Por Alexandra Dumitrascu para EsGlobal
La guerra contra la corrupción, un problema endémico en el país, empieza a dar sus frutos no solo en forma de detenciones a todos los niveles, sino también sembrando la semilla del cambio en la mentalidad de los ciudadanos rumanos.
“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es ‘el fin justifica los medios’”, decía el dramaturgo francés Georges Bernanos. En Rumanía, los medios hace tiempo que ya no se justifican, y el fin es un objetivo totalmente naturalizado e interiorizado. A pesar de que la campaña mediática rumana pone más énfasis en los políticos, la corrupción seduce a jueces, empresarios, y hasta príncipes, por igual. El arresto domiciliario a principios de diciembre del príncipe Pablo Felipe de Hohenzollern de Rumanía, acusado de tráfico de influencias, blanqueo de dinero y complicidad en abuso de autoridad tras obtener tierras mediante la intervención de un influyente empresario, pone de relieve este problema endémico al que se enfrenta el país. Este caso es el último de una larga serie de detenciones que se han llevado a cabo desde 2014, aunque con mayor énfasis en 2015.
Desde que el actual presidente rumano, Klaus Iohannis, recrudeciera la guerra contra la corrupción, a finales de 2014, se han registrado más de 6.600 casos. Entre estos cuenta también el ex primer ministro Víctor Ponta que presentó por sorpresa su dimisión en noviembre, presionado por las protestas masivas desencadenadas por el incidente del club Colectiv. Su renuncia al cargo representó un hecho histórico, dado que por primera vez desde la caída del comunismo, en 1989, un líder rumano dimitía por la presión popular. Considerado un pez gordo, Ponta estaba perseguido judicialmente desde julio por lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación, pero éste se había aferrado al cargo aludiendo que las acusaciones en su contra apuntaban a un periodo previo a su carrera política. Además, los fiscales fracasaron en el intento de investigarle durante su época de primer ministro debido al voto en contra en la Cámara de los Diputados de levantar la inmunidad parlamentaria solicitada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).
La inmunidad parlamentaria está recogida y defendida por el artículo 72 de la Constitución rumana. Conforme a esto, los diputados y los senadores sólo pueden ser imputados, inculpados y/o detenidos con el consentimiento de la Cámara de la que forman parte, en donde se determina “por mayoría de los miembros presentes” si hay pruebas suficientes para anular o no tal privilegio. Este ha sido el abuso que reiteradamente ha impedido la persecución eficaz de los casos de corrupción en el pasado.
DNA, la institución que más escalofríos produce en la actualidad entre la clase política, fue fundada en el 2003, cuando aún la Justicia no gozaba de una independencia creíble. Sin embargo, no ha sido hasta 2013, con el nombramiento de la actual fiscal jefa, Laura Codruța Kövesi, cuando empezó la persecución de los casos de corrupción a alto nivel; hecho favorecido también por la introducción de medidas adicionales para fortalecer el sistema de protección de los denunciantes del sector público. Durante 2014, la institución ha procesado a más de 1.000 personas, entre ellas 24 alcaldes, cinco parlamentarios, dos ex ministros y un ex primer ministro, con una tasa de condena de 90%.
En 2015, la cifra de los parlamentarios imputados se ha elevado a doce y la de los alcaldes sigue en aumento. De entre los 103 alcaldes de municipios, más del 40% tienen problemas con la Justicia. La mayor parte de ellos pertenecen a los grandes partidos: el Partido Nacional Liberal y el Partido Social-Demócrata. En una entrevista a la agencia Reuters, Kövesi ha afirmado que no se observa una disminución de los casos de corrupción entre los alcaldes de grandes ciudades, justificado posiblemente por la gran cantidad de dinero que se gestiona en las administraciones locales.
Los alcaldes son los cargos políticos más influyentes de Rumanía. A pesar del alto porcentaje de corrupción entre los mismos, según el barómetro Inscop de diciembre, un 37,6% de los ciudadanos tienen una confianza alta o muy alta en ellos, un porcentaje superior con respecto a la confianza que estos depositan en los miembros del Gobierno (30,9%). La institución que goza del apoyo de más de la mitad de los rumanos encuestados es la Presidencia, representada por el Klaus Iohannis, que ha hecho de la corrupción el blanco prioritario a combatir durante su legislatura. Una prueba de ello es que se ha elevado la corrupción al estatus de “vulnerabilidad”, prevista en la nueva Estrategia Nacional de Defensa del País para el periodo 2015-2019. Debido a esto, una institución que colabora activamente en la acelerada campaña contra esta lacra es el Servicio Rumano de Informaciones (SRI), que equipara la corrupción con una potencial amenaza a la seguridad nacional. De la misma edad casi que la democracia de Rumanía, el SRI ha llevado una lucha activa y significativa contra la corrupción, y sólo en 2015 ha reportado cerca de 24 casos a la DNA, que han servido de punto de partida de las causas penales. Su función fundamental reside en servir de apoyo a las estructuras jurídicas a las que aporta información que pueda servir en este sentido.
Los éxitos cosechados en los últimos dos años han merecido los aplausos de varias instituciones internacionales. En la Cumbre de Inversores Extranjeros de 2015, el representante del Banco Mundial en Rumanía, Ismil Radwan, ha elogiado el “significante progreso” del país en la lucha contra la corrupción, aunque ha reconocido que el próximo paso a dar debe ser la “confiscación y recuperación de los bienes robados”. Por otra parte, la Comisión Europea destacó, asimismo, los resultados positivos obtenidos hasta la fecha, aunque criticó duramente las trabas en el Parlamento rumano para impedir la persecución de los inculpados. En este sentido, miembros de los dos principales partidos rumanos han expresado en ocasiones la intención de eliminar la inmunidad parlamentaria, aunque esto requeriría cambiar la Constitución.
De acuerdo con el ranking de Transparencia Internacional 2015, Rumanía es el país más corrupto de la Unión Europea, aunque comparte el puesto 69 de 175 con Italia, Grecia y Bulgaria. Fraudes, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, sobornos, etcétera, son actividades que afectan a todas las instituciones y que perjudican a todos los ciudadanos, en mayor o menor medida. Un 95% de los rumanos consideran que la corrupción es un fenómeno muy extendido en la sociedad, según la última encuesta del Instituto Rumano de Evaluación y Estrategia (IRES, acrónimos en rumano) del mes de mayo, acerca de los temores de los ciudadanos. De acuerdo con el mismo sondeo, el 30% de los entrevistados consideran la corrupción uno de los mayores problemas del país, seguido por la pobreza, casi en la misma medida. A la hora de pronunciarse acerca de cuál es la institución que más confianza les inspira en la lucha contra la corrupción, el 63% no duda en apuntar hacia la DNA, aunque su fiscal jefa sólo recibe el apoyo de 43% de los encuestados.
El cansancio de los ciudadanos con la corrupción es patente, a la vez que el cambio de mentalidad de gran parte de ellos. Cada vez hay un mayor porcentaje de los mismos comprometido con la lucha contra esta lacra, que denuncia los casos a través de las distintas plataformas puestas a disposición, así como funcionarios que delatan intentos de soborno. Un caso curioso lo representa la “Guía anticorrupción”, elaborada por la Prefectura de Brasov y facilitada online, en la que se detallan métodos de detección y detención de los corruptos.
Algo empieza a cambiar en Rumanía, aunque el problema tiene raíces muy profundas en la sociedad. Cuando los casos de corrupción desfilan a diario en los medios de comunicación y a niveles tan altos, poco lugar queda para pensar que los que sustituirán a los que se van puedan ser diferentes.
