La Procuraduría de Violencia Institucional estableció que se debe resolver la inmediata liberación de Milagro Sala
Tras analizar una denuncia enviada por el fiscal federal a cargo de la Fiscalía N 2 de San Salvador de Jujuy, Federico Zurrueta, y que fuera formulada por parlamentarios del PARLASUR, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) determinó que Milagro Sala está privada ilegalmente de su libertad y que «se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad». Por otra parte los fiscales a cargo de la resolución indicaron que corresponde iniciar acciones penales contra los jueces Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel.
En un escrito de 10 páginas en el que analizan la denuncia y las leyes relacionadas con la vigencia de los fueros para los legisladores del Parlasur, el Fiscal General a cargo de la PROCUVIN Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc, José Alberto Nebbia determinaron que el artículo 16 de la ley 27120 que reconoce la inmunidad de arresto para los legisladores del Parlasur goza de plena vigencia y que se aplica plenamente al caso de Milagro Sala. «Desde que fue electa el 25 de octubre de 2015 -Milagro Sala- posee inmunidad de arresto. No hay razones jurídicas ni fácticas para que la norma no sea aplicada estando vigente. Es obligación de los jueces y fiscales aplicarla», señalaron los fiscales en su resolución.
En ese marco, los fiscales aseguraron que «Milagro Sala, diputada del Parlasur, se encuentra privada ilegítimamente de su libertad» y que «está siendo víctima de la peor violencia: la violencia institucional. Violencia institucional -agregan- que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce la violencia el desamparo es absoluto».
«Ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para eso, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está ‘repetir ando mientras persista la situación actual», indicaron en la resolución.
Por último los fiscales señalaron que «los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública previstos y penados por nuestro Código Penal (artes. 144 bis inc. 1, 142 inc. 5to y 269 al menos) y por lo tanto corresponde impulsar acción penal y formular requerimiento de instrucción para que el hecho pueda esclarecerse».
