Organismos de derechos humanos enviaron una carta al Estado argentino por la visita del Presidente Enrique Peña Nieto al país

Buenos Aires, julio de 2016

Sr. Mauricio Macri
Presidente de la República Argentina

Sr. Presidente,
En el contexto de la próxima visita a la Argentina del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que hoy atraviesa ese país. Cualquier decisión del gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, llamó la atención del mundo. A pesar de que el gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México. En esa localidad, y en muchas otras zonas de ese país se han descubierto fosas con cientos de restos humanos. En los últimos años, se han registrado al menos 150 mil muertes, más de 28 mil desapariciones¹, incontables detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, entre otras serias vulneraciones de derechos.

Los recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demostraron la falsedad de la versión oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.

En México, las víctimas y sus familiares merecen verdad y justicia. Al mismo tiempo, para prevenir más violaciones es necesaria una revisión profunda de la militarización de la respuesta estatal frente a la fallida “guerra contra las drogas”.

La Argentina debería tomar en cuenta los resultados de la labor del GIEI, los informes de la Comisión Interamericana y de varios Procedimientos Especiales de Naciones Unidas que recientemente han visitado ese país y exigir al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperioso que el gobierno de México emprenda las reformas estructurales necesarias, incluyendo el establecimiento de una Ley General contra la Desaparición Forzada que refleje la voz de las familias de las víctimas para enfrentar la problemática de las desapariciones, así como que, acepte tal como fue propuesto por la CIDH, el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI en relación al caso de Ayotzinapa.

El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura ha merecido un extenso reconocimiento de la comunidad internacional a nuestro país. La Argentina ha liderado la elaboración de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la creación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La historia reciente de la Argentina debe permear su política exterior y en consecuencia, sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad.

¹ De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a enero de 2016 hay 28. 161 personas desaparecidas en México.

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