Por Patricia Grogg
Los avances e inéditos mecanismos que incorporaron el enfoque de género en el proceso de paz de Colombia, constituyen un hito y una inspiración para la solución de otros conflictos en el mundo, a juicio de la directora de ONU Mujeres en ese país, Belén Sanz.
En declaraciones a IPS, la especialista consideró algo “innovador y pionero” la incorporación en septiembre de 2014 de la Subcomisión de Género, dentro de la Mesa de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que acoge la capital cubana desde noviembre de 2012.
Sanz resaltó que el alto porcentaje de mujeres que han intercambiado con los integrantes de la mesa de diálogo, en los foros regionales y nacionales y en las visitas de víctimas y expertas en género a La Habana, demuestran la creciente voluntad de las partes por incorporar las propuestas de género en los acuerdos finales y en su implementación.
Los resultados de la labor realizada por esa subcomisión, conformada por representantes de las dos partes, se dieron a conocer en La Habana, en un acto especial el sábado 23, exactamente un mes después de que se celebrará aquí el histórico acuerdo del cese el fuego bilateral y definitivo entre los contendientes por más de medio siglo.
Para el acto vinieron a La Habana la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la representante especial del secretario general de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, la sierraleonesa Zainab Hawa Bangura, además de Sanz, cuya oficina ha acompañado especialmente la labor de la subcomisión.
También participaron María Paulina Riveros, delegada del gobierno colombiano en la subcomisión, y Victoria Sandino, su contraparte por las FARC, junto con el resto de las integrantes de esa instancia, los delegados en los diálogos de paz y representantes de los países garantes.
Durante la presentación se divulgaron los frutos de su trabajo, que abarcan la inclusión de la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres en cada uno de los acuerdos parciales logrados hasta el momento, comenzando por las garantías en el acceso y tenencia de la tierra para la población femenina en el sector rural.
Además, se acordó la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones para la implementación de una paz estable y duradera, medidas de prevención y protección en cuanto a una vida libre de violencias, garantías de acceso a verdad y justicia y medidas contra la impunidad y el reconocimiento a las formas diferenciales en que el conflicto las afectó a ellas de manera desproporcionada.
“Son algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos e inspiradores para otros procesos de paz en el mundo”, recalcó Sanz desde Bogotá, tras su regreso a la capital colombiana.
En su opinión, “estos avances constituyen hitos en la promoción de los derechos de las mujeres y la transformación de la desigualdad de género en situaciones de construcción y transición hacia la paz y, con ajustes en función de las particularidades y contextos, podrían ser exportados a otros lugares en el mundo”.
La introducción del enfoque de género incluye asimismo la búsqueda de condiciones para que personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado.
“El hecho de que las mujeres y personas con identidad sexual diversa puedan disfrutar de un país en paz no es solo una cuestión básica de derechos humanos: sin su participación en la construcción de paz y, por lo tanto, sin su disfrute de los beneficios de la paz, la misma paz y su estabilidad se ve amenazada”, recalcó Sanz, de nacionalidad española.
Al respecto, citó un estudio encargado en 2015 por el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, a los 15 años de emitirse la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, destinada a promover la participación de las mujeres en los procesos de paz.
Esa investigación mostró que la participación de las mujeres aumenta en 20 por ciento la probabilidad de que un acuerdo de paz dure por lo menos dos años, y en 35 por ciento la probabilidad de que un acuerdo de paz dure 15 años.
“Por lo tanto, si las mujeres no participan de los procesos de construcción de paz, no solo como ‘beneficiarias’, sino como sujetos de cambio y actoras políticas, es difícil hablar de una paz estable y duradera”, acotó Sanz.
El estudio de ONU muestra también los riesgos que enfrentan las mujeres en las etapas posteriores a la firma de los acuerdos de paz.
Según esa investigación, las mujeres en zonas afectadas por el conflicto y en recuperación tienen menos oportunidades económicas y soportan las cicatrices emocionales y físicas del conflicto, sin apoyo ni reconocimiento. Eso, además de enfrentar violencia cotidiana en sus hogares y comunidades y hacer frente a las cargas del cuidado de niños, ancianos y las labores domésticas no remuneradas.
En un sentido más amplio, “las estructuras de desigualdad permanecen y se requieren medidas para su desmantelamiento, así como del compromiso de la sociedad en su conjunto”, admitió Sanz, para quien un proceso de transición como el que puede vivir Colombia es “una oportunidad fundamental” para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad.
Por ello la inclusión de provisiones en materia de género en los acuerdos “abre una ventana de oportunidad a la transformación de estructuras de desigualdad existentes y puede suponer una oportunidad para otros procesos de paz, en la firma de sus acuerdos y sus etapas de implementación”, reiteró la directora nacional de ONU Mujeres.
Se estima que son mujeres más de 40 por ciento de las filas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyo número exacto no se conoce públicamente.
En general, la población femenina de Colombia representa algo más de la mitad del total, que según datos oficiales de 2015 supera los 48 millones de habitantes. Sin embargo se trata de uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política.
En 2015, eran solo 14 por ciento de las concejalas, 17 por ciento de diputadas, 10 por ciento de alcaldesas y nueve por ciento de gobernadoras. “Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad”, de acuerdo a un informe de ONU Mujeres.
Editado por Estrella Gutiérrez
