El día 2 de marzo de 1971 se conectó Garoña a la red por primera vez. Cuando se cumplen 45 años, la central está en pésimas condiciones de seguridad, por lo que debería ser cerrada. Mantener esta central en funcionamiento es un riesgo inaceptable para seis comunidades autónomas: Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya

Por Ecologistas en Acción

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tiene 460 MW de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fuskushima-Diichi, que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Franco. Esta central es también un subproducto de los acuerdos de 1953 entre EE UU y España, por lo que es un residuo del franquismo y de la Guerra Fría. Tras 45 años de funcionamiento, la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

De hecho, la planta presenta un total de 78 elementos de seguridad severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo. Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico; modificar el venteo de la contención, para evitar posibles explosiones. Además, es imprescindible aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fuskushima. Y, por si fuera poco, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ordena a Garoña la construcción de una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. Fue un escándalo comprobar el escaso control que la CHE y el CSN hacían sobre la temperatura del agua vertida anteriormente.

Todas estas reformas supondrían un gasto de unos 150 millones de euros. Aún así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente.

Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central, que pone en peligro las comunidades de Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya, bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad”.

Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico, por lo que su cierre definitivo no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico.

Según Castejón, “los grupos políticos deberían manifestarse a favor del cierre definitivo en la sesión de investidura y el Gobierno del PP debería rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central”.

Para Nuclenor y el resto de la industria nuclear española mantener Garoña en funcionamiento es un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las nuclares hasta los 60 años, lo que supone un gran negocio para ese sector.

“El negocio de unos pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas”, zanja Castejón.