Por Cecilia Balderas
El pasado domingo 19 de junio, la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y elementos de la Policía Estatal de Oaxaca en el “desalojo” de un bloqueo que docentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones sociales que los respaldan mantenían sobre la carretera federal 190, a la altura del municipio de Asunción Nochixtlán, dejó como saldo ocho personas asesinadas y más de cien lesionados.
Previamente, sobre la misma vía, a la altura de Hacienda Blanca y en la caseta de Huitzo, los uniformados habían avanzado sin dejar muertos. Un mes después, ni las autoridades locales ni las federales han podido explicar quién disparó a los civiles, aunque ambas se apresuraron a declarar que los elementos de seguridad acudieron al “operativo” desarmados.
La versión oficial se hubiera mantenido –al menos por algunos días- si usuarios de redes sociales no hubieran evidenciado lo contrario a través de la publicación de fotografías que mostraban a los uniformados portando armas de fuego, empuñando pistolas cortas o largas e incluso, en posición de tiro.
Días más tarde, ya cuando los muertos habían sido enterrados y decenas de autoridades municipales de la Región de la Mixteca –donde se ubica Nochixtlán- hicieron público su respaldo al movimiento magisterial, el Poder Legislativo, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, puso la vista en la masacre.
En sesión del miércoles 22, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fidel Demédicis Hidalgo, propuso citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong y al de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, para rendir cuentas sobre los hechos; tomando en cuenta que el primero ejerce el mando sobre la Policía Federal, además de ser el encargado de la política interior del país y de que las movilizaciones de los docentes en contra de la reforma educativa escalaron, luego de que el segundo se negara sistemáticamente a entablar diálogo con los inconformes.
El legislador morelense también subrayó la necesidad de reunirse con Gabino Cué, gobernador de Oaxaca y que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informara al Congreso sobre el número de elementos desplegados en la zona y las circunstancias que llevaron a las fuerzas de seguridad pública “a la utilización de medios letales”. También propuso la creación de una comisión de seguimiento “a las investigaciones relativas a la represión policial en Nochixtlán, Oaxaca”.
Sin embargo, tras la presión ejercida por el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín –aludiendo a acuerdos que los representantes de Morena y Movimiento Ciudadano (MC), dijeron desconocer- la Comisión Permanente se limitó a “condenar enérgicamente” los hechos violentos, “exhortar a las autoridades competentes” a investigarlos, fincar responsabilidades; a expresar su “solidaridad” con los heridos y sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Sólo en buenas intenciones quedó la posibilidad de hacer comparecer a Chong, Nuño, Cué y Sales, pues la mayoría de los legisladores votaron porque únicamente se solicite informes a los tres primeros sobre “las causas que generaron los hechos violentos” y las acciones para reestablecer la gobernabilidad en Nochixtlán.
La idea de crear la comisión para dar seguimiento al tema, avanzó. La mayoría del pleno, apoyo la propuesta del diputado perredista, Omar Ortega, para agregar que “dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con las autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas” y que cualquier autoridad podrá comparecer ante ella para acceder a “la verdad y la justicia de todos los hechos”.
Una semana después, el 29 de junio, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el panista Roberto Gil Zuarth, informó del acuerdo para crear la comisión de seguimiento.
Ese mismo día, Gil enumeró a los integrantes: los senadores Ismael Hernández Deras, María Hilaria Domínguez Arvizu, del PRI; Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD; además de los diputados Mariana Benítez Tiburcio y Francisco Escobedo Villegas, del PRI; Federico Döring Casar, del PAN; Omar Ortega Álvarez, del PRD; Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza (NA); Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social (PES), Virgilio Caballero Pedraza, de Morena y Clemente Castañeda, de MC.
En el texto también se precisó que Gómez del Campo presidiría el grupo, que tiene como objetivo: “la observación y seguimiento a las investigaciones de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016” y que este tendría videncia hasta “cuando considere atendido el objeto para el cual fue creada”, o al término del actual receso; es decir, el 31 de agosto próximo.
Limitaciones y credibilidad
El diputado federal René Cervera García de MC, quien funge como suplente de Castañeda en la comisión de seguimiento, reconoció que dicho órgano legislativo tiene limitaciones jurídicas –como carecer de la capacidad para dictaminar o impulsar exhortos oficiales-; pero cuenta con mecanismos para llamar a funcionarios y solicitar información, por lo que “debe ser apoyado que haya más espacios para que se conozca con transparencia lo que ocurrió y la motivación de los hechos lamentables del 19 de julio en Nochixtlán”.
El legislador explicó que si las posibilidades de éxito de la comisión dependieran de su fuerza legal, serían mínimas; sin embargo, atribuyó a esta “una fortaleza de orden político”, por el hecho de que estén representados en ella todos los grupos parlamentarios y “expresen su compromiso con la verdad, transparencia, con la persecución de los delitos que ahí se cometieron y finalmente, con que no se mantengan impunes estos” lo que, a su parecer, abre enormes posibilidades a la comisión.
Cuestionado por Revolución TRESPUNTOCERO sobre la pertinencia de otorgarle más facultades a las comisiones especiales, Cervera declaró: “es un tema muy importante y creo que esta legislatura, al tener dos comisiones respecto a dos hechos que han violentado la percepción de lo que es este país (la de seguimiento al caso Atoyzinapa y ahora, Nochixtlán, que dijo, evidencian una enorme crisis en materia de derechos humanos), de cómo trata a sus disidencias, de cómo tratan los cuerpos policiacos a los ciudadanos en términos de derechos humanos, deberíamos repensar el papel de las comisiones especiales”.
Además, el legislador –que en septiembre próximo se sumará al Congreso Constituyente para analizar y en su caso, aprobar la Constitución de la Ciudad de México, en representación de Movimiento Ciudadano- resaltó que si bien la comisión no tiene la posibilidad de hacer exhortos o iniciativas, estas prerrogativas sí las tienen los diputados y senadores que la integran.
Afirmó que la contribución que puede hacer la comisión de seguimiento para aclarar los hechos, tiene que ver con la credibilidad que la ciudadanía pueda recuperar en torno a la acción de los cuerpos policiacos, de los de justicia y en materia de derechos humanos.
Sobre la limitación temporal de la comisión -aunque señaló que esto podría obligar a la misma a trabajar de manera más rápida- Cervera subrayó que “si no vemos que el cometido de la comisión se haya cumplido, en Movimiento Ciudadano vamos a buscar que no termine sus funciones” y apuntó que su evolución a una comisión bicameral, sería la mejor ruta para dar continuidad a sus trabajos, pues consideró carente de sentido crear una comisión que, por la premura, no entregue resultados.
El diputado federal sostuvo que en una primera etapa, en que la comisión tiene como principal objetivo hacerse llegar de información, “hemos encontrado buena disposición de los funcionarios en general; sin embargo, la información que he alcanzado a revisar hasta ahora, muestra una carencia de precisión y de exactitud respecto a lo que sucedió en Nochixtlán”.
Cervera García confió en que, conforme vayan avanzando los trabajos de la comisión y de sus integrantes en el conocimiento de la información entregada, los legisladores comenzarán a formular preguntas más específicas, sin perder de vista la secrecía con que las autoridades deben conducir las investigaciones.
Sin embargo, apeló a la habilidad de los legisladores para convencer a los órganos de investigación y aplicación de la justicia, de que vale la pena abonar a la transparencia y que, en la medida de que dicha investigación lo sea, no se volverá una sombra más de las que ya hay, en la historia reciente del país, relacionada con hechos violentos en los que todavía no hay responsables, no se ha aclarado su motivación y las víctimas permanecen sin acceso a la justicia.
El parlamentario agregó que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho una “enorme” contribución al cuidado de los mismos, lamentó que ésta se construya a partir de hechos violentos que se generan porque el Estado mexicano tiene una deuda estructural con buena parte del pueblo mexicano.
“La desigualdad, es algo que este régimen, que este sistema político, no alcanza a combatir y a dimensionar de la manera en que es necesario y cada vez va perdiendo más posibilidades de atender los temas de manera pacífica. Hay una crisis del sistema político, hay una crisis de las autoridades y de su imagen en el país; hay una crisis en la imagen de la clase política y entonces, todo lo que hagamos para desmantelar esa crisis debe hacerse”, sostuvo René Cervera.
El legislador de MC sostuvo que, el mejor escenario en el que podría desarrollar su labor la comisión especial, es uno construido con toda transparencia y en el que las autoridades expliquen, con toda claridad, lo que ocurrió en Nochixtlán, cómo funcionó la mecánica del evento y sus motivaciones.
“En la medida de que hagamos eso, habremos hecho una contribución enorme al avance del país en materia de derechos humanos”, concluyó.
Con las víctimas, ni acercamiento
El 13 de julio, en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Seguimiento, Mariana Gómez del Campo, hizo pública la agenda de reuniones que los integrantes de dicho órgano sostendrían con funcionarios públicos –tanto estatales como federales- entre ellos, Gabino Cué, Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Froylán Carlos Cruz, comisionado de la Policía Estatal y Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal general, además de los secretarios de Gobierno, de Salud y de Seguridad Pública de la entidad.
Se anunció también, las gestiones para que los legisladores se reunieran con Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH –encuentro del que Revolución TRESPUNTOCERO dio cuenta oportunamente- con funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), representantes de la CNTE y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Informó que la comisión realizó peticiones al gobierno federal, con el objetivo de tener reuniones con Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño; con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Renato Sales, titular de la CNS; Enrique Galindo, comisionado nacional de la Policía Federal y con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
La panista sostuvo ese mismo día, que tiene previsto que la comisión dé a conocer a la opinión pública un informe final sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, la segunda semana de agosto; es decir, dos semanas antes del límite de tiempo acordado por la Comisión Permanente, pues “no queremos que este este órgano de trabajo se convierta en una comisión más, de las que se crean tanto en Cámara de Diputados como en el Senado”, dijo.
Además, declaró que se buscaba “generar condiciones” para que la comisión pudiera acudir a Nochixtlán a reunirse con las víctimas y sus familiares; sin embargo, a más de 10 días de sus declaraciones, no hay avances al respecto.
Honorino López Pacheco, integrante del Comité Político de la Sección 22 y uno de los participantes en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, declaró que los heridos y los familiares de las víctimas no han tenido contacto con los legisladores.
“A través de las noticias nos enteramos de la conformación de esa comisión pero hasta ahorita, y a pesar de que hemos estado cerca como Sección 22, con los familiares y lesionados en Nochixtlán, dándole seguimiento al tema, no hemos sabido nada, ni visto a los legisladores por acá”, dijo en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Luego de la agresión a la población civil a manos de elementos de seguridad en Asunción Nochixtlán, se han llevado a cabo tres mesas de diálogo: con funcionarios de la Segob, con la Comisión Nacional de Mediación (Conamed) y con familiares de las víctimas, en las que ha participado de manera activa una representación docente.
“El tema central, sigue siendo la exigencia en materia de salud, porque a un mes y varios días de la masacre que hubo aquí en Nochixtlán, no hay atención a las víctimas, a los heridos de bala. Hay un número aproximadamente de cien lesionados de diferentes partes del cuerpo”, sostuvo López Pacheco.
El docente recordó que esta fue la primera exigencia que los pobladores hicieron en su encuentro con Roberto Campa y aunque habían solicitado la presencia de médicos especializados para diagnosticar a cada uno de los lesionados, la dependencia únicamente mandó –en las llamadas caravanas de salud- a “dos o tres médicos generales”.
A raíz de esta situación, familiares de las víctimas y un grupo de lesionados, decidieron dejar de participar en las mesas de diálogo, con considerar que la calidad de la atención médica era insuficiente, por lo que el domingo, 24 de julio, entre 70 y 80 lesionados en los hechos ocurridos el 19 de junio, salieron de Oaxaca, rumbo a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
“En un primer momento esperábamos que llegara la atención médica hasta Nochixtlán, pero luego de que nos han traído vueltas y vueltas, la gente ya se cansó y por eso el acuerdo de salir en caravana; en ambulancias y autobuses salen los heridos, con sus familias”, informó el docente, quien precisó que además de la atención física, también buscarán ayuda psicológica para todo el contingente.
Otro pendiente es la creación de una Fiscalía Especial federal para dar seguimiento al caso –exigencia planteada ante Osorio Chong y Campa- básicamente, porque ni los familiares de los heridos ni las organizaciones que respaldan al magisterio confían en las autoridades de la entidad.
“Ellos tuvieron, en su momento, todo el tiempo y todos los elementos para iniciar el proceso de investigación, pero no fue sino hasta que ya habíamos enterrado a los compañeros que llegó personal de la fiscalía del estado para entregar las actas de defunción”, detalló el docente.
Respecto a la propuesta sobre la creación de la fiscalía –que esperan se retome- también exigen que su titular sea una persona neutral y con capacidad de aplicar la justicia. Plantean que sea la Comisión de Mediación quien proponga al fiscal; sin embargo, López reconoció que será difícil de concretar, luego de que el Ejecutivo federal y la procuradora general, Arely Gómez, designaron al titular de la Dirección General de Averiguaciones Previas como el encargado de encabezar la investigación, a pesar del disgusto de los familiares.
El pasado viernes, en la reunión en la que participaron en Oaxaca de Juárez, los familiares reprocharon esta decisión unilateral de la federación y advirtieron que “no queremos que este sea un caso como Acteal, como Aguas Blancas, como lo que pasó en Tlatlaya, estado de México o en San Fernando Tamaulipas, incluso como el de los 43. No queremos que Nochixtlán se convierta en uno más, por eso, la exigencia de la fiscalía especial”.
Se tiene previsto que el 29 de julio se vuelvan a reunir con Roberto Campa y otros funcionarios federales para retomar el diálogo.
Aunque López Pacheco no descartó la posibilidad de que la representación de la Sección 22 o los familiares de los lesionados busquen a los legisladores de la comisión de seguimiento para entablar diálogo, recordó que los deudos y lesionados, cuentan con el apoyo de la DDHPO y con la CNDH, incluso, con el apoyo jurídico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “como garante para que se cubran los derechos”, además de la Comisión Política de la Sección 22.
Cuestionado por sobre la credibilidad que el movimiento pueda tener en el Congreso de la Unión y en particular en la comisión especial, el docente sostuvo: “con lo que hemos visto, a más de un mes, en el tema de salud, que no hay respuesta, nos obligan a salir de Oaxaca. Las autoridades argumentan que no hay seguridad en Nochixtlán porque lo catalogan como un pueblo rebelde, de guerrilleros, cuando es un pueblo pacífico, de gente humilde y trabajadora”.
Ebullición y compromiso
Para el vicecoordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Virgilio Caballero, la posibilidad de ampliar el plazo de los trabajos de la comisión especial representa más bien un inconveniente.
“Creo que con lo que ha investigado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que informe la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, debemos saber la verdad, que es que hubo una agresión policiaca contra la población. Si extendemos el plazo de la comisión para este asunto, sería aplazar que la verdad se conozca”, dijo el legislador, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Consultado sobre las limitaciones jurídicas de las comisiones especiales, tomando en cuenta que actualmente en la Cámara de Diputados sólo está activa la Comisión de Seguimiento al caso Ayotzinapa y que se aprobó la creación de otras 42 –aunque ninguna ha sido instalada- para atender temas relacionados con los exbraceros, para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o a las agresiones contra periodistas, el legislador sostuvo que habría que eficientar su trabajo, ponerles límites y un calendario fijo.
“Por la ebullición que existe en el país y la inconformidad, sobre todo en el contexto de la reforma educativa y la agresión a los maestros, puede repetirse otro Nochixtlán en estos mismos días u horas”, alertó el diputado de Morena.
Para el proponente de la creación de la comisión de seguimiento –a la que le llama “Comisión de la Verdad”- el senador Fidel Demédicis Hidalgo, el escenario también es complicado.
Consultado por Revolución TRESPUNTOCERO sobre las limitaciones temporales de ésta, el morelense explicó que, si persiste la dilación en la entrega de información por parte de dependencias federales como la PGR y la Policía Federal, “la comisión va a terminar por declararse incompetente y eso no lo podemos permitir; debemos elevar nuestra exigencia al más alto nivel” y coincidió en la necesidad de fortalecer jurídicamente a las comisiones especiales.
Sobre la de Nochixtlán, advirtió que “si no tenemos una conclusión de aquí al 31 de agosto, debe ampliarse por salud del país”.
Sin embargo, el senador del PRD sostuvo que, más que el tiempo de duración de las comisiones especiales “son importantísimos los personajes que participamos en ellas, los que tenemos compromiso con el pueblo y los que tienen compromiso con el gobierno; los que vienen a aparentar seriedad, cuando en la práctica sus actitudes son otras”.
Además, subrayó que los legisladores que estén realmente comprometidos con el tema seguirán investigador por su parte, pues tienen esa facultad constitucional.
“Ahorita se está haciendo de manera institucional, a través de la comisión que se formó, pero a mí, como senador de la República, nadie me puede impedir que investigue y solicite información para darle satisfacciones a mi pueblo en términos de conocer una verdad que ha lastimado profundamente la credibilidad de las instituciones, a muchas familias de Oaxaca y a la justicia en todo el país, porque hoy, todo mundo piensa que aquí nadie obedece a nadie y que es una tierra sin ley”, afirmó.
