Con convicciones, inteligencia, dignidad y valentía un estado nacional, por pequeño que sea, puede defender sus principios y sus políticas.
Por Jorge Poblette para vaconfirma.com.ar
«El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, la otra es la ignorancia”. Eduardo Galeano
Bajo el discreto encanto que produce en los accionistas y gerentes de las grandes compañías la llamada Responsabilidad Social Empresaria, que no es otra cosa que una ética a la medida de sus necesidades, se producen sorprendentes paradojas que podrían fácilmente confundirse con el cinismo. Vaya un ejemplo para ilustrar estos absurdos como así también la hipocresía con que manejan su imagen alguna de las grandes corporaciones.
Existen abrumadoras evidencias médicas y científicas que demuestran que el consumo de cigarrillos ocasiona cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, enfisema y otras enfermedades graves.” En otro apartado continúa: “Los funcionarios de salud pública han llegado a la conclusión de que el humo ambiental de tabaco proveniente de los cigarrillos provoca enfermedades, como cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas, entre otras. Creemos que las conclusiones de los funcionarios de salud pública sobre el humo ambiental de tabaco son suficientes para respaldar las restricciones al consumo de cigarrillos en lugares públicos.” Con lógica razón, se podría suponer que estos saludables y juiciosos “consejos”, podrían ser parte de una campaña de algún organismo público responsable de la salud de la población. Sin embargo, estas advertencias están en la home page de Massalin Particulares SRL, representante en nuestro país de Philip Morris International, la tabacalera más grande del mundo que enjuició a un pequeño país vecino por atreverse a “proteger la salud de sus ciudadanos”.
La paradoja viene a cuento a raíz del sorprendente y aleccionador desenlace del juicio que tuvo como protagonista al gobierno uruguayo, a la tabacalera norteamericana y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.
Sin dudas que esta sentencia judicial que vamos a repasar, y sobre la cual Argentina tiene mucho que aprender, es un hecho excepcional que muestra que es posible enfrentar y vencer a los depredadores globales que buscan amedrentar e intimidar con sanciones exorbitantes a los países que se atreven a desafiar sus intereses. El escenario de la disputa en cuestión era poco auspicioso para los vecinos orientales. En principio porque existe en la opinión pública mundial, la extendida y justificada percepción de que los órganos encargados de administrar e impartir justicia no son otra cosa que instituciones decorativas, morosas en el mejor de los casos, lo que es aún más injusto, una prolongación lisa y llana de los intereses políticos y corporativos locales y globales. Sin embargo, con el reciente fallo del CIADI que favoreció a Uruguay en el litigio que mantuvo con la tabacalera estadounidense, los tribunales arbitrales internacionales vienen a enmendar, al menos parcialmente, decisiones que han degradado la imagen de la justicia y la confianza de la opinión pública hacia ese tipo de instituciones.
Los acontecimientos se desencadenan a partir de que la tabacalera demandó al gobierno uruguayo por US$ 25 millones en concepto de reparación de daños por las pérdidas comerciales y por considerar que este país había vulnerado el derecho de propiedad de la multinacional, a través de sucesivas resoluciones, las disposiciones del Acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones firmado en 1988 entre Uruguay y la Confederación Suiza, país este último donde Philip Morris tiene su centro de operaciones.
¿En qué consistieron las medidas adoptadas por el gobierno charrúa que resultaron tan “inadecuadas y expropiatorias”?
La primera acción fue contra la ordenanza 514/2008 del ministerio de Salud del Uruguay, que exigió que cada marca de cigarrillos tenga una “presentación única” y prohibió empaquetados o presentaciones diferentes para los cigarrillos vendidos bajo una misma marca. Tal como reza el fallo, la tabacalera sintió afectado el valor de la compañía porque, “Hasta la promulgación de la Ordenanza, Philip Morris vendía distintas variantes de productos bajo cada una de sus marcas (por ejemplo, “Marlboro Red”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Blue” y “Marlboro Green (FreshMint). Como consecuencia de la Ordenanza 514, la empresa cesó la venta de todas menos una de las variantes.”
La segunda impugnación de la trasnacional fue contra el decreto 287/2009 que, según el texto de la demanda, “impone un aumento en el tamaño de las advertencias sanitarias prescriptas en las superficies de ambas caras principales de las cajillas de cigarrillos, pasando de 50% a 80%, dejando solo 20% de la cajilla de cigarrillos para marcas registradas, logos y cualquier otra información. Según las demandantes, esto indebidamente limita la utilización de sus marcas registradas legalmente protegidas y le impide a Philip Morris exhibirlas en forma adecuada. Esto, en la opinión de las demandantes, causó una privación de los derechos de propiedad intelectual, reduciendo aún más el valor de su inversión.”
La tabacalera, reclamó no solo una indemnización de 25 millones de dólares por los daños y perjuicios resultantes de estas presuntas violaciones, sino que solicitó al tribunal que el estado uruguayo, “retire las regulaciones impugnadas o se abstenga de aplicarlas contra las inversiones de los demandantes”.
El gobierno uruguayo solicitó que los cargos se desestimen en su totalidad ya que las regulaciones se aplicaron por igual a todas las tabacaleras y que las medidas se correspondían a un ejercicio razonable y de buena fe de las prerrogativas soberanas de Uruguay. Por lo tanto, para el gobierno el caso “se trata de la protección de la salud pública, no de interferir con las inversiones extranjeras”.
En un fallo que tiene 250 páginas, el CIADI laudó a favor del Uruguay, desechando los reclamos de la tabacalera y obligándola a abonar siete millones de dólares, dinero que el presidente Tabaré Vázquez ha decidido entregar a los jubilados que reciben las pasividades mínimas en ese país.
Otra lección que deja esta controversia es que, el compromiso de una sociedad y su gobierno en sostener una política de estado, es un gesto de extrema lucidez: en este caso fue el compromiso consensuado de la lucha contra el consumo de tabaco, más allá del color político de los gobernantes de turno. Tal como lo definió Tabaré Vázquez: “El laudo que se ha dictado amparando las medidas sanitarias adoptadas por nuestra República muestra al mundo que para Uruguay no hay valor más importante que la vida, ni actitud más sagrada que la protección de la salud de sus habitantes». Para comprender este resultado hay que subrayar que desde el año 2005, a partir de la creación del Programa Nacional para el Control del Tabaco, Uruguay ha sostenido frontalmente una lucha contra este flagelo y sus consecuencias para la economía y la salud de la población.
Se demuestra con este episodio que con convicciones, inteligencia, dignidad y valentía un estado nacional, por pequeño que sea, puede defender sus principios y sus políticas. No hay que olvidar que la compañía de cigarrillos más grande del mundo, cuyos ingresos anuales están en torno a los u$s 80.000 millones superan por mucho el PBI de Uruguay, que ronda los u$s 50.000 millones. Esto no fue un obstáculo para dar la batalla judicial y poner de rodillas al gigante de los cigarrillos. De hecho, en octubre de 2011 Phillip Morris cerró su fábrica en Uruguay y se trasladó a la Argentina. En ese momento estaba empleando a 60 trabajadores.
Desde el punto estrictamente económico, se puso en debate lo que se debe entender por “inversión”. Sin entrar en respetables consideraciones técnicas y científicas, es de dudoso beneficio una inversión que, en el caso uruguayo, mataba a 5.000 personas por año y generaba un costo en salud de 150 millones de dólares, sin considerar que además los fumadores gastaban un promedio de 20% del salario mínimo nacional para mantener su hábito. También hay que decir, en favor de la eficacia de las medidas, que el consumo de tabaco en Uruguay bajó de 35% en 2005 a 22,2% en 2014, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del país. En tanto el porcentaje de jóvenes fumadores mayores de 15 años se redujo desde el 22,8% en 2006 hasta el 8,4% en 2014.
Ante este precedente, se podría estar tentado a imaginar una iniciativa semejante desde la Argentina. Pero un gobierno que espera una “lluvia de inversiones” y que adhiere temerariamente a cuanto esquema de libre comercio se esté desarrollando, llámese TPP, Alianza del Pacifico, Mercosur-Unión Europea, etcétera, difícilmente quiera hacer un gesto en esa dirección.
Después de la experiencia de los argentinos con los Fondos Buitres, muchos pesimistas podrán decir que “una golondrina no hace primavera”. Sin embargo, la marcha de la historia no es lineal y puede dar giros sorprendentes. Uruguay es una pequeña muestra y una gran inspiración.
