CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales
24 de agosto de 2016
El gobierno difundió en la página de la Dirección Nacional de Migraciones la noticia de que construirá y habilitará un centro para la detención de migrantes, como herramienta para «combatir la irregularidad» y para supuestos distintos a los establecidos de manera precisa por la ley de Migraciones y su reglamentación. Esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad.
Hasta el año 2004, la legislación migratoria argentina limitaba las alternativas de regularización migratoria. Las respuestas que el Estado daba frente a esta situación incluyeron detenciones, expulsiones sin orden judicial, separación de familias, negación de derechos sociales, entre otras prácticas extendidas sobre migrantes pobres y, en general, provenientes de Latinoamérica. Por estos motivos y gracias a la presión y el consenso de amplios sectores políticos y sociales se aprobó la ley 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010.
Esos instrumentos definieron que la regularización de todos los migrantes que se encuentren en el territorio argentino es una regla que debe guiar el accionar de las autoridades migratorias. De hecho, en aquellos casos en los que se advierta que una persona se encuentra en una situación migratoria irregular, se le debe dar alternativas y tiempo para regularizarse. Por lo tanto, la condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante.
La expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el último recurso que puede utilizar el Estado. Además, y solo en el contexto de la expulsión, se podría habilitar la retención de una persona migrante por un plazo máximo de 15 días. La expulsión, por otra parte, solo puede ser ejecutada ante decisiones razonadas del poder judicial.
