Las violaciones sexuales durante la guerra interna es una de las más graves violencias contra la mujer en la historia del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 538 casos: 527 fueron contra mujeres,principalmente campesinas y amas de casa, quechua hablantes, analfabetas, entre 10 y 29 años. El 83% de estas violaciones son imputables a agentes del Estado. Aunque según el Registro Único de Víctimas, la cifra se elevó a 4,405 mujeres, sin embargo ninguna ha obtenido justicia. Otra grave violencia perpetrada contra miles de mujeres ha sido las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el régimen de Fujimori, política de Estado que vulneró profundamente la vida, la integridad y la dignidad de miles de mujeres pobres.
Por Magali Zevallos
El llanto y la amargura de la violencia política vivida por muchas mujeres ayacuchanas, es un rasgo que demuestra que aún las heridas siguen abiertas, y que el país está lejos de la reconciliación y la verdad, y que carece de una memoria histórica frente a los hechos más violentos y dolorosos de la historia del Perú, sufridos durante los años 1980 al 2000.
Han transcurrido doce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), María Emilia Flores, quechua hablante nos muestra un documento que certifica que forma parte del número de víctimas registrados por la CVR, -fue golpeada, torturada y violada-, ella reconoce a sus agresores como “Los Cabitos” –nombre de un cuartel del Ejército Peruano, ubicado en Huamanga, Ayacucho-. María Emilia después de más de una década de la visita de una comisión de la CVR señala que ningún representante del Estado volvió para cumplir con lo que le habían ofrecido: reparación, ni siquiera con su principal demanda: tratamiento médico y psicológico.
Los soldados tocaron la puerta de su casa mientras su esposo iba a cuidar y trabajar la chacra. Su última hija tenía nueve meses de nacida. Aprovechando la ausencia de su esposo, dos soldados la encerraron en una habitación de su casa, la torturaron y abusaron sexualmente de ella. No la soltaron sino hasta las once de la noche.
Entre lágrimas y lamentos María Emilia nos relata uno de los peores episodios que le toco vivir: “Los Cabitos también me golpearon. Me torturaron, me violaron y quisieron ponerme brasas de fuego en la boca. Los Cabitos me golpearon y maltrataron. Desde esa fecha no dejo de toser y no escucho nada. Hace mucho tiempo que me he quedado sorda”.
La CVR concluyó que la violencia sexual durante el conflicto interno fue una práctica generalizada, mayoritariamente a campesinas, de mayor vulnerabilidad y desprotección; e identificó casos de violencia sexual en 15 departamentos del Perú aproximadamente, siendo Ayacucho el departamento con el mayor número de casos registrados.
Las víctimas eran analfabetas o con estudios primarios. Mujeres quechua hablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%).
Hipólita Oronjuy tiene el mismo patrón de agresión y violencia de los años 90, ella es de Ayacucho, y se tuvo que desplazar hasta Chilca, Huancayo, con su hijo en brazos para poder salvar su vida y la de su familia. Hipólita fue violada sexualmente en dos oportunidades, además, ella y su esposo fueron torturados: “Habían muchas violaciones, ni una mujer se salvaba, era terrible, ahí, no valía vivir. Allá te torturaban, acá te torturaban, era terrible, esa vida no quisiera que la llevara nadie”.
Para huir de la guerra iniciada entre las fuerzas armadas y el terrorismo en Ayacucho, tuvo que caminar muchos días, sin alimentos y descalza -para no hacer bulla con sus pasos-, tampoco podía permitirse gritar y llorar, solo sollozar en silencio, tenía que huir para sobrevivir a la guerra. Aunque pensó que nunca más volvería a ver a su esposo, meses después se encontrarían en Chilca.
En el tramo entre Ayacucho y Huancayo encontró un hospedaje, “ahí entraron encapuchados, entraron al hospedaje y no sabía cómo escapar porque estábamos ahí con mi hijo, y me agarraron entre dos, ahí es lo que pasó la violación. Hasta en dos oportunidades, otro fue en el campo, le tiraron a mi hijo para otro lado, no podía como defenderme, me agarraron entre tres, y así sufrí de violación”.
“Cuando empezó la guerra ya no sabías con quién estar, o a quién apoyarte ¿qué hacías? estar sentada ahí o sino irte a los montes para que puedas sobrevivir, llevar tu vida para que puedas salvar con los hijos cargados, ya no te importaba si tenías o no comida. Y así teníamos que ir, si nos encontraba ahí el Ejército o los terroristas, ahí te mataban. Tenías que estar calladito, sin decir nada”, dice.
Según fuentes fiscales las cifras de las 2074 víctimas irán en aumento, porque ya se vienen recogiendo testimonios que no están comprendidas en las denuncias actuales.
Para ellas, los años del terror no terminaron con las torturas y violaciones, sumado a ello, poco tiempo después, fueron sometidas a una política de esterilización forzada, bajo la excusa de erradicar la pobreza en los sectores más pobres del país, el gobierno de Alberto Fujimori, emprendería una feroz campaña para el control de la natalidad, dirigido principalmente a mujeres andinas, campesinas, analfabetas y pobres. María Emilia e Hipólita forman parte de las aproximadamente 300 mil mujeres que alcanzó este programa en todo el país, aunque ninguna de las dos están incluidas en el expediente de la investigación penal, que reporta un total de 2,074 víctimas.
En Memoria del caso peruano de esterilización forzada, Giulia Tamayo, Alejandra Ballón y Kimberly Theidon sustentan que estas intervenciones se dieron en Ayacucho pese a que había un crecimiento negativo poblacional, debido a la mortalidad asociado al conflicto armado interno, es decir que se siguió diezmando a las poblaciones justo en un contexto de una baja poblacional extrema.
“Nos llevaron y nosotros no queríamos, llorábamos y nuestros hijos también. Y me cortaron, mi esposo no estaba aquí, estaba de viaje. Cuando regresó, casi después de dos meses me dijo: Quién te obligó, diciendo se enojó, quién te mandó ir allá. Le reclamó al doctor: quién te ordenó llevar a mi esposa, sin mi consentimiento has llevado, le dijo”.
Aprovechando la ausencia de su esposo, dos soldados la encerraron en una habitación de su casa.
Pese a su llanto incontenible continua su relato: “A mí sola me hicieron esto, estaba sola con mis hijos. El doctor nos dijo que nos iba a dar alimentos. Desde que me operaron todo es diferente, estoy enferma y no tengo fuerza para nada. Cuando trabajo mis fuerzas disminuyen y no puedo viajar. Mis hijos están en edad escolar, tengo que educarlos, pero no puedo. Antes trabajaba normal. Iba a donde sea a trabajar”, sostiene María Emilia.
Cuando Hipólita empezaba una nueva vida en Huancayo, después del nacimiento de su segundo hijo, fue a la posta donde ya tenía historia médica, ahí le dijeron que tenía que operarse: “pero señorita por favor yo no quiero, no. Tú ya tienes varios hijos ya, yo no te voy a soltar ya. Ahí ya me amarraron para que me operaran, cuando desperté estaban amarados mis pies y mis manos, y me habían operado ya sin querer, yo no quería”.
Debido a la ausencia de un Registro Único de Víctimas (RUV) es que a la fecha no se conoce el número exacto de personas esterilizadas contra su voluntad. El actual gobierno se niega a impulsarlo, el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, afirmó que el Ejecutivo no puede crear un registro oficial de víctimas, hasta que no se resuelva el caso en los tribunales. Lo que confirma que no hay voluntad política para sincerar las cifras, ya que tanto las reparaciones y el RUV van de manera independiente y paralela del tema judicial.
Campaña electoral y las esterilizaciones forzadas
El caso de las esterilizaciones forzadas estará en la escena política debido al proceso electoral presidencial que se avecina. Keiko Fujimori, quien encabeza las preferencias, fue primera dama cuando se llevaron a cabo este Programa de Planificación Familiar impulsado desde Palacio de Gobierno (1996-2000).
Hipólita fue violada sexualmente en dos oportunidades, además, ella y su esposo fueron torturados.
Alejandra Ballón, señala que con las esterilizaciones forzadas se tienen pruebas de que significó un crimen de lesa humanidad. “Fue una política de Estado, durante el Gobierno de Fujimori, esto fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, en el acuerdo amistoso de María Mamérita Mestanza. Llamar mitos a las esterilizaciones forzadas, me parece gravísimo de parte de una candidata a la presidencia”, dice la investigadora en respuesta a las declaraciones de Keiko en la Universidad de Harvard, quien responsabilizó a los médicos y calificó a las esterilizaciones forzadas como un error lamentable.
La indignación de los médicos no se hizo esperar. La Federación Médica del Perú recordó de manera tajante que las intervenciones fueron el resultado de una política de gobierno aprobada por Alberto Fujimori. “Las declaraciones de la candidata presidencial demuestran que no existe un sentido de autocrítica real por lo ocurrido durante el régimen de su padre. En el gobierno de Fujimori se impuso una política de gobierno que cambió las normas sobre planificación familiar y obligó a los médicos a realizar esos procedimientos”, sentencia el comunicado.
Julio Arbizu abogado de las víctimas, representadas por DEMUS, sostiene que hay responsabilidades que exceden a las de los médicos. “Me temo que este giro discursivo de la señora Keiko Fujimori no sea sino una estrategia de campaña que abandone prontamente el mensaje cuando se dé cuenta de que en realidad, responsables de esa campaña y de otras igualmente nefastas, han sido su padre y su entorno más próximo”.
El caso en los tribunales
Las denuncias por esterilizaciones forzadas han sido archivadas hasta en dos oportunidades (2009 y 2014), el caso no está judicializado, se encuentra en la etapa de investigación fiscal que vence entre enero y febrero de 2016.
“Los Cabitos también me golpearon. Me torturaron, me violaron y quisieron ponerme brasas de fuego en la boca”.
El único caso de violación de derechos humanos que ha reconocido el Estado fue el de la fallecida María Mamérita Mestanza. En 2003 el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el cual el Estado aceptó indemnizar a la familia de esta mujer que murió en 1998 tras ser víctima de este programa en Cajamarca. En este Acuerdo se obligó también al Estado a investigar y sancionar a los responsables.
“Con la ampliación de las investigaciones el personal de la Fiscalía sigue recogiendo declaraciones de más víctimas y testigos. La Segunda Fiscalía Supraprovincial, a cargo de la doctora Marcelita Gutiérrez ya ha tomado declaraciones de presuntas víctimas en distintas localidades de la sierra sur del país, y ya ha programado diligencias para lugares como Moquegua, Cuzco y Piura”, dice Arbizu.
No sabremos la verdadera magnitud de esta política hasta que no se concluya una investigación exhaustiva y haya un registro único de víctimas, y cuando lleguemos a esa verdad ¿Cómo procesará la sociedad que el Estado haya cometido una de las más graves violaciones de derechos humanos en la historia reciente de nuestro país? ¿Cómo asumirá una parte de la sociedad que culpabiliza a estas mujeres por ser pobres y rurales, y que por ello justifica este delito de lesa humanidad?
