El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el estado de Goiás, ubicado en el centro-oeste de Brasil, se está articulando para llevar el caso de las prisiones políticas a organismos internacionales. Actualmente, este estado viene destacándose por el aumento de la represión a los movimientos populares. Ya son tres los presos políticos, siendo dos del MST.
“Es una de las estrategias que ahora tenemos. Estamos moviéndonos para llevar el caso hacia las Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, si es necesario, hasta mismo para el Vaticano”, informó Gilvan Rodrigues, de la coordinación nacional del movimiento de los sin-tierra.
De acuerdo con el abogado del MST Allan Hahnemann Ferreira, la entidade esta aguardando el resultado del pedido de revocación de la prisión preventiva del agricultor Luiz Borges y del geógrafo Valdir Misnerovicz.
La solicitación fue realizada el último 13 de julio, junto con el Juzgado de la Comarca de Santa Helena de Goiás, interior del estado. Entre otras cosas, el MST alega que no hay motivos para las prisiones porque los dos militantes no tienen antecedentes penales y poseen residencia fija.
Dos días después del pedido judicial, la 1ª Fiscalía de Justicia de la comarca se manifestó contraria al relajamiento de la prisión. Al parecer, el fiscal Luís Delfim, que responde temerariamente por el caso, alega, entre otras cosas, la necesidad de “protección al orden público”.
Brasil de Fato procuró el fiscal para conversar en detalles sobre el posicionamiento de la institución, pero no consiguió contacto con la respectiva promotora ni con la asesoría de imprenta del Ministerio Público Estadual de Goiás.
Histórico del caso
Las prisiones, determinadas el día 14 de abril por un colegiado de jueces de la comarca, se basan en una tentativa de encuadrar al MST como organización criminosa, con base en la Ley 12.850/2013.
Luiz fue preso el mismo día en que la justicia expidió el pedido de captura, en el municipio de Rio Verde, del estado de Goiás, cuando se dirigía a declarar. Y Valdir, en día 31 de abril, en Veranópolis, en el estado sureño de Rio Grande del Sur. Los otros dos militantes del MST, contra los cuales también fue expedido el pedido de prisión, están exiliados por el movimiento. Los pedidos se relacionan a la ocupación de una parte de la usina Santa Helena, en recuperación judicial, donde viven más de 1.500 familias ligadas al MST.
El movimiento se queja de la demora en la liberación de los presos políticos. “La Justicia de Goiás está demorando la divulgación de la resolución en relación al caso, porque eso atrasa la actuación de nuestros abogados junto al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ellos hacen eso porque saben que las prisiones son políticas y sin sustentación de pruebas, lo que hace con que probablemente ellos puedan perder la causa en tercera instancia. Postergar la publicación es una forma de garantizar el prolongamiento de las prisiones”, criticó Gilvan.
El agricultor Lázaro Pereira da Luz, que no pertenece al MST y fue el tercer militante de la causa agraria a ser preso, el día 15 de junio, aguarda el juzgamiento del pedido de habeas corpus, que puede entrar en la pauta de la 2ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Goiás, en esta semana.
Persecución Política
Para las entidades y los investigadores que acompañan el caso, las prisiones resultan de las articulaciones patrocinadas por exponentes del agronegocio. “Esta es una situación preocupante y recurrente en Brasil. En Goiás, en este momento en particular, esas acciones del gobierno del estado tienen como objetivo la contención de las acciones del MST, que dejó de ocupar las áreas de la periferia del agronegocio, para ocupar zonas más centrales y estratégicas, llegando a estancias importantes. Esas áreas, consideradas productivas por el agronegocio, son, en realidad, latifundio con una nueva faceta. Las acciones del MST desagradan a las élites, que pasan a presionar al gobierno y pedir una represión más violenta”, analiza el profesor Manoel Calaça, del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Goiás (UFG).
Él es uno de los investigadores que integran el Comité Goiano de Derechos Humanos Dom Tomás Balduíno, creado el mes pasado para articular grupos, entidades y militantes interesados en sumar fuerzas contra la ofensiva conservadora que da cuenta del estado.
Calaça cuenta que recibió con indignación la noticia de las prisiones. “En el caso de Valdir, por ejemplo, que es un persona que conozco bien, él hace parte de un trabajo muy importante de lucha por la reforma agraria y eso es reconocido por los organismos públicos, por la Iglesia etc. Es una persona que sólo quiere el bien de todos, pero ese bien que él pregona incomoda a la burguesía nacional e internacional, y ahí surge la tentativa de contener el movimiento. Es un proceso de acercamiento del campesinado por el capital, aquí en Goiás. Hace parte de la consolidación del modelo neoliberal”, relaciona el profesor.
De acuerdo con Gilvan Rodrigues, de la coordinación nacional del MST, el contexto actual dificultó la relación del movimiento con el poder público estadual. “El diálogo, que nunca fue fácil, quedó aún más difícil ahora. Creo que la Secretaría de Seguridad Pública debe dar una respuesta a la sociedad sobre esas prisiones arbitrarias y sin fundamento”, afirmó.
Brasil de Fato buscó a la asesoría de prensa de la Secretaría para conversar sobre las críticas, pero las llamadas no fueron atendidas.
Estadísticas de la violencia
La violencia en el campo ha registrado un aumento en Brasil. Según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el año 2015 hubo, en total, 50 casos de asesinatos, el mayor número desde el 2004.
Aunque en Goiás no se hayan registrado muertes, la situación del Centro-Oeste es considerada delicada. Comparando los años 2014 y 2015, la región tuvo un aumento del 29% del número de conflictos por cuestiones de tierras.
Además, el número de personas involucradas pasó de 77.982 para 147.015. Un crecimiento del 89% en el período. El estado de Goiás, por ejemplo, casi duplicó el número de conflictos registrados, que pasó de 21 par 39, es decir, un 86% más.
“Las oligarquías del estado siempre fueron muy fuertes y las fragilidades del escenario político del año pasado empeoraron la situación, lo que ayuda a explicar esos números”, afirma Paulo César Moreira, de la coordinación nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Según agregó, la CPT acompaña con preocupación el actual escenario de aumento de la violencia en el campo y teme que el caso de las prisiones en Goiás genere situaciones semejantes en otros puntos de Brasil.
“Goiás ha sido un fuerte centro de represión, teniendo como foco los sin-tierra, y está siendo un laboratorio para el país porque tiene algunas tácticas usadas aquí que están siendo copiadas en otros lugares, como en Pará [estado del Norte de Brasil], por ejemplo. Eso es un riesgo serio”, dice.
