El Comité de expertos de Naciones Unidas que examina la implementación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recomendó hoy a Argentina revisar la legislación sobre el aborto.
En sus conclusiones finales sobre el informe de ese país, el Comité expresó preocupación por el caso de Belén, una joven tucumana de 27 años condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por una supuesta alegación de aborto ilegal.
El caso data de 2014 y la joven aún se encuentra encarcelada, explicaron los expertos.
El Comité recomendó a Argentina introducir excepciones adicionales a la prohibición del aborto, que incluyan los casos de embarazos por violación, sin importar la capacidad intelectual o psicológica de la mujer.
Victor Manuel Rodriguez Rescia, miembro del Comité, aseveró que el caso impactó a los expertos, quienes han pedido que su revisión y la liberación de la joven.
“Una recomendación general y muy específica. Esto yo nunca lo había visto en el Comité y quiere decir que está dando un paso más allá y diciéndole al Estado que considere la posibilidad, a la luz del caso de Belén, de despenalizar el aborto”, dijo.
Los expertos mostraron inquietud por los índices de embarazos en adolescentes y de abortos clandestinos que han desembocado en mortalidad materna.
“Nuestra preocupación es que las mujeres tengan que ir o recurrir porque no tienen medios, a abortos clandestinos. La penalización obliga a la mujer embarazada, a la que tiene dinero, a que vaya a otro país a abortar, y si no tiene dinero, a ir a un aborto clandestino donde está en riesgo su vida. La única opción que le queda es que si va a los servicios públicos terminará yendo a la cárcel. Esas son las tres alternativas. No es que el Comité sea liberal, no está opinando sobre abortar sin fundamento ni en términos de lo que implica, desde el punto de vista religioso, la decisión propia. No, lo que está diciendo el Comité es que la penalización del aborto pone en riesgo la integridad de las personas que no tienen ninguna alternativa”, apuntó.
“Lo que estamos garantizando es la integridad de las mujeres”, subrayó.
Señaló también que el Estado debe asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país; y que las barreras legales, el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos, no las obligue a recurrir al aborto clandestino.
El Comité está compuesto de 18 expertos independientes que sirven en su capacidad personal y no representan a ningún Estado en particular.
Este año se cumple el 50 aniversario de la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
