El referente wichí Agustín Santillán, en Formosa, y el mapuche Facundo Jones Huala, en Chubut, fueron detenidos, acusados de múltiples causas armadas que nunca les habían sido informadas. Denuncian persecución política.
Dos referentes indígenas fueron encarcelados en una semana en Argentina. Se trata del wichí Agustín Santillán, en Formosa, que reclamaba educación y alimentos para las comunidades originarias y, cuando fue apresado, se le informó la existencia de 16 causas penales. La criminalización también alcanzó al mapuche Facundo Jones Huala, en Chubut, con un megaoperativo en un campo reclamado por la multinacional Benetton. En ambos casos, las comunidades denunciaron que se trata de “persecución política”. El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo, Mutuma Ruteere, describió como “terrible” la situación de los pueblos indígenas en Argentina.
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, la zona más alejada de la capital provincial (casi en el límite con Salta) y de las más pobres del país. Territorio del pueblo wichí donde petroleras extraen recursos naturales y ganaderos avanzan sobre tierras indígenas. Agustín Santillán era maestro bilingüe. Fue echado en 2011 cuando comenzó a reclamar por la educación de los niños. “Estaba marcado”, suele explicar Santillán.
Desde hace años es una de las pocas voces críticas del oeste provincial. Denuncia el robo de tierras, el hacinamiento en ciudades, la falta de salud y educación, y los desmanejos de los punteros políticos. En los últimos años comenzó una articulación social con otros líderes indígenas (como Israel Alegre y Félix Díaz) y se sumó a la organización provincial Qopiwini (que reúne a los cuatro pueblos indígenas de Formosa). En 2014 mostró fotos (vía Facebook) de las escuelas ranchos. Y se viralizaron en las redes. El mismo año apareció en televisión con detalles de cómo es la vida en el oeste formoseño.
“Persiguen a los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen ‘cabecillas’, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo”, señaló Santillán vía Internet. El intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, escribió en Facebook: “¿Para ser prócer hay que matar indios? Siiii. Y sobre todo si se llama Agustín”.
El 30 de mayo, Santillán fue parte de un grupo de wichí que pidió por mejoras en las escuelas indígenas, nombramiento de maestros bilingües (como insta la ley) y alimentos para los comedores ante la delegación zonal de Educación.
La policía lo apresó y trasladó hasta la Alcaldía en Las Lomitas (centro provincial). El juez Marcelo López Picabea notificó que cuenta con 16 causas judiciales (nunca le habían sido notificadas, desde robo hasta incendio, pasando por cortes de rutas y ocupación lugares públicos).
“Sabemos que el método de armar causas penales a referentes sociales es utilizado por el sistema político de Formosa para desactivar a los dirigentes que luchan ante las deficiencias e injusticias del modelo actual. La situación contra Santillán es una muestra clara de criminalización de la protesta”, afirmaron desde la Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Adepi), que interviene en la defensa de Santillán. La organización advirtió sobre la seguridad del referente wichí en prisión.
En 2014, un hecho similar sucedió con la familia Tejada (cinco hermanos), también del oeste, que se oponían a la avanzada sobre sus territorios y denunciaban a los punteros del gobierno de Gildo Insfrán. Fueron acusados de robo y amenazas (en su propio territorio) y estuvieron casi un año en prisión.
En Chubut está ubicada la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton (que tiene un millón de hectáreas en la Patagonia). En marzo 2015 se produjo una recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton, impulsada por la comunidad mapuche Lof en Resistencia del Departamento Cushamen. Se instalaron en una parte del predio, denunciaron el despojo pasado y reivindicaron la vuelta al territorio (incluso contemplada en la normativa internacional).
Tuvieron intentos de desalojos y acciones de espionaje ilegal (que incluyeron a asambleístas contra la minería de Esquel). El 27 de mayo la policía ejecutó un operativo con decenas efectivos, incluidas las fuerzas especiales antimotines y gendarmería nacional. Muchos efectivos para una pequeña comunidad, en su mayoría mujeres y niños.
Detuvieron a siete integrantes de la comunidad y obligaron a estar en la intemperie (con temperaturas bajo cero) a mujeres y niños. Al día siguiente, el juez Martín Zacchino liberó a seis personas y confirmó la prisión para Facundo Jones Huala (acusado de “atentados” en Chile). Lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.
Jones Huala habló desde la cárcel con la FM comunitaria Kalewche de Esquel, donde afirmó que se trata de “un preso político”, rechazó las acusaciones y denunció el accionar del Poder Judicial, policial y político en favor de Benetton. “Estamos con la moral alta porque nuestra lucha es digna y justa. La represión y prisión son la respuesta del Estado a nuestra lucha”. Destacó que la recuperación se mantiene (Benetton pidió el desalojo) y afirmó que la lucha mapuche seguirá hasta que se reconozcan los crímenes del Estado y se devuelvan los territorios a los pueblos originarios.
El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, estuvo en mayo en Argentina y visitó comunidades de Formosa. Describió la situación indígena como “terrible”. Afirmó que “en ciertas áreas del país los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos”. Y advirtió que “lo más alarmante es la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos”.
