Por Marcelle Souza para Calle2
Disputa entre ruralistas e indígenas se convierte en clima de guerra; la alta productividad de las tierras de la zona convive con pueblos en condiciones de campos de refugiados.
Ya era de noche cuando un grupo armado entró el pasado lunes 11 en la estancia ocupada por los kaiowá en Caarapó, al sur de Mato Grosso do Sul (MS). Aprovecharon la oscuridad para llegar con autos y armas al lugar. Según la Funai (Fundación Nacional del Indio), tres indígenas resultaron heridos, dos adolescentes y un adulto. Los tres fueron atendidos y no corren riesgo de muerte. La amenaza es una señal clara de la tensión que se vive la región, donde hay disputas de tierras entre indios y productores rurales y también un recordatorio del luto: hace un mes un indio fue asesinado en ese mismo lugar.
Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, 26 años, se enfrentó sin armas, a pecho descubierto, a los enemigos de su pueblo. Aquella mañana, un grupo de hombres armados llegó a la hacienda ocupada por los kaiowá en camionetas y tractores. Querían sacar a la fuerza a los indígenas que habían entrado días antes en zona privada. No lo consiguieron, pero balearon al agente de salud indígena, que dejó a una joven esposa y un hijo que todavía no había cumplido un año.
“Yo estaba en otro lado, en una reunión de maestros a 7 km de distancia del lugar del tiroteo. Recibimos una llamada y corrimos para allá. Cuando llegué había bomberos, ambulancia, era una escena de guerra, de mini guerra; la gente había sido baleada y no podíamos entrar”, dice Nelson Avila da Silva, kaiowá estudiante de biología en la UFGD (Universidad Federal de la Gran Dorados).
“Yo nunca había visto una situación como esa; la gente estaba en la hacienda cuando ellos llegaron con unas 50 camionetas, F4000, Hilux, tractor agrícola. Había uno arriba de una cargadora disparando, usaba una parte del tractor como escudo para avanzar encima nuestro”, dice.
Clodiode era hijo del vice cacique de la aldea, tenía sangre de líder y creía que iba a poder parar sin balas la confrontación que se prolonga hace años en la región. No pudo.
Murió y engrosó el número de víctimas en la pelea entre kaiowás y terratenientes en Mato Grosso do Sul. El tiroteo empezó cerca de las 10 hs de aquel 14 de junio y dejó otras cinco personas heridas; una de ellas tenía 12 años.
Una historia de violencias
En MS* existen cerca de 30.000 kaiowá distribuidos en reservas (regularizadas o no), campamentos a los largo de las rutas y haciendas ocupadas. Las condiciones de la población varían según ubicación, tamaño y el estatus de demarcación en que están sus tierras, pero de manera general el acceso a la salud, la seguridad y la educación son peores entre los indígenas. En estas comunidades hay altos índices de suicidio y homicidio, del mismo modo en que ya fueron divulgados casos de desnutrición severa de niños kaiowá. Hay por lo tanto desatención del poder público sumado a los conflictos por tierra en la región.
“En MS lo que tenemos es persistencia de un cuadro de violencia sistémica en que los desplazados internos se equiparan, por los índices de prestación de servicios y vulnerabilidad, a los campos de refugiados”, dice el procurador de la República Marco Antonio Delfino de Almeida.
“Tenemos un cuadro grande de violencia, de desorganización social, la prestación de servicios públicos como educación, seguridad y salud es deficiente, hay un índice gravísimo de suicidios y no hay cómo disociar este cuadro del proceso histórico que lo hizo surgir”, afirma.
El proceso que dio inicio a este complejo conjunto de negaciones y violaciones de derechos comenzó en el siglo 19 con el fin de la Guerra del Paraguay y la instalación de la Compañía Matte Larangeira, en el sur del entonces Estado de Mato Grosso. De acuerdo con Neimar Machado de Sousa, profesor de historia indígena en la Facultad intercultural indígena de la UFGD, ese periodo fue marcado por la ocupación de millares de tierras tradicionalmente indígenas y por la utilización de los kaiowá en las plantaciones de la compañía. “Ellos fueron alejados de su entorno familiar y de sus tierras para trabajar, fueron explotados por el sistema de peonaje que los endeudaba, que los hacía vivir en un sistema de semi esclavitud”, dice.
El segundo momento de retirada de los kaiowá de sus tierras fue la creación en 1910 del SPI (Servicio de protección al indio). “El SPI estaba ligado al Ministerio de Agricultura y su objetivo era transformar a los indígenas en trabajadores rurales. Fue cuando el proceso de confinamiento se hizo más grave, agrupando en pequeñas áreas etnias diferentes y familias que no se relacionaban, y esta es la raíz de muchos conflictos internos y de la violencia que se ve hasta hoy”, afirma el profesor.
Con los años, esas áreas ocupadas por terratenientes que recibieron o no del Estado la posesión legal de las tierras, transformaron la región en polo agrícola. Hoy el sur de MS es la más productiva del Estado, especialmente en el cultivo de caña de azúcar, soja y maíz.
El resultado es un abismo formado por un lado por el valor de las tierras y lo que ellas producen, y por otro por las condiciones sociales y altos índices de violencia en las comunidades indígenas. Súmese a esta olla a presión la demora del Estado en solucionar los conflictos que se arrastran por años, y tendremos lo que es el conflicto en Mato Grosso do Sul.
La espera por la demarcación de la tierra
En mayo de este año la Funai publicó el Informe Exhaustivo de Identificación y Delimitación de la Tierra Indígena Dourados Amambaipeguá I, que comprende áreas en las ciudades de Amambai, Caarapó y Laguna Carapã, en el sur de Mato Grosso do Sul, totalizando 55.590 hectáreas.
En esa zona, estudios antropológicos señalan la existencia de cuatro “tekohas” (aldeas): Javorai Kue, Pindo Roky, Urukuty y Laguna Joha. “El término ‘tekoha’ no es necesariamente un espacio físico, es también espiritual, social y religioso. Dentro de la cosmología guaraní no es la tierra la que les pertenece, ellos le pertenecen a la tierra. El tekoha también es un tiempo, presente, pasado y futuro. O sea, cualquier enfermedad o conflicto interno tiende a ser atribuida a una subjetividad como si las enfermedades físicas y espirituales sucedieran porque están fuera de su lugar y su tiempo. Hay un desequilibrio causado por la salida de sus tierras”, dice el historiador de la UFGD.
El acto, firmado en las vísperas del alejamiento de la presidente Dilma Rousseff, fue considerado el fusible para la ocupación de tierras en la región de Caarapó, donde Clodiode fue asesinado el 14 de junio. El procedimiento fue resultado de un acuerdo firmado entre la Funai y el MPF (Ministerio Público Federal) el 12 de noviembre de 2007, o sea que demoró casi nueve años. La próxima etapa del proceso de demarcación todavía puede demorar muchos años, ya que depende del reconocimiento del Ministerio de Justicia y de la firma del presidente de la República.
Mientras eso no suceda, los indígenas se sienten movidos a retomar las tierras ocupadas, mientras los terratenientes se han armado para echarlos de sus estancias. El 17 de junio, el MPF en Mato Grosso do Sul presentó dos denuncias contra doce personas acusadas de formación de milicia privada, restricción ilegal, incendio, secuestro y disparo de arma de fuego contra grupos indígenas en la región sur de MS.
“En el caso de las milicias formadas por productores rurales que se aglomeran en un proceso nocivo y promueven de forma forzada el retiro de indígenas de sus propiedades con el uso de armas, estamos investigando la responsabilidad de todos aquellos identificados como mandantes, financiadores y ejecutores”, afirma el procurador.
La sospecha es que las armas son traídas de forma ilegal del Paraguay, que tiene frontera con la región.
Hay inclusive productores que contratan empresas de seguridad contra las comunidades kaiowá. Eso fue lo que el MPF descubrió después de la muerte del cacique Nísio Gomes el 18 de noviembre de 2011. “Estamos investigando empresas que están siendo utilizadas de forma irregular y que ofrecen servicios que no son compatibles, como servicios de pistoleros y sicarios”, dice Almeida.
La tensión continúa
La Policía Federal (PF) en Dourados dijo que analiza los ataques a la comunidad kaiowá en Caarapó. Sobre el caso de la muerte de Clodiode, la PF inició una investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento se escucharon testimonios, se realizaron exámenes periciales y búsquedas en la región. Todavía nadie fue preso por los crímenes.
Según la PF, el mismo día del asesinato indígenas agredieron físicamente y restringieron la libertad de desplazamiento de policías militares y bomberos. También se quemaron vehículos y fueron tomadas armas de los policías por los kaiowá.
“Después de eso, nos quedamos toda la noche despiertos y cerramos rutas porque teníamos miedo de que volvieran”, dice Silva. Realizada una reunión con la Fuerza Nacional, el MPF y el municipio, decidieron reabrir nuevamente las rutas. También quedó acordado que los indígenas no ocuparían más tierras en los próximos 60 días.
A través de una nota, la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) dijo que lamenta la muerte de Clodiode, los indígenas heridos y las agresiones sufridas por policías militares el día 14 de julio.
“Esos hechos registran una vez más el punto muerto de la cuestión territorial en Mato Grosso do Sul, que dura décadas, y la necesidad de una solución efectiva por parte del Gobierno Federal. Es necesaria una actuación directa del Poder Público para dar una solución definitiva al conflicto, que alcanzó niveles insoportables e inseguridad jurídica. La situación instalada en la región sur del Estado causa gran preocupación a la Federación, que se ha esforzado a lo largo de años en la propuesta de hacer viable una alternativa para este triste escenario entre productores rurales y la población indígena”.
Poco después del conflicto del día 14, la Funai dijo que “se están tomando todas las medidas para la movilización de las autoridades de seguridad, con el objetivo no sólo de impedir la acción de grupos organizados que sistemáticamente han utilizado violencia injustificada contra los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul, sino principalmente de penalizar a los responsables de la muerte y lesiones a los indígenas de Caarapó”.
El último 6 de julio, un grupo de indígenas fue expulsado de una granja ocupada en Dourados, lo que reanimó a los más ansiosos por nuevas ocupaciones. Otro hecho que generó críticas de la comunidad kaiowá fue la propuesta del general Sebastião Robero Peternelli para ocupar la presidencia de la Funai, descartada días después por el gobierno interino. Una de las primeras declaraciones del presidente Michel Temer fue que revisaría los procesos de desapropiación y demarcación de tierras indígenas destinadas a la reforma agraria.
“El clima todavía está tenso, ellos están haciendo recorridas por las tierras, siguiéndonos. Si la justicia no se pone de nuestro lado, vamos a romper el acuerdo de no hacer nuevas ocupaciones. Como indígena ya no quiero seguir viendo sufrir a mi pueblo. No queremos derramamiento de sangre como la muerte de Clodiode”, dice Silva.