrariedades orientadas a considerar la comunicación como un mero recurso económico ajeno a la calidad de las instituciones de la democracia, es que la Coalición por una Comunicación Democrática llama, en este aniversario, a redoblar los esfuerzos y unir las fuerzas en defensa de la radiodifusión como instrumento primario del derecho a la libertad de expresión y reafirma su campaña por los Nuevos 21 Puntos para una Comunicación Democrática en todas las plataformas.
