Con el inicio por parte del Senado de Brasil del proceso formal de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, el Gobierno interino de Michel Temer planea lanzar un programa enorme de privatizaciones y recortes en educación, sanidad y otros programas sociales. El Gobierno también está arremetiendo contra los derechos fundamentales del trabajo y las centrales sindicales nacionales, como CUT, FS, UGT /CNPL, CSB, CTB y NCST, se han comprometido conjuntamente a luchar contra los planes para destruir el código del trabajo. La mayor central sindical, CUT, lidera una campaña contra la destitución de Dilma y los ataques al ex Presidente Lula.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, dijo: “El proceso de destitución, basado en acusaciones endebles relativas al presupuesto del gobierno de Dilma, permitirá que intereses políticos que han fracasado en las elecciones controlen el país y hagan retroceder el progreso social logrado en más de una década desde la elección del Presidente Lula hace 13 años. Se prepara una ofensiva inminente contra los derechos de los trabajadores, junto con reducciones cruciales del gasto social, la entrega de recursos energéticos clave a las empresas y la privatización de otros recursos estatales. La campaña coordinada contra el mismo Lula, dirigida por un juez que trabaja en confabulación con intereses mediáticos poderosos y la élite adinerada, tiene por objeto impedir que vuelva a ser elegido Presidente en los próximos comicios”.
La destitución fue orquestada por la cámara baja del Congreso, donde 303 de los 513 miembros están siendo investigados en estos momentos por cargos de malversación de fondos, homicidio, esclavitud y otros delitos. El presidente de la cámara, Eduardo Cunha, que inició el proceso de destitución, fue obligado recientemente a dimitir de su cargo, ya que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, con la asistencia de las autoridades suizas, por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos. Además, el presidente en funciones, Michel Temer, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Serra, han sido acusados de corrupción. El líder del Senado, Renan Calheiros, ha sido acusado de conspirar para limitar investigaciones que puedan perjudicar a miembros del Congreso. Otros muchos miembros del Senado se enfrentan a acusaciones de corrupción y otras conductas delictivas.
“Determinados a destituir a la Presidenta Dilma, sus opositores ya han presentado un proyecto de ley en el Congreso para instaurar un programa de austeridad de 20 años que tendrá consecuencias catastróficas, en particular para los más pobres, y provocará daños duraderos a la economía. Las implicaciones políticas y económicas para Brasil y América Latina en general son muy preocupantes”, dijo Burrow.
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