Por Pavlova Carrera
La población del Ecuador suma un total aproximado de 14 millones de habitantes, de acuerdo al censo poblacional del realizado en 2010 por el INEC. De esa cifra, 7 millones son mujeres, una relación numérica equitativa. Sin embargo el reconocimiento de la ciudadanía y el ejercicio de derechos que ésta conlleva presenta irregularidades que se han detallado en el Informe Sombra del Comité de la CEDAW, difundido en 2014.
El Comité de la CEDAW es un organismo creado por la ONU a raíz del reconocimiento de la discriminación hacia la mujer en 1979. A partir de la declaración legítima de las irregularidades hacia las mujeres en cuanto a derechos, varios países decidieron aceptar una veeduría del cumplimiento de los mismos por parte del Estado. El último informe de la CEDAW ratifica lo que colectivos en pro de los derechos han venido denunciando: Ecuador vulnera el cumplimento de derechos en cuanto a acceso a la justicia, violencia, participación política, salud, educación, empleo, derechos sexuales y reproductivos, e igualdad ante la ley.
El panorama actual parece turbio. Sin embargo, el avance en cuanto a derechos para la mujer en Ecuador es notable a partir del siglo XX. Con cortos períodos meseta, la instauración y legitimación de derechos va de la mano con cambios demográficos, laborales y sociales. Es decir, Ecuador cambia al ritmo de su gente.
A partir de 1830, el estado ecuatoriano, en ejercicio de su autonomía, establece sus normas normativos y en ellos mantuvo el legado de colonia española, con un sistema estatal parecido, solo que en manos de los criollos y uno que otro mestizo. La ciudadanía, era reconocida solo para hombres cabeza de familia, mayores de edad, con linaje y propiedades. Entonces el derecho de acción pública estaba automáticamente negado a mujeres, negros e indios.
Las luchas culturales, laborales y sociales se gestaron por acción de la población y no la lucha de las mujeres por sus derechos no fue una excepción. En 1929, Ecuador impone tendencia en Latinoamérica con Matilde Hidalgo de Procel. Durante la presidencia de Luis Espinoza Tamayo, Matilde anuncia públicamente sus intenciones de votar en las siguientes elecciones, por escrutinio ministerial, su solicitud fue aprobada. En 1941 se candidatiza para un cargo público al que accede y ejerce hasta 1949 que continúa sus labores de medicina.
A partir de 1980 surgen las primeras agrupaciones legales en pro de los derechos de la mujer. Además, la constitución poblacional cambiaría debido a las grandes olas migratorias, el boom del petróleo y la industrialización del trabajo. Estos cambios generaron que cada vez más mujeres tuvieran acceso a la educación, a un trabajo y a un reconocimiento como ciudadanas; en las zonas urbanas, en lo rural persisten carencias de orden social, educativo y salubre.
Las mujeres fueron reconocidas como participes de la política y elegibles, a partir de 1979 con la delegación de una mujer en el Gabinete Ministerial. Entrada la década de los ochenta, se crean sindicatos, secretarías, organizaciones campesinas, negras e indígenas para la mujer. Con acciones directas, se crea la DINAMU o Dirección Nacional de la Mujer en 1988. Ambos organismos plantearon de forma legal y constitucional problemáticas de la mujer.
Durante las década de los noventa, y por presión de organismos e instituciones de la mujer, el estado asume la responsabilidad en cuanto temas de violencia intrafamiliar y de género. En 1994 se crean las Comisarías de la Mujer. En este mismo año se promulga la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. En 1995 se emite una ley con la cual el Estado asume la violencia intrafamiliar como un delito. Finalmente, en esta década se crea la CONAMU (Consejo nacional de Mujeres) como máximo organismo institucional para la mujer en 1997 y se logra la promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres para la Constitución de 1998.
El cambio de milenio significó también el reconocimiento legítimo de la figura de la mujer como participe activa de la política del país y para las contiendas electorales de 2007 la aplicación de paridad, secuencia y alternancia de mujeres y hombres en la conformación de listas electorales se cumple a cabalidad con un 50-50 distante del 20-80 de 1998.
Actualmente los derechos que se exigen son los que corresponden a salud sexual y reproductiva, en donde el Comité de la CEDAW encontró falencias. En las zonas rurales la vulneración de derechos es latente y más visible que en la zona urbana, sobre todo en cuanto a acceso de servicios básicos. El acceso a servicios para las mujeres y la aplicación de derechos va más allá de un acuerdo legislativo o constitucional. Significa un cambio social que debe concebir a las mujeres como humanas y por ende con el mismo derecho que los hombres en todos los ámbitos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos.
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