Comunicado:
Denunciamos y repudiamos el avasallamiento de las instituciones que desde su primer día de gestión evidencia el gobierno de Mauricio Macri. Expresamos nuestro más profunda preocupación ante el evidente desprecio a las normas democráticas más elementales.
El DNU Nº 13/2015 fechado el 10/12/2015 que modifica la Ley de Ministerios y crea el Ministerio de Comunicaciones, poniendo bajo su órbita al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y a la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) contradice la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), ley sancionada por amplia mayoría del Poder Legislativo y avalada más tarde por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y afecta la Ley 27.078 “Argentina Digital” aprobada también por el Congreso de la Nación en diciembre de 2014.
Este DNU en su artículo 23 en el punto Nº 4 establece: “Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia”. Y en su punto Nº 7 determina: “Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia”, ambas medidas violan la Ley de SCA en su artículo nº10 donde lo otorga dichas funciones a la AFSCA como organismo descentralizado y autárquico cuya función es velar por la aplicación, el cumplimiento y la interpretación de dicha norma. El mismo DNU, deja sin su ente de regulación (Art. 77) a la Ley 27.078 “Argentina Digital” que en su Art. 2 indica que tiene como finalidad “(…) garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen (…). Asimismo, se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro (…)”, es decir que no haya monopolio.
En una clara medida autoritaria el nuevo gobierno elimina la autarquía y suprime la independencia de la AFSCA y la AFTIC. Denunciamos además que este manejo encubre un objetivo aún más sombrío. La falta de autonomía de ambas autoridades de aplicación sería un escenario grave en virtud del total ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
La consumación de esta primera medida de gobierno desnuda una escalada de medidas en favor de la corporación mediática que monopoliza las horas de radio y televisión en nuestro país, en detrimento de la pluralidad de espacios existentes y de las nuevas voces. Resulta indudable que el nuevo gobierno intenta controlar la regulación de los medios de comunicación para favorecer al mayor interesado en que esta ley no se aplique en su totalidad: el Grupo Clarín.
El flamante ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad no dejo dudas de cuál será el proceder a futuro del gobierno macrista: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, dijo.
En este mismo sentido el gobierno nacional y el monopolio Clarín avanzan sobre el pedido de renuncia de Martín Sabbatella y de Norberto Berner, presidentes de AFSCA y AFTIC respectivamente, violando, una vez más, la referida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que le otorga mandato por 4 años, faltando aun dos para cumplimentarlo y 3 años y medio en el caso de Berner, cuyo tiempo de mandato está establecido en el Art. 84. Por ello es que reafirmamos nuestro total apoyo a los actuales presidentes de ambos organismos, para que completen sus mandatos porque así lo determina la ley.
Repudiamos estas medidas profundamente antidemocráticas que desconocen y vulneran la voluntad popular que creó, impulsó y constituyó estas leyes. Nos disponemos a defender nuestros derechos. No legitimaremos ni permitiremos estas acciones claramente persecutorias y autoritarias, que atentan contra la libertad del pueblo argentino.
UNIDOS Y ORGANIZADOS
