La disputada hidroeléctrica Barro Blanco en el occidente panameño, que creó una crisis entre indígenas y Gobierno, cerrará su presa próximamente, aunque aún hoy integrantes de la etnia Ngabe Buglé se oponen a esa decisión.
La vicepresidenta Isabel de Saint Malo visitó ayer las zonas que deberán quedar bajo las aguas para dialogar con integrantes de la iglesia tradicional Mama Tadta, dirigentes comarcales y vecinos del lugar, a fin de sensibilizarlos acerca de la utilidad de la central eléctrica para la Comarca indígena.
Un cacique que se hace llamar Tabasará, por el nombre del río sagrado donde se hizo la obra, dijo a periodistas que conversó antes personalmente con el presidente panameño, Juan Carlos Varela, quien le aseguró sobre la necesidad de la electricidad que generará Barro Blanco para el desarrollo que se acomete en la Comarca.
«Eso ya no se puede echar para atrás», dijo el Presidente, según contó su interlocutor, y se comprometió a que no usarían la fuerza para el cierre de la presa.
Varela estuvo en el distrito Muná, donde está enclavada la hidroeléctrica, y dio órdenes de iniciar la construcción de 44 escuelas para eliminar totalmente las llamadas aulas-rancho cuya cifra asciende a 268, según estadísticas gubernamentales.
«Hoy es uno de los días más importantes en la historia de la educación nacional, porque juntos iniciamos el proceso de reemplazar las escuelas y aulas-rancho por escuelas modernas, dignas, equipadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que nuestros niños y jóvenes de la Comarca Ngabe-Buglé reciban con provecho su derecho a la educación», expresó.
Una nota oficial confirmó que Saint Malo dialogó con líderes religiosos, dirigentes comarcales y vecinos afectados por la obra, y reiteró el compromiso del Gobierno de que la energía que produzca la central será para uso de los vecinos.
«Estará dirigida a solucionar, en gran medida, las necesidades de las comunidades Ngabe Buglé, entre ellas, sanidad básica, viviendas, carreteras, escuelas», las cuales requerirán electricidad, aseveró.
«Hemos tomado nota de las demandas de las comunidades, comprometiéndonos a rendir un informe detallado a las instituciones responsables para impulsar las respuestas», acotó Saint Malo, quien encabezó desde el año pasado la Comisión de Alto Nivel que dialogó con los originarios, masivamente opuestos a la central.
Múltiples protestas, cierres de carreteras y hasta enfrentamientos físicos con fuerzas policiales mantuvieron por meses los indígenas, quienes por semanas cerraron el acceso de los constructores a Barro Blanco.
«El cierre de la compuerta no significa el fin de la lucha, pues vendrán reivindicaciones de nuestro pueblo», dijo a Prensa Latina el líder indígena Ricardo Miranda, uno de los principales promotores de las protestas, y afirmó sentir un sabor amargo por la decisión con Barro Blanco.
