Por Anahí Acebal para Notas.org.ar / Fotos de Proyecto Revuelta
La Vuelta del Paraguayo es un barrio costero de la ciudad de Santa Fe donde viven alrededor de 120 familias. Cinco generaciones han crecido y construido este territorio, con estrategias propias de la convivencia con los ciclos naturales del río. Si bien el barrio no cuenta con servicios elementales los vecinos resuelven estas cuestiones de manera autogestiva, con escasas inversiones públicas. Se piensan propuestas y proyectos para “alcanzar el barrio que quiere el barrio”.
Así se construyó el Proyecto de Resolución “Territorio Nuevo” de obras prioritarias, presentado en el Concejo Deliberante Municipal. El proyecto contempla la voz de quienes habitan el lugar y el alto valor ambiental del sistema fluvial que ha determinado y acunado su historia. Entre las obras más relevantes se destacan el alteo y acondicionamiento de calzada con estabilización de caminos principal y secundarios; alumbrado público; reacondicionamiento de alcantarillas e instalación de estructuras de drenaje; recolección domiciliaria de residuos; y desmalezamiento en espacios públicos.
Sin embargo, la Vuelta del Paraguayo sólo se torna visible para la agenda de gobierno durante los períodos oficialmente denominados de “emergencia hídrica”, cuando la crecida del río Paraná se transforma en inundación y obliga a las familias a asentarse de forma transitoria en un predio contiguo a la Ruta Nacional 168, hasta que el agua les permite volver a sus hogares.
Con la actual crecida extraordinaria, hace más de un mes que el agua ingresó en gran parte de las viviendas de los habitantes del barrio.
Protocolos que inundan.
Desde el 2011, a los vecinos se les prohíbe -bajo hostigamiento policial y de la Guardia de Seguridad Institucional Municipal (GSI)- la autoevacuación y la construcción propia de los cortes de ranchos para sobrellevar la crecida cómo lo ha hecho históricamente. Sumado a esto, en 2014 se estableció un cerco perimetral que delimita el lugar de evacuación, el cual tiene un puesto de vigilancia permanente a cargo de la GSI que impide cualquier tipo de visita, controla los horarios y demarca los márgenes de quienes pueden recibir la mínima asistencia municipal.
Desde finales de 2015, a esto se suma la imposición de un nuevo lugar de evacuación ya que el que se utilizaba previamente fue concesionado a los boliches bailables de la ciudad; en esa concesión el municipio invirtió tres millones de pesos. Así, y apelando a un protocolo de emergencia -del cual el municipio se jacta, pero que vecinos y organizaciones desconocen-, se lleva adelante un sinnúmero de atropellos y arrebatos que dificultan aún más la situación.
“Tu protocolo me inunda”, le dijo una vecina a quien fuera coordinador del Distrito cuando éste se negó a responder a los reclamos de un conjunto de vecinos que exigió el bombeo y contener las defensas y caminos con bolsas y tierra. La falta de acciones del gobierno municipal demuestra aquello que los vecinos repiten hace tiempo: “El municipio decide inundarnos”.
Desde que fue declarada la emergencia hídrica en la provincia -septiembre de 2015- y en la ciudad -1 de diciembre- y hasta el 24 de diciembre, día en que el agua cortó el camino principal y único acceso al barrio, el municipio no realizó ninguna acción de contención. Asimismo, este protocolo de emergencia, determina que las familias que están durmiendo en el agua pueden esperar una semana a que lleguen materiales. Es así que 17 familias debieron autoevacuarse sin ningún tipo de asistencia municipal. Tuvieron que construir sus propios refugios desarmando sus viviendas, con donaciones de materiales de particulares y con el dinero que desde Proyecto Revuelta se tenía destinado para terminar el Centro Cultural “Casa de los Talleres”.
Intereses y políticas que inundan
Cuando sube el agua crecen los discursos sobre la relocalización. El argumento fundamental es que “no se puede vivir en zonas de riesgo hídrico”. Es así que el intendente de la ciudad, José Corral (UCR – FCyS – Cambiemos), anunció que se otorgarán subsidios para realizar planes de vivienda para que las familias vivan en “cota segura”.
De esta forma intentan imponer la idea de que las inundaciones en el barrio son el resultado de un evento natural que no puede evitarse y que la única alternativa posible es la reubicación, inconsulta con los vecinos. Los gobernantes escapan a sus responsabilidades y se establecen culpas en aquellos que deciden “vivir en un lugar en donde saben que se inundan”.
Sin embargo, a partir de lo establecido en la Ley Provincial 11.730, referida al régimen de uso de bienes situados en áreas inundables, la zona de la Vuelta del Paraguayo constituye el Área II, correspondiente a vías de evacuación de crecidas y área de almacenamiento, en donde se establece la construcción de baja y mediana densidad que no obstaculice la libre circulación de agua, respetando los criterios de sustentabilidad ambiental. El barrio es reconocido en esta ley, mientras que el municipio la ignora, violándola.
Asimismo, el municipio a través del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), reconoce al barrio como Zona Especial de Isla, destinada a “espacio verde y uso residencial de baja densidad y actividades compatibles, con agregados edilicios subordinados a las condiciones hídricas y ambientales predominantes en la región y valores paisajísticos a preservar” (Ordenanza Municipal 11.748. Artículo 97).
“Quienes habitamos la Vuelta sabemos que es posible realizar las obras pertinentes para seguir produciendo la vida en el territorio en momentos de crecidas ordinarias. Es por ello que nos preguntamos por qué los gobiernos insisten en desalojar a los habitantes del lugar”, comenta una vecina del barrio.
Los vecinos y organizaciones de la Vuelta del Paraguayo, de Colastiné Sur y de Playa Norte -barrios que comparten la problemática de las inundaciones y relocalizaciones-, sostienen que los discursos y propuestas de los funcionarios son un conjunto de excusas para encubrir y justificar sus políticas a favor de un modelo de ciudad que los excluye. “Sabemos que estas tierras junto al río tienen grandes intereses económicos asociados a proyectos turísticos e inmobiliarios”, agrega una vecina.
Además, desde hace unos años, los dueños legales pero no legítimos de la Vuelta de Paraguayo están llevando adelante un juicio para dividirse las tierras. Quien tiene mayor porcentaje de las tierras -alrededor del 70%- es la empresa constructora Inversora Bolívar del grupo IRSA.
La situación a la que la Vuelta del Paraguayo y otros barrios de la zona costera son sometidos cada vez que el río sube es consecuencia de una serie de decisiones políticas. Y la relocalización es una alternativa que no contempla los deseos y necesidades de quienes los habitan, sino los grandes intereses inmobiliarios de grupos empresariales y gobiernos funcionales a los mismos.
