A los veintinueve habitantes del cantón Saraguro, Loja, al sur del Ecuador, acusados de paralizar el servicio público durante manifestaciones ocurridas en agosto del 2015 se los conoce como los “29 de Saraguro”. De ser declarados culpables, los 29 de Saraguro podrían recibir una sentencia de prisión de uno a tres años de duración. La presente nota busca mantener al tanto de este proceso desde la perspectiva de la autora.
Por: Jéssica Santillán, comunicadora del pueblo kichwa Otavalo.
Fotos: Jéssica Santillán y Martín Cango
El frío de la madrugada recorre su cuerpo, el trinar de las aves despierta sus sentidos y el canto de los gallos le advierte que es momento de levantarse.
Natividad Medina de 59 años, al igual que todas las mañanas viste su camisa bordada, pollera, anaco, sombrero, wallka, bayeta, tupu y aretes de plata. Para ella cada uno de estos implementos forma parte de sus raíces e identidad que fueron heredados por su madre.
Con un rostro amable y mirada dulce explica que además de su ropa, su madre le dejó como herencia el conocimiento sobre la medicina ancestral. ¨Ella me enseñó desde muy pequeña. En eso trabajo todos los días, la gente viene a mi casa o me llaman al hospital para ayudar en los partos u otras enfermedades. En el hospital colaboro sin ningún reconocimiento¨, dice Natividad mientras camina por su huerto velando amorosamente por cada una de las plantas y flores que usa para ayudar a la gente con sus dolencias.
Esa mañana, antes de recibir a sus pacientes, prepara para sí mismo una infusión de flores. ¨Estoy en tratamiento. Me han dicho que se ha alterado mis nervios y tengo la presión alta¨, relata con tristeza y desazón.
Natividad oriunda de la comunidad Lagunas, recuerda que su actual estado de salud es producto de lo ocurrido el 17 de agosto del año anterior, cuando a través de una llamada telefónica le solicitaron que acudiera al hospital para ayudar a un paciente.
Ella sabía que los turnos suelen atenderse luego de un tiempo prudente, así que tomó su huango (instrumento que se usa para hilar la lana de borrego) y se dirigió al hospital. ¨Estuve aún en mi comunidad, frente a la Cooperativa Lagunas, de repente una bomba lacrimógena cayó frente mío, no supe qué hacer. Luego vi a mi prima que había salido para sacar dinero y llevar a su hija al doctor. Los policías le halaban el cabello, la tomaban de los brazos, de la cintura y de las piernas para llevarla a la fuerza. Por eso yo me acerque para defenderle. Yo les dije a los policías: ¿por qué le tratan así? Entonces dos policías se acercaron a mí y me dijeron que vaya con ellos. Yo no quise porque no había hecho nada; de repente sentí que uno de ellos me dio un puntapié en la pierna, yo le reclamé y le dije: ¿por qué me maltratas? El policía me dijo: ¡si no quieres que te maltrate como a las otras camina! Tuve que ir…¨, relata indignada, mientras su mirada parece trasladarla a esos difíciles episodios de su vida.
Natividad Medina es parte de los “29 de Saraguro”, imputados por supuesta “obstrucción de servicios públicos” durante las manifestaciones ocurridas el 17 de agosto de 2015. “Para mí ese día fue muy duro porque fui testigo de cómo los militares maltrataron a mi gente. Había un bus lleno de personas golpeadas, ensangrentadas, con la ropa rasgada y llorando”, relata.
A decir de Natividad lo ocurrido es un llaki (tristeza) para su comunidad y una injusticia puesto que quienes están siendo procesados no cometieron ningún delito. “Adrede nos hacen sufrir, incluso a mí me acusaron de que mi huango era una lanza, un arma. Yo les explique que es para hacer nuestra ropa, nuestra vestimenta. Al final me lo quitaron y no me lo han devuelto”.
De acuerdo con Luis Guamán Zhunaula, abogado defensor, “las personas procesadas en la Justicia Ordinaria ya cuentan con una Sentencia emitida por la Autoridad de la Justicia Indígena, a través del Consejo de Ayllus, la cual solicita el archivo de la causa para 24 de los implicados, y la declinación de competencia para cinco de ellos.
Añadió que “de los 29 procesados, 10 fueron llamados a audiencia de juzgamiento, de éstos 5 cuentan con sentencia en firme y 5 con petición de declinación de competencia. Asimismo la Autoridad de la Justicia Indígena señala que se requiere profundizar la investigación de los hechos con el fin de determinar a los verdaderos culpables de los actos de violencia generados el 17 de agosto de 2015, los cuales aún no han sido identificados y son en su mayor parte miembros de la fuerza pública. Por tanto es importante que la Fiscalía de Loja con sede en el cantón Saraguro de oficio para que se inicie este proceso de investigación”, aclaró.
De acuerdo con el Art. 76, numeral 7 literal i) de la Constitución de la República del Ecuador, “nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.
El pasado 28 de marzo del presente año, los Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Loja rechazaron los pedidos de declinación de competencia y la actuación de un intérprete kichwa, por lo cual la audiencia fue paralizada nuevamente.
Según el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), “los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena”.
“Ejerciendo los Derechos Constitucionales, las normas del Sistema Jurídico del Estado Ecuatoriano, las declaraciones, tratados y convenios internacionales solicitamos que se respete la decisión de la Justicia Indígena y se pidió un traductor del idioma kichwa, ya que el pensamiento, la cosmovisión y filosofía del pueblo kichwa saraguro difiere de la cultura occidental, de la cual provienen los jueces. Se espera que ellos comprendan que lo ocurrido no es un delito, sino un llaki, un problema interno que debe ser resuelto en base al diálogo entre los representantes de las comunidades y los poderes públicos del Estado. Las actuaciones de la Justicia Ordinaria están encaminadas a encasillar lo sucedido en el Art. 346 (paralización de un servicio público) del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para desatender a las necesidades que plantean las comunidades, pueblos y nacionalidades al Estado”, explicó el abogado defensor.
Acotó que “tanto los fiscales y los jueces están violentando los principios de aplicación y ejercicio de los derechos constitucionales. Al procesar de esta manera a los kichwas saraguros están incurriendo en lo dispuesto en el Art. 11, numeral 9, inciso cuarto de la Constitución, que habla de la responsabilidad del Estado por detención arbitraria, error judicial e inadecuada administración de justicia”, aseveró Guamán.
Según el abogado existen irregularidades cometidas por parte de las autoridades de la Justicia Ordinaria. “Entre ellos está la detención arbitraria de los compañeros saraguros, ya que la policía e infiltrados del régimen actual fueron quienes durante las manifestaciones generaron actos de violencia y persecución usando bombas lacrimógenas y armas. Asimismo el Juez Muticompetente del cantón Saraguro emitió la orden de prisión sin motivación alguna, violando el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República, auto que fue apelado ante los señores Jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Los referidos jueces de la Sala en lugar de declarar la nulidad procesal ordenaron que el Juez Multicompetente de Saraguro motive el auto de prisión preventiva y lo hizo luego de un mes cuando los detenidos salieron en libertad con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que para los pueblos indígenas significa haber pagado injustamente una pena privativa de libertad anticipada de 16 días de cárcel; y como si esto fuera poco actualmente los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Loja, irrespetando los derechos y garantías constitucionales y expresas normas del ordenamiento jurídico nacional negaron el petitorio de archivo de la causa o declinación de competencia, quebrantando así los derechos y garantías en la administración de justicia. Además el fiscal de Saraguro de ascendencia indígena emitió su dictamen abstentivo para 21 procesados, pero fue el fiscal provincial de origen mestizo y ajeno a la jurisdicción quien intervino para revocar este dictamen y empeorar la situación jurídica de los 19 comuneros, aclarando que dos compañeras fueron sobreseídas por no encontrar indicios”, puntualizó.
Acotó que “entre las acciones más destacadas para la defensa de los derechos y garantías constitucionales de los comuneros del pueblo kichwa Saraguro está la denuncia al señor Alex Damián Torres Robalino, Juez de Saraguro presentado en el Consejo de la Judicatura, quien inadmitió la queja, la Acción Extraordinaria de Protección propuesta ante la Corte Constitucional, e inadmitió el recurso planteado”.
Asimismo Guamán destacó la actuación del Consejo de Ayllus “quienes como autoridad natural de los procesados en Asamblea Comunitaria resolvieron emitir una sentencia y someter esto a un debate nacional e internacional ante los organismos de derechos humanos y entidades académicas, debido a la injusticia imperante en el Consejo de la Judicatura del actual régimen gubernamental”.
Durante los 16 días que Natividad estuvo presa en Loja sus derechos fueron vulnerados. “Ya en Loja nos tomaron fotos, me mostraron un texto para que lea, les dije que yo no podía leer. Gritándome quisieron que me saque mi sombrero, y yo les dije: ¡porque soy analfabeta me quieren maltratar, yo no me saco mi sombrero porque es mi ropa, es mi identidad! En vez de darnos atención médica los policías se reían de nosotros. Yo ya no podía más, me dolía mucho la cabeza, creí que iba a perder el sentido. Sólo con agüita, mojándome la cabecita pude soportar en la cárcel. Ahora cuando recuerdo lo que pasó, cuando pienso en lo que podrá pasar, me duele la cabeza y en mi ojo derecho veo como una luz amarilla”, dice.
Saraguro
A pesar de los duros momentos vividos, Natividad afirma que ella y sus compañeros seguirán luchando para demostrar su inocencia. “Yo pienso que la cárcel no mata, hay que seguir en la lucha con más orgullo y valentía por nuestros nietos”, comenta.
De su parte Guamán aseguró que se acudirá hacia instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No vamos a permitir que los derechos de un pueblo indígena sean transgredidos a través de jueces que tienen consignas que responder para sus intereses”, expresó.
Dulcemente, Natividad coloca agua sobre sus flores favoritas, los pensamientos. “Si hubiese sido una flor hubiese preferido ser el pensamiento porque atrae energías positivas. Por eso ahora solamente pido a mi Dios, tengo fe y confío en él porque no soy culpable, ni terrorista, ni tirapiedras. Sé que puedo presentarme ante los jueces con la frente en alto. Soy inocente”, declara con convicción.
