El gobierno nacional muestra voracidad para apoderarse de datos privados de los ciudadanos con vista a instalar campañas de propaganda híper direccionadas y en simultáneo avanza con el negocio del sufragio electrónico.

Por Gonzalo Carbajal

La semana pasada no fue cualquiera para Joaquín Sorianello. El hombre se hizo (algo) conocido un año atrás cuando denunció que la empresa que proveía los sistemas de voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires había cometido serias fallas de seguridad que ponían en riesgo la primera elección en la que se usaría aquel sistema.

Luego de soportar el allanamiento de su casa y el secuestro de sus equipos informáticos (sus elementos de trabajo), tuvo que esperar casi 13 meses con una imputación penal para que la ¿Justicia? lo sobreseyera y ordenara archivar el caso ya que «no encuadra en figura penal alguna».

Pero, ¿qué había hecho aquel técnico informático para que pasara lo de aquella noche de julio de 2015? Muy simple, había puesto a prueba parte del sistema que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había implementado —desafiando la lógica y las leyes—, para implantar un sistema de votación electrónico en el que el uso de computadoras y boletas con un chip incorporado reemplazara a las tradicionales boletas de papel.

Tampoco se trató de pruebas de alta complejidad. Como relata en detalle Javier Smaldone en su blog, quienes analizaron el sistema partieron de fallas de seguridad que había cometido la misma empresa que desarrolló el software y proporciona las máquinas de votación y las boletas en las que se registran los votos de los ciudadanos.

Según lo acreditado en la causa, diez días antes de las elecciones del 5 de julio del 2016 el técnico que, por su cuenta, descubrió las vulnerabilidades dio aviso a la empresa Magic Software Argentina (MSA) para que tuviera la posibilidad de subsanar el “error”. Una semana después, a solo dos días del acto eleccionario, lo informó públicamente y, como respuesta, esa misma noche una patrulla de la Policía Metropolitana llegaría a su casa con una orden de allanamiento producto de la denuncia de MSA por supuestos “daños” al sistema.

 

Si bien en aquella oportunidad algunos medios se hicieron eco de la situación (Clarín, La Nación, la agencia Télam, entre otros), fue mucho mayor el ruido que causó en las redes sociales. No nos vamos a sorprender a esta altura de los acontecimientos de algo que ya es habitual, situaciones que entrañan enormes riesgos potenciales para la ciudadanía toda pasan casi desapercibidos, mientras que otras cosas —de mucho menor impacto— generan grandes indignaciones públicas.

El entonces jefe de Gobierno de la CABA Mauricio Macri desoyó en aquella oportunidad las voces que reclamaban por seguridad y transparencia. Los medios de comunicación, disciplinadamente, le bajaron el volumen a la situación. Corrido el tema de la agenda pública, los porteños tuvimos que votar con computadoras que habían sido expuestas como inseguras, bajo una brutal campaña que nos convencía de que de esa manera se iban a evitar dos grandes problemas: el robo de boletas y la espera de unas horas hasta saber el resultado del escrutinio.

 

El fallo conocido esta semana no hace más que revitalizar los argumentos de los que descubrieron los problemas. No solo Sorianello no es culpable de lo que se lo acusaba sino que el sistema tenía debilidades, en muchos casos insalvables por cualquier sistema que utilice una computadora para intermediar entre la voluntad del ciudadano y el resultado eleccionario.

La consecuencia más importante de un mal sistema es la pérdida en la confianza pública de que el resultado informado en el escrutinio representa de manera fiel lo que los ciudadanos han votado. El que se utiliza en la CABA no tiene la seguridad necesaria para garantizar que no se puedan manipular los resultados y vulnera uno de los principios de la democracia: que cualquier ciudadano esté en condiciones de fiscalizar el procedimiento electoral y de dar fe de que lo que se expresó en la urna, es lo que llega al conteo. Aunque parezca una antigüedad, la boleta de papel es muy superior en ese sentido a una computadora. Después de la votación quedan ahí dentro de la urna y si alguno de los fiscales hace una observación, se vuelve a abrir la urna y se vuelven a contar, voto por voto.

Muchos de los argumentos que enarboló el gobierno del PRO para impulsar el sistema de boleta electrónica son retomados en los que acompañan al proyecto de reforma del Código Nacional Electoral enviado por el PEN al Congreso. Hasta el momento las autoridades no parecen haber tomado nota de lo sucedido un año atrás, ni de las observaciones de todo tenor que se han hecho públicamente y en las reuniones convocadas a tal fin por el Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

Lo notable es que el proyecto, en sus fundamentos, realiza afirmaciones que no están verificadas como que en nuestro país en los últimos años “se ha desarrollado un amplio consenso” respecto a “la necesidad de reemplazar el instrumento de emisión del voto”.

Bajo esa afirmación sin sostén pretenden pasar a retiro las clásicas boletas de papel y reemplazarlas por las dichosas computadoras. Computadoras que deberán ser provistas por una empresa (¿la misma MSA?) y con un costo de implementación que largamente excede el de una elección tradicional.

Se mencionan también las habituales denuncias que en días de elecciones se realizan por la supuesta sustracción de boletas o por el uso de boletas apócrifas para inducir al engaño. No hay mención de casos en que la Justicia halla fallado sobre el asunto. Aún así, cualquiera de estas prácticas tiene la particularidad de que de ser posible, su escala es reducida, de ningún modo pueden causar modificaciones sustanciales a los resultados de una elección.

Por el contrario, que el voto directo con un dispositivo informático esté presente solamente en cuatro países (India, Venezuela, Brasil y Bélgica -con muchos cuestionamientos-) no parece ser un antecedente a considerar.

Las recurrentes referencias a la importancia de la velocidad en el conteo de los resultados parece ser una de esas afirmaciones que a fuerza de ser repetida termina siendo incorporada como axioma. Lo cierto es que durante años los escrutinios (y aún hoy en día en muchísimos países) demoran lo que tienen que demorar para garantizar que el resultado sea el correcto. Cuando uno está eligiendo autoridades y por ende buena parte de su futuro, una demora de 4, 8 o 12 horas no puede tener importancia. Será tarea de los políticos resistir la presión de la televisión que insiste con tener los resultados de inmediato, de tal suerte de “seguir con la programación habitual”. ¿Dónde está escrito que reducir el tiempo que media entre el cierre de la elección y el resultado final haga a la calidad del sistema democrático?

Esta semana comienza el debate del proyecto en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires el sistema se implantó casi sin debate. El PRO pretende lo mismo ahora a nivel nacional. ¿En quién cargar la responsabilidad por la ausencia de ese debate a fondo sobre el tema? Es posible que la clase política toda tenga mucho más para decir que lo que ha mostrado hasta ahora, pero en temas de fondo como este es preciso interpelar a todo el espectro ciudadano involucrado con “lo público”. Vaya también el reclamo para que los medios de comunicación tomen el tema y den la palabra a los que han demostrado tener interés y capacidad en la materia.

Existen más aspectos controvertidos en la propuesta de la Alianza Cambiemos, como el altísimo costo de las boletas electrónicas frente a las boletas de papel o el impacto ambiental que representará la disposición de las más de 200 mil baterías que se descartarán cada dos años. Adicionalmente el riesgo de que los datos privados de los beneficiarios de ANSES o el PAMI, que ahora han pasado a la jefatura de Gabinete, se usen para bombardear con campañas de propaganda electoral. Pero en honor al sobreseído la semana pasada, destacamos que establece penas para los que intenten probar la fortaleza y seguridad de los sistemas informáticos.

De ninguna manera debe ser delito alertar a las autoridades y a la sociedad que un sistema de votación es susceptible de “ser vulnerado con facilidad”. He ahí una paradoja de esta Ley: podrían ser penalizadas personas como Joaquín Sorianello a quién la Justicia acaba de declarar inocente, exactamente por ese mismo motivo.

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