El coordinador de la Confederación Mapuche, denunció que desde que asumió el gobierno de Macri, la tarea que por convenio llevaban adelante Nación y Provincia está detenida. No se cumplió el plazo comprometido por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
El relevamiento territorial de las comunidades indígenas que se venía desarrollando desde el 2012 merced a un convenio entre la Nación y la provincia, está “congelado desde diciembre del año pasado”, cuando asumió la administración de Mauricio Macri, y no se sabe cuándo va a ser retomado.
Así lo informó el coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nahuel, quien destacó que el 30 de diciembre vencía convenio entre la Nación y Neuquén y a pesar de los siete meses transcurridos todavía no ha sido renovado.
Nahuel dijo que en una entrevista con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, éste se comprometió a reactivar el convenio y puso como plazo julio, pero el mes pasó y todavía no hay novedades.
En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la ley 26160 que declaró en emergencia la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades originarias de todo el país, cuya personería jurídica hubiera sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u en organismos provinciales a efectos de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inadi) realice el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras.
La ley daba un plazo de 4 años para la tarea pero fue prorrogada en varias oportunidades, la última hasta 2017.
En 2012 se firmó un convenio entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del que dependía orgánicamente el Inadi y el gobierno provincial para llevar adelante el relevamiento que marca la ley en 50 comunidades neuquinas, de las cuales 33 ya contaban con reconocimiento de la Provincia, 14 del Registro nacional de Comunidades Indígenas y 3 de ambos organismos.
Con la llegada del gobierno de Cambiemos el Inadi, que dependía de Desarrollo Social de la Nación, fue pasado a la esfera de la secretaría de Derechos Humanos y en el plano provincial el relevamiento depende ahora del ministerio de Seguridad y Ambiente, cuyo titular es Jorge Lara.
“La que tendría que dar el primer paso es Nación, porque es la que tiene el presupuesto establecido por la ley 26160”, apuntó Nahuel. Explicó que una vez renovado el convenio “será necesario recuperar el tiempo perdido durante estos siete meses y designar un nuevo equipo de trabajo, porque el anterior, que integraban 21 técnicos designados por Nación y Provincia, quedó totalmente desmantelado”.
Los mapuches tienen previsto insistir con su demanda de incorporar técnicos propios, algo que en el convenio anterior no lograron que se les reconociera.
Otra modificación que quieren sumar, es que se incorporen todas las comunidades y no solamente las que tienen personería jurídica. Según Nahuel son 68 en total, de las cuales 51 cuentan con personería y otras 17 no están registradas.
Para el dirigente de la Confederación, el reconocimiento de las comunidades “ya está establecido por Constitución y de lo que se trata ahora es de que sean registradas, “pero la provincia se resiste a hacerlo”.
Las últimas 14 comunidades incorporadas en la década pasada no contaron con el aval de la provincia, pero pudieron ser registradas porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habilitó un registro especial.
Hasta diciembre del año pasado, de las 50 que estaban en el listado de comunidades sólo 21 fueron efectivamente relevadas.
Nahuel reconoció que si bien Neuquén fue la última provincia en implementar el relevamiento, no es la única donde el proceso ha quedado suspendido. Y puntualizó que “después de prácticamente 8 años de aplicación de la ley quedan varias comunidades en distintas provincias sin ser relevadas”.
Según indicó, durante el acto por el aniversario de Villa Pehuenia el gobernador Omar Gutiérrez se comprometió ante representantes de los consejos zonales mapuches a darle prioridad al programa.
No obstante, aclaró que es Nación la que tiene que dar el primer paso, en cuanto a enviar el formato de convenio y fijar el presupuesto que proviene de fondo que está establecido por ley nacional.
Respecto del cambio de encuadre por parte del gobierno nacional, al pasar la problemática mapuche de la esfera de Desarrollo Social a la de Derechos Humanos, Nahuel dijo que la Confederación no lo ve “tan mal”, porque entiende que el tema de los pueblos indígenas debe tener un enfoque de derechos humanos.
No obstante aclaró que “se trata de una secretaría que no tiene presupuesto, no tiene demasiada estructura ni logística, de manera que no ha servido de mucho ese cambio por el cual hicieron tanto ruido”.
