Organizaciones y asambleas socioambientales advirtieron que los anuncios del gobierno nacional sobre el fomento a los transgénicos y la minería traerán más desmontes, mayor uso de agrotóxicos y la multiplicación de los conflictos territoriales.
El gobierno nacional confirmó que avanzará con más transgénicos (nuevas semillas y aumento del área sembrada) y más megaminería (eliminó retenciones e impulsa nuevos proyectos). Organizaciones sociales advirtieron sobre más desmontes, mayor uso de agrotóxicos y la multiplicación de los conflictos territoriales. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de Agroindustria y exigió políticas para la agricultura familiar. Asambleas socioambientales ya alertaron que no permitirán nuevas explotaciones mineras y organizaciones campesinas cuestionaron las medidas en favor del agronegocios.
“El campo va a aumentar fuerte el área y la producción”, anunció Horacio Busanello, titular del pool de siembra Los Grobo, luego de conocerse la quita de retenciones a los productos agropecuarios. El secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, fue en el mismo sentido y afirmó que aumentarán un 40 por ciento la producción de granos (llegar a 140 millones de toneladas).
Las autoridades del Ministerio se reunieron con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), impulsores del modelo transgénico y negadores de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. “Aapresid es un actor fundamental en la producción agrícola”, afirmó el ministro Ricardo Buryaile. Y anunció la pronta autorización de nuevas semillas de maíz y soja transgénica.
Las organizaciones campesinas denunciaron que más transgénicos y aumento del área sembrada será el avance sobre nuevas regiones (hoy en manos de agricultores familiares e indígenas) y mayor uso de agrotóxicos.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de Agroindustria. “La agricultura familiar y campesina alimenta a la Argentina”, fue la consigna de lo más de 500 productores hortícolas, tamberos y porcinos. Se instalaron con sus cajones de verduras y frutas y las repartieron a transeúntes.
Solicitaron medidas concretas para el sector: un “Procrear Rural” para acceso a la tierra, créditos blandos, creación de colonias agrícolas en tierras ociosas del Estado, fomento áreas de reserva de agricultura familiar periurbana, mercados de proximidad para garantizar un precio justo para el productor y el consumidor.
La UTT, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán y se mantuvo movilizada con reclamos durante los últimos años, explicó que la agricultura familiar representa un eslabón esencial en la cadena de producción de alimentos: “No somos soja, no somos exportaciones ni somos el empresariado. Somos las familias que vivimos en la tierra que trabajamos”, afirmaron. Y señalaron su “preocupación” porque las primeras líneas del Ministerio “se completaron con nombres provenientes del agronegocio, el empresariado y los patrones de los campos”.
Foto M.A.F.I.A.
Catorce organizaciones campesinas emitieron un comunicado conjunto a fines de diciembre. Cuestionaron la eliminación de retenciones a productos agropecuarios. “Aseguran inmediatamente beneficios económicos extraordinarios a megaempresas agropecuarias que han concentrado las cadenas de producción y comercialización, y a corporaciones exportadoras de granos”, denunciaron la Agrupación Grito de Alcorta, Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Federación Agraria, Frente Agrario Evita, Frente Rural La Cámpora, Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA), entre otros.
Exigieron que se mantengan las política implementadas para el sector por el kirchnerismo y se reglamente con presupuesto la Ley 27.118 (de “reparación histórica”). “Sin una agricultura familiar que produzca alimentos para el mercado interno y que garantice el arraigo de importantes sectores de la población en el campo, difícilmente pueda existir una Argentina equilibrada y sustentable”, alertaron.
La megaminería también tuvo beneficios. Por decreto (160/2015), el 21 de diciembre, el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño (eran del cinco por ciento). El diputado nacional del PRO Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Diputado, explicó: “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y precisó que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Las asambleas socioambientales de Catamarca resisten desde hace más de una década la instalación de Agua Rica, un megaproyecto a sólo quince kilómetros de la ciudad Andalgalá, y donde nacen las vertientes de agua de la región. Con la experiencia de Minera Alumbrera (el primer megayacimiento de Argentina), la ausencia de puestos de trabajo, los hechos de contaminación y las represiones, ya no creen en las promesas mineras. En Mendoza, la Corte Suprema de Justicia falló contra las empresas mineras, ratificó la vigencia de la Ley 7722 (que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes utilizadas en la actividad extractiva). “La gente ya eligió: no quiere megaminería. Esta es una elección por la vida, por el futuro y por el presente. Y está al margen de cualquier vaivén político”, afirmó la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.
Menos bosques nativos
La asociación civil socioambiental Capibara denunció que el decreto 133/15, que eliminó las retenciones a productor agropecuarios, también redujo “sustancialmente” las partidas presupuestarias para proteger los bosques nativos. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, integrado principalmente por una partida presupuestaria nacional y el dos por ciento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El financiamiento resulta vital para detener la deforestación, preservar la biodiversidad y resguardar la vida de campesinos y pueblos originarios. “Con el decreto presidencial (que reduce las retenciones) se advierte una manifiesta regresión presupuestaria en los niveles de protección ambiental al disminuirse sustancialmente una de las principales fuentes de financiamiento para la protección de bosques”, alertó la ONG Capibara.
