Desde la Revolución Islámica de Irán en 1979, los miembros de la Fe Bahá’i, una de las minorías religiosas más extendidas del mundo, y más numerosa en éste, su país de origen, han sido víctimas de una campaña de persecución implacable. Este hostigamiento ha repercutido en las vidas de generaciones, desde la más tierna infancia hasta la más avanzada. La leyes de la República Islámica privan a los bahá’ís de cualquiera de sus sus derechos ya sean civiles, políticos, económicos y hasta culturales. Al carecer los bahá’ís de todo amparo jurídico en Irán, la Comunidad Internacional está moralmente obligada a salvaguardar sus derechos.
Por Lucas Jerez*
La discriminación contra los bahá’ís es una política oficial de la República Islámica que tiene directrices concretas para aplastar cualquier brote que pueda significar el desarrollo de la Fe Bahá’i en Irán.
Desde 1979, 200 baháis han sido asesinados y desde 2004, más de 1.000 han sido detenidos exclusivamente por sus creencias. En la actualidad hay unos 80 encarcelados en prisiones inmundas y son constantes y sistemáticos los interrogatorios ejercidos contra ellos por parte de miembros de los cuerpos de inteligencia que no vacilan en infligirles crueles maltratos. Hasta su puesta en libertad bajo fianzas elevadísimas, que los familiares pagan entregando títulos de propiedad o licencias de negocios, permanecen en celdas de aislamiento sin razón. En casi todos los casos la policía registra hogares o lugares de trabajo y confisca bienes personales tales como libros, fotos y materiales relacionados con la Fe bahá’í, incluso ordenadores o material de oficina.
En cuanto al Derecho al Trabajo, los Bahá’is sufren una campaña sistemática que les impide ganarse la vida. Desde 2007, la Comunidad Internacional Bahá’i ha documentado al menos 780 casos en los que se han precintado tiendas, se han realizado despidos improcedentes o las autoridades han revocado licencias comerciales. Esta es tan sólo una mínima parte ya que es prácticamente imposible conocer de manera fidedigna cualquier información sobre violaciones de derechos humanos en Irán. En una carta fechada en noviembre de 2007, se conminaba a altos mandos de la policía y a los jefes de los servicios de seguridad a evitar que los miembros de la “perversa secta bahaísta” desarrollaran 25 tipos distintos de profesiones. Desde la adopción de esta política, el gobierno solicita a todo aquel que quiere abrir un negocio, rellenar y firmar un formulario en el que se exige declarar la religión. Las autoridades tratan de negar, de forma activa y preventiva, todo recurso jurídico a aquellos que han sido objeto de maltrato por normativas discriminatorias.
No contento con las detenciones y los cierres de negocios, el gobierno iraní niega a los jóvenes el derecho a la Educación Superior. A los Bahá’is se les expulsa de las universidades y de escuelas de formación profesional tan pronto como se identifican. Las autoridades son muy conscientes de que los bahá’ís, por principio, no niegan ni mienten sobre su afiliación religiosa. Así que todos los años centenares de jóvenes se quedan sin matricularse so pretexto de que ya no quedan plazas. Desde 1991, mantener a los bahá’is en el analfabetismo más absoluto es una cuestión de Estado. Tan sólo se les permite un nivel mínimo de educación para poder subsistir.
Desde hace dos años la Comunidad Internacional Bahá’i ha puesto en pie un campaña que bajo el lema #Education is not a Crime quiere dar a conocer esta injusta práctica. La campaña consiste en que artistas urbanos de todo el mundo pintan grandes murales con el fin de poner de relieve que la Educación no es un crimen ya que muchos de éstos jóvenes han sido detenidos y encarcelados por osar educarse a través de universidades a distancia.
No acaban aquí las malas prácticas del gobierno de Irán. Los cementerios bahá ‘is han venido siendo profanados desde la llegada de los Mullah en los años 70. De esta manera se despoja a los bahá’is de su identidad cultural al tiempo que se intenta eliminar cualquier vínculo con la comunidad que les ha visto nacer, crecer y morir. En otras circunstancias, el único lugar que reciben las familias para enterrar a sus seres queridos son terrenos baldíos fuera de las ciudades, o peor aún, no reciben permiso para inhumar a sus familiares.
*Lucas Jerez es un periodista independiente que profesa la religión bahá’i en España
