Según indicó el Congreso de los Pueblos, hay 134 detenidos en Santander, tres muertos en el suroccidente del país y una cantidad indeterminada de heridos por las acciones de la Fuerza Pública contra los manifestantes. En el Tolima las Águilas Negras amenazaron a las organizaciones sociales de la región. Además se conoce nueva información sobre el asesinato de dos indígenas en el Cauca y el aborto forzado de dos mujeres por ataques de la Policía.
Las detenciones de Berlín
En la mañana de ayer, 3 de junio, campesinos concentrados en la vía Bucaramanga-Pamplona iniciaron acciones de bloqueo como parte del Paro. En medio de la protesta, fueron detenidos 140 manifestantes que en este momento se encuentran en el Batallón de Infantería No. 13 ´Gr. Custodio García Rovira´, donde el Ejército impide visitas de verificación de los organismos de Derechos Humanos. En el grupo de detenidos se encuentran 15 menores de edad que están en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Según indican fuentes presentes en la zona, “ni siquiera les dan comida o agua, unos estudiantes de la universidad tuvieron que llevarles comida anoche. Aparte hay tres heridos con contusiones que aparecieron en la noche, luego del ataque y hay un desaparecido”.
“Se les ordena que cesen sus actividades ya”: Aguilas Negras
En los correos electrónicos de dirigentes sociales de la Marcha Patriótica, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Congreso de los Pueblos, el Comité Ámbiental en el Tolima, apareció un panfleto amenazante firmado por el bloque central de las Águilas Negras. “Se les ordena que cesen sus actividades ya. Nada de paros, pues los tenemos ubicados, nuestros militantes los aran (sic) caer uno a uno”, aseguran en el texto.
Frente a la situación, las organizaciones de derechos humanos emitieron una alerta temprana y esperan sostener una reunión con instituciones locales para garantizar la vida de los participantes en las movilizaciones.
Versiones encontradas sobre muerte de indígenas
La información brindada por el Instituto de Medicina legal sobre la investigación de los dos indígenas asesinados el jueves pasado en el Cauca habla de que, en la necropsia, los cuerpos de Marco Aurelio Díaz, de 25 años, y Gersaín Cerón, de 29 años, “presentan heridas por proyectil de arma de fuego, compatibles con carga múltiple. Los elementos recuperados permiten establecer que corresponden a material artesanal no convencional”
Frente a esto, Mauricio Lectamo, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los derechos humanos de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- aseguró: “Fue un arma no convencional, pero el impacto no fue producido por una honda o una cauchera, se trató de un arma de fuego con munición modificada. No es la primera vez que se denuncia la utilización por el ESMAD de armas a las que se le echan objetos contundentes como balines, canicas de vidrio, es decir munición recalzada”.
Los informes dan cuenta de que el jueves pasado, ante el bloqueo en la Panamericana, la Policía se preparó desde horas de la mañana y se le cayeron dos vainas de fusil en la zona donde está la población. El primer indígena fue asesinado a las 10.40 y el segundo a las 11.30 Hs. La policía y el ESMAD estaban apostados juntos, en la parte elevada, a metros de la vía Panamericana y comenzaron a disparar gases lacrimógenos e impactos de fusil.
El disparo se hizo a no más de 20 metros de los hombres asesinados y se efectuaron con armas de fuego, por eso la contundencia del impacto que implicó el asesinato de los dos indígenas.
No hay responsables aún
Mientras el director de la Policía, general Jorge Nieto, señaló que el Esmad no usa armas de fuego y no mató a los indígenas, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, prometió respetar y no criminalizar el Paro.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó a las comunidades para que “cesen actitudes agresivas y violentas”. No obstante, los portavoces del Gobierno no se han pronunciado al respecto de la garvedad de los hechos ocurridos en Berlín, tampoco ha aclarado su responsabilidad en los asesinatos de Marco Aurelio Díaz y Gersaín Cerón. El Gobierno envía mensajes contradictoros que ponen en vilo a los miles de manifestantes que se encuentran en las carreteras del país.
Según declaró Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos: “La Cumbre Agraria le comunicó al Gobierno, en reunión con los ministros de Agricultura, del Interior, del Posconflicto, que atravesamos una situación crítica de derechos humanos: más de 100 heridos, más de 100 detenidos y tres personas muertas en los seis días de jornada”.
Quiroga señaló que la Cumbre Agraria le está solicitando al Gobierno cumpla con su palabra: “Ellos se comprometieron a generar garantías para esta movilización y nosotros pedimos que se dé un tratamiento social y político a la protesta, no militar y de guerra como se lo ha venido dando”. Además anunció que los delegados estatales no reconocen la crisis humanitaria que se presenta en el marco de la movilización, por el contrario afirman que las personas aseisnadas, según dictamen de medicina legal, fueron víctimas de armamento no convencional, lo que según el gobierno exime al Estado de su responsabilidad: “Desde nuestra perspectiva, el pronunciamiento de Medicina Legal ratifica que está involucrada la Policía porque se ha comprobado, en diferentes momentos, que la Fuerza Pública utiliza armas no convencionales como reclazadas para atacar las movilizaciones”.
Finalmente, Quiroga recordó la petición de la Cumbre: “La exigencia es crear garantías para la movilización social y popular, dar reconocimiento a la moviización que está desarrollando la Cumbre y poder avanzar en la discusión del Pliego Único”.
