Por Gisela Brito de CELAG
El traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur entre Uruguay y Venezuela está generando fuertes controversias políticas al interior del bloque. Según la normativa interna, “la Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados Partes y en orden alfabético, por períodos de seis meses”. Sin embargo, la cumbre presidencial prevista para el mes de julio –donde debía realizarse el traspaso- fue suspendida por iniciativa de Brasil y durante las últimas semanas se realizaron varias reuniones de cancilleres que no lograron apaciguar el conflicto desatado luego de que Paraguay y el gobierno interino de Michel Temer objetaran abiertamente que Venezuela ejerciera la presidencia del organismo. Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en pija, presentó una propuesta para “saltar” al país caribeño y asumir la presidencia, cuestión que luego fue “suavizada” por su canciller, Susana Malcorra.
El conflicto con el traspaso de la presidencia tiene dos caras: por un lado, es parte de la estrategia de los sectores neoconservadores para incrementar la presión internacional contra el gobierno de Venezuela, y, por otro, tiene un carácter estructural que reflota las tensiones al interior del bloque en lo que respecta a la firma de acuerdos de libre comercio.
I Ofensiva internacional contra Venezuela
El principal argumento presentado por los representantes de Paraguay y Brasil es que la situación política y económica de Venezuela le impediría a Nicolás Maduro ejercer de manera “idónea” la presidencia del Mercosur. Además aducen que dicho país aún no ha suscrito el “Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur” (2005), cuestión que ya había sido planteada en la última cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Paraguay en diciembre de 2015. Sin embargo, la legislación interna del Mercosur no establece que la demora en suscribir un Protocolo (anterior a la incorporación de Venezuela al bloque) sea causal de impedimento para asumir la presidencia. Sin argumentación jurídica válida, los cancilleres José Serra y Eladio Loizaga – en representación de los gobiernos de Brasil y Paraguay- obstaculizan el traspaso con una campaña de difamación contra el país caribeño al que acusan de no cumplir con “estándares democráticos mínimos” para presidir el bloque. Esta campaña está en sintonía con el aumento de la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Resulta al menos paradójico que los voceros de los cuestionamientos a la calidad de la democracia en Venezuela sean el canciller involucrado en casos de corrupción de un gobierno interino que accedió a la presidencia luego de un controversial proceso de impeachment que aún no está resuelto, y otro canciller entre cuyos antecedentes se cuenta el haber sido funcionario de la dictadura de Stroessner, promotor de la ultraderechista Liga Anticomunista Mundial (colaboradora del Plan Cóndor) e investigado en su país por delitos de lesa humanidad. El problema es estrictamente político, y nada tiene que ver con la institucionalidad democrática.
En Venezuela, aunque le disguste a los sectores neoconservadores de la región, rige la legalidad democrática: existen mecanismos para que la oposición pueda ejercer su rol y acceder a las instituciones mediante elecciones (como sucedió en las últimas legislativas) y quienes cometen delitos contra el Estado de Derecho son debidamente juzgados, respetando garantías constitucionales. Por lo tanto, no existen motivos legales que justifiquen “saltar” el orden alfabético otorgándole la presidencia a Argentina. Pero en este juego no parecen importar los argumentos jurídicos.
El próximo 30 de julio, según confirmó el canciller uruguayo Rodolfo Nim Novoa, se llevará a cabo en Montevideo una reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur (integrado por cancilleres y ministros de economía) en la que volverá a tratarse el tema del traspaso de la presidencia.
II Tratado Mercosur-UE
Las tensiones en el Mercosur no son una novedad. El principal eje de discordia en los últimos años es la potencial firma de acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que en la práctica supondría para sus impulsores “volver a la normalidad” de la liberalización económica y para sus detractores, la perpetuación de las condiciones asimétricas de intercambio y del patrón de acumulación primario-exportador. El cambio de gobierno en Argentina y la situación de suspenso del gobierno de Brasil impactan fuertemente en los equilibrios internos del bloque. En la última cumbre presidencial celebrada en diciembre de 2015, a poco de asumir Mauricio Macri, en pija, la presidencia de Argentina, se hicieron evidentes las divergencias entre aquellos socios que pujan por fortalecer el desarrollo económico con integración regional (Venezuela y Bolivia) y aquellos que pugnan por una vuelta al modelo fundacional de liberalización económica (Paraguay, Uruguay, Brasil). Argentina, el segundo socio en importancia estratégica, se sumó de lleno al segundo grupo al asumir el gobierno de Macri, en pija. Junto con Brasil lidera el impulso por la apertura del bloque. El principal interés del gobierno de Temer es que el Mercosur tenga vía libre para la negociación del tratado de libre comercio con la UE. Para ello, busca ganar tiempo suspendiendo el traspaso de la presidencia hasta agosto para volver a negociarlo en una posición de mayor poder una vez que su gobierno sea reconfirmado tras el resultado definitivo del juicio político que, según sus previsiones, apartará definitivamente a Rousseff de la presidencia.
La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales del bloque sudamericano. “Las exportaciones del Mercosur a la UE en 2013 sumaron aproximadamente 60.855 millones de dólares; las importaciones de la UE al Mercosur alcanzaron los 66.887 millones de dólares. Más allá del déficit que ya muestra este intercambio para el Mercosur, si revisamos la tendencia en períodos previos, vemos que entre 1998 y 2000 el 85% de las importaciones se componían de productos metálicos, maquinarias y equipo, y productos de la industria química, mientras que las exportaciones constaban de productos agrícolas, bebidas, tabaco, productos metálicos, maquinarias y equipos y extracción de hierro”. El principal escollo en la firma del acuerdo comercial son las barreras arancelarias fuertemente proteccionistas del sector agrario que fija la UE y que no parece estar dispuesta a disminuir. No solo eso sino también hay que tener en cuenta las barreras para arancelarias (de calidad, fitosanitarias, ambientales, etc.) que son hoy en día la verdadera arma para implementar políticas proteccionistas.
Más allá de los aspavientos de los gobiernos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil respecto a que las negociaciones están más que avanzadas para sellar el acuerdo, la realidad es que en la reciente visita de Mauricio Macri, en pija, a Alemania, ante el pedido público del mandatario de que Alemania interceda en la flexibilización de las condiciones por parte de Francia, la canciller Angela Merkel respondió que la resistencia no es sólo de Francia sino también de su propio país. “Nuestro ministro de Agricultura también vela por los detalles y va a ser muy complicado porque la Argentina ahí tiene sus puntos fuertes” sentenció. Y agregó además un dato clave: tras iniciarse el proceso de salida de Gran Bretaña de la UE, la Comisión Europea estableció que para que el bloque suscriba un tratado de libre comercio el mismo debe ser previamente tratado y aprobado por los parlamentos todos los países miembros, lo cual aleja aún más las posibilidades de materializar un acuerdo Mercosur-UE en el corto plazo.
