Por Mahuen Gallo, Diego Caviglia, Lorena Putero (*) Para Radio Universidad de La Plata
La creación de la Secretaría de Agricultura Familiar significó un reconocimiento para las formas organizativas y productivas familiares y territoriales de base, un sector troncal en la producción de alimentos en nuestro país y también se involucró en los conflictos por tenencia de tierras. En diciembre de 2014 el Parlamento Nacional aprobó la Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Para la Construcción de Una Nueva Ruralidad en Argentina”, que aún no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional.
La Secretaría trabajaba en distintos lineamientos desde dos Subsecretarías. Por un lado la Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar, incluyendo las Direcciones de Identificación y Formalización de los Agricultores Familiares y de Programas y Proyectos para la Agricultura Familiar; y por otro la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, con la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de Agricultura Familiar.
En ese contexto se logró construir un registro de la Agricultura Familiar. Hoy sabemos que a lo largo del territorio nacional existen 333.477 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) de las cuales el 66% son de pequeños productores que se dedican principalmente a la agricultura y cría de animales, según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002. También sabemos que la realidad del sector no permite establecer un cierre definitivo del registro. Para tener una dimensión de su importancia podemos decir que la producción de este sector en el área metropolitana abastece una parte importante de la canasta básica familiar: hortalizas, huevos, pollos, cerdos, miel, lácteos.
Posee los principales cordones hortícolas y florícolas del país; La Plata, Florencio Varela,Berazategui y Escobar, que proveen de verduras y flores a la Capital Federal, el Conurbano Bonaerense e incluso abastecen en parte a Rosario, Córdoba y el sur del país.
Estos avances no solucionaron todos los problemas del sector, pero plantearon canales de diálogo directo entre sus actores y el Estado, pudiéndose avanzar en necesidades concretas como asistencia técnica, acceso a financiamiento, creación de espacios de comercialización, entre otras cuestiones. Frente a estos avances, el cierre de la Delegación AMBA de la Secretaría de Agricultura Familiar (núcleo central de la producción de alimentos para la ciudad de Buenos Aires), el desmantelamiento de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y los despidos a trabajadores de la Secretaria en Jujuy muestran una clara decisión de revertir estos progresos alcanzados.
Se trata de volver a una política centralizada y tecnocrática, ligada al modelo agroexportador, donde no se produce para el mercado interno sino para la exportación, y sus actores son los grandes productores. Estas medidas se encuentran en línea con la quita de retenciones, megadevaluación, el cierre del Renatea y la vuelta al viejo esquema pro-esclavista conducido por la UATRE y las patronales agropecuarias.
Productividad, precios y concentración
Supuestamente estos cambios tienen como objetivo un aumento de la productividad en el sector y en la cantidad de producción, suponiendo que a partir de allí se mejorarán los precios de los alimentos y las condiciones de vida de quienes producen. Sin embargo, al considerar estas decisiones en su contexto vemos que hay un lectura errónea de la problemática.
El quite de las retenciones y la reducción de los controles a las grandes cadenas supermercadistas en paralelo al desmantelamiento del apoyo a los pequeños productores generará un panorama desolador para los mismos ya que pierden capacidad para negociar frente a los grandes actores, tanto de las cadenas de comercialización como los grandes productores.
Esto genera que en muchas ocasiones lo que se les ofrece como pago por unidad de producción es inferior al costo de producción de la misma. Ejemplos de esto es el caso de los productores rionegrinos que “tiraron” 100 mil kilos de pera por los bajos precios, dado que las exportadoras les ofrecían $ 2 por kg. (siendo el costo de la producción cercano a $ 4) y vendiéndose en el supermercado el kilo a $ 24. Similar denuncia se realizó desde la Unión General de Tamberos de la República Argentina, donde el litro de leche se pagaba a $3,80 el año pasado y hoy se paga a $2,20, generando una reducción del 30% en las ventas del sector y cierres de tambos con una frecuencia casi diaria, según denuncian.
Diagnosticar que el problema está sólo en la productividad de los pequeños productores sin considerar la concentración de los canales de distribución en el mercado interno y en el mercado de exportación es (al menos) un severo error. En este contexto, un crecimiento de la producción solo establece condiciones de oferta donde los beneficiados son los intermediarios, en especial las grandes cadenas comercializadoras. La reducción de la capacidad de negociación deja a los pequeños productores con muy limitadas posibilidades de colocar sus producciones a precios justos para ellos y para los consumidores.
El agravante en este caso es que el conjunto de las medidas adoptadas, como la devaluación y la quita de retenciones constituye una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Ahora los pequeños productores deberán competir (por la tierra y los canales de comercialización) en aun mayor desventaja con las grandes empresas productoras. Es importante resaltar que la concentración de la producción de alimentos en grandes empresas hace que se define según rentabilidad la producción de alimento, es decir según el precio internacional de ese producto y su inserción en los mercados mundiales. También se equipararán los precios internos con los internacionales, al eliminar los desacoples que separaban ambos mercados.
El planteo de considerar como única vía de rentabilidad la exportación y al mercado interno al mismo nivel de precios nos coloca en la ya conocida historia de nuestro continente en la que producimos lo que el mundo, de forma divorciada de la satisfacción de las necesidades alimentarias de nuestros pueblos, dejando a los productores a merced de la competencia con las grandes cadenas y al resto de los ciudadanos a merced de pagar el precio que las grupos concentrados decidan. Este es el escenario que se avecina frente a los cambios en las políticas públicas hacia el sector.
(*) Investigadores del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz)
