La COP20, realizada en 2014 en Perú, cerró con el “Llamado de Lima para la Acción Climática”, documento celebrado internacionalmente como la propuesta técnica concertada de los países asistentes, a favor de la aceleración de la acción climática con el objetivo común de no superar los 2 grados de temperatura por encima del nivel pre-industrial.

La web de la COP20, destaca como sobresaliente el aporte de Perú a la COP21 al entregar un documento de negociación que diferencia las responsabilidades, visualiza los avances y evidencia los pendientes de los países comprometidos en reducir los gases de efecto invernadero; además de comprometer a los países llamados desarrollados a apoyar a los que están en vías de desarrollo.

Ese es el Perú en el exterior.

Sin embargo, Perú emite alrededor de 120 a 125 millones de toneladas de CO2, cantidad que es equivalente al 0,4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta. Tiene un 55% de peruanos que le atribuyen a la minería la principal fuente de contaminación que más impacta en el cambio climático. Y una encuesta, publicada en los días de la COP20, destaca que cuatro de cada cinco peruanos consideran que el cambio climático es un grave problema que afecta sus localidades de origen.

El Perú depende del extractivismo, su modelo económico prioriza el sector minero que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB, US$210.000 millones) y el 60% de sus exportaciones; por ello, sus últimos gobiernos nacionales han promovido normas ambientales que han impactado directamente en el cambio climático y afectado seriamente a los pueblos originarios al haber flexibilizado los estándares de intervención en beneficio de las grandes empresas y los capitales extranjeros; legalmente se ha extremado la criminalización de la protesta social, reprimiendo a líderes y pueblos que luchan contra la imposición de un modelo de desarrollo que atenta contra su dinámica social, económica y cultural; y en los últimos años, desde las mayores instancias de gobierno, se ha promovido que la Ley de consulta previa no se aplique a grandes proyectos mineros.

En ese sentido, importa destacar que el Perú no ha abordado el cambio climático desde un enfoque humanista, que ubique al ser humano como valor y preocupación central; al contrario, ha profundizado su modelo extractivo por encima de otras dinámicas productivas generadoras de riqueza y ha alivianado la responsabilidad de los promotores de la catástrofe ambiental y climática, presente en varias zonas del territorio peruano. Hay lugares como Espinar, provincia de Cuzco, donde los pobladores, luego de 30 años de explotación minera, están contaminados con metales pesados; enfermos mueren sin atención médica, viven en pobreza extrema, carecen de agua potable y no tienen acceso a programas sociales. Todo ello está documentado e informado a las diversas instancias de gobierno, que aún mantiene en el abandono a aquellos pobladores.

Afrontar el cambio climático nos exige comprender la vida de las comunidades originarias y su relación con el entorno natural, importa reconocer que el clima es fundamental en su dinámica vital. La relación de los pueblos con sus tierras y recursos fundamenta el derecho a la libre determinación, ya establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Perú requiere revisar su modelo de desarrollo, requiere de muchos liderazgos que protejan al ser humano, sus pueblos y cultura. Requiere de una gestión pública coherente, efectiva dentro del país, que incluya la resolución de aquellos problemas estructurales de desigualdad y pobreza para la adecuada formulación de nuevas políticas ambientales que asuman seriamente el cambio climático.

Para la Red de Comentaristas de ALER, José Rivadeneyra, comunicador social de Pressenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia.