Comunicado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina)
Hoy la dirigente del movimiento Tupac Amaru Milagro Sala fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y de sedición.
Estos hechos se le imputan porque, según el acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos «mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos».
Según las autoridades judiciales esta actividad de persuasión tuvo por objeto que un grupo de personas ocupe lugares públicos restringiendo la circulación de vehículos, lo que configuraría un delito. El segundo delito que se le imputa, el de sedición, acusa a Sala de haberse alzado públicamente junto con los demás acampantes contra la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de ejecutar el Plan de Regularización y transparencia de cooperativas. Según el acta, este diagnóstico surge de un informe del gobernador Gerardo Morales que afirma que hay personas que se niegan a aportar datos y por lo tanto obstaculizan la ejecución del Programa.
Por lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite su detención. En este caso, vemos no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria.
Si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutiérrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de «alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial». El fiscal de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas que la detención tuvo que ver con que Sala «se alzara en contra de las decisiones gubernamentales».
Criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal.
