“Nadie más extremista que el verdadero moderado: porque nunca se es lo bastante moderado. Siempre habrá alguien más moderado que el moderado, que lo reprenderá por no ser lo suficientemente moderado: no se puede ser moderadamente moderado.” (Marco d’Eramo, 2007)
Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós, Lluís Torrens
Se acercan las elecciones del 20 de diciembre y los partidos políticos van aportando sus programas electorales. Si bien el punto que tendrá gran parte del protagonismo es Cataluña por la lucha ininterrumpida desde hace ya varios años de la gran mayoría de la ciudadanía de esta nación por el derecho a la autodeterminación que ya una buena parte concreta en la opción independentista, también está centrando la atención de estas próximas elecciones a las Cortes españolas las propuestas de los partidos para hacer frente a la pobreza, al paro y al deterioro, en general, de las condiciones de existencia material de cada vez una mayor parte de la población.
IU tiene una propuesta estrella que es el trabajo garantizado (TG), Podemos tiene una propuesta, no sabemos si estrella o estrellada, que la han llamado plan de garantía de rentas (PGR). En esta ocasión únicamente vamos a referirnos a estas dos organizaciones políticas y al TG y el PGR. Ambos se presentan como propuestas, según el redactor que escriba en cada momento “mejores”, “más realistas”, “más razonables”, “políticamente más aceptables”… que la renta básica (RB).
Somos de la opinión que tanto el TG como el PGR son dos fórmulas que se quedan muy por debajo, en distintos sentidos que especificaremos, a la propuesta de la RB. Lo justificaremos.
El trabajo garantizado de Izquierda Unida: ¿estamos hablando en serio?
Empecemos por el TG. Con esta propuesta, sus defensores aseguran que se creará un millón de puestos de trabajo en un año mediante contratos de 900 a 1.200 euros brutos mensuales a 35 horas semanales. Es una forma diferente pues de decir que estas personas, la mayor parte menos que mileuristas, tendrían una remuneración de entre 6,4 i 8,6 euros la hora. Sabemos que hay 5 millones de personas oficialmente en paro, sabemos que cerca de 2 millones de personas trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria porque no tienen otro remedio, aunque su deseo sería trabajar a tiempo completo. Eso suma 7 millones de personas. También sabemos que existe un número nada pequeño de personas que no busca empleo porque considera que es inútil hacerlo y que conforma lo que se llama “población laboralmente desanimada”. El monto total de todas estas partes de población ya alcanza los 9 millones, ¿no tanto? Pongamos pues 8. Si en un año se logra un millón de puestos de trabajo mediante el TG, no resulta una cuestión académica preguntarse por los otros 7 millones de personas. Estos 7 millones de personas no pueden quedar despachadas con el argumento de “paciencia, en el primer año será un millón, luego ya iremos subiendo y quizás en 10 o 12 años, tengamos algo parecido al pleno empleo”. Este “argumento” es, además de políticamente injustificable, técnicamente deficiente.
Más. Aproximadamente un tercio de toda la población trabajadora a tiempo completo, cobraba una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Una cantidad que para el año 2015 está establecida en 9.080 euros anuales. Es decir, que estos 900-1200 euros mensuales brutos serían un excelente motivo para que al menos un tercio de los trabajadores actuales a tiempo completo dejaran su actual empleo para acogerse a la oferta de TF. Más o menos unos 4 millones de demandantes. Nos situamos pues en una cantidad a los que habría que ofrecer TG realmente imponente: a los 8 millones anteriores habría que sumarles estos 4. Convendremos que 12 millones de personas para cubrir con TG es una tarea ciclópea. Y todo ello sin tener que gastar por nuestra parte ningún argumento sobre la deseabilidad ética o no del TG. Simplemente números fáciles de contrastar.
Piénsese que el TG o la idea del Estado como empleador de último recurso es una propuesta de economistas, en otros aspectos sumamente interesantes, de EEUU. Y en EEUU el paro no ha alcanzado en los últimos 70 años nunca el 10%. En cambio, en el Reino de España, a lo largo de los últimos 36 años… se ha superado 33 veces el 10% de la tasa de desempleo. Estamos hablando de algo diferente. Si alguien está pensando en contestar que en EEUU el paro no se contabiliza exactamente igual que en la UE y que por lo tanto las cifras están estimadas a la baja… bien, desplacemos la atención a los datos de la OCDE sobre el paro desde 1978 hasta hoy. Y comprobemos que el Estado campeón mundial es, claro está, el Reino de España, lugar donde la tasa de desempleo ha superado 24 años el 15%. El segundo Estado en tan triste competición y a muchísima distancia es Irlanda con 9 años, y el tercero Eslovaquia con 8. No hará falta insistir sobre el punto que queremos destacar: las proporciones del desempleo en el Reino de España son estratosféricas y no se trata de un lugar en el que nadie, excepto algunos miembros de IU, haya pensado de forma razonable en depositar la confianza en el TG como principal herramienta para enfrentar esta situación.
La propuesta de Podemos: muy deficiente
El PGR es una propuesta que, a diferencia del TG, es más conocida porque ha sido practicada con variaciones en la comunidad autónoma vasca (CAV). La idea de los autores de este PGR sigue el siguiente curso de razonamiento. El lugar del Reino de España en donde se ha intentado combatir la pobreza con mayor éxito, mediante algo muy parecido a la PGR de Podemos, ha sido la CAV, entonces extiéndase esta experiencia al conjunto del Estado. Si algo no tiene la menor duda es la miseria de las rentas para pobres, llámense como se llamen según la comunidad autónoma, como cualquiera que conozca medianamente la cuestión puede constatar. Así que… parece una buena idea extender lo que parece haber ido bien.
El problema está en que la experiencia de la CAV (allá se llama renta de garantía de ingresos –RGI- complementada con la prestación complementaria de vivienda –PCV- y las ayudas de emergencia social –AES-, lo que es conocido por sistema RGI/PCV/AES) no ha ido tan bien como algunos vociferan. Más bien, deja mucho que desear. Veamos por qué:
1.- Después de transcurridos más de un cuarto de siglo de implantación del sistema vasco de renta mínimas condicionadas, el combate contra la pobreza solo ha tenido éxito en el campo de la pobreza más severa. En los otros tipos de pobreza ha habido incluso retrocesos[1].
2.- Los problemas de gestión del sistema siguen siendo enormes y sus costes cada vez más voluminosos.
3.- En distintos momentos, se han introducido más recortes. Así, en la ley de 2008 y en la de finales de 2011, se han introducido más condicionalidades para impedir que aumente el número de personas que podrían acceder a estas prestaciones.
4.- El sistema vasco de rentas mínimas condicionadas, por mucho que haya tenido desde sus orígenes, pero sobre todo, en el último cambio legislativo de 2008, el objetivo de la empleabilidad de colectivos numerosos de personas perceptoras, no ha conseguido nada en este sentido. Los convenios de inclusión activa y la existencia formal de los nuevos agentes orientadores de empleo, que controlan a las personas perceptoras cada dos meses, no sirven más que para desarrollar otra función burocrática más, cuya eficacia en cuanto a la empleabilidad es totalmente nula. Para lo que sí sirve es para sancionar con suspensión de la prestación de la RGI-PCV a quienes se olvidan de las citas con la orientadora o incumplen alguna de sus inútiles recomendaciones.
5.- Crea situaciones absurdas y claramente injustas[2].
Nos comenta quien fue miembro responsable de política social del Gobierno Foral de Guipúzcoa en la anterior legislatura, Ander Rodríguez Lejarza, a partir de muchos informes de los técnicos que gestionaban el sistema RGI/PCV/AES, que las dificultades de este programa condicionado pueden resumirse así:
A) Excesiva complejidad.
B) Crea situaciones de desigualdad/discriminación.
C) No da cobertura al conjunto de situaciones de pobreza.
D) Es muy intrusiva y estigmatizadora.
E) No funciona bien para la prevención de la pobreza infantil.
Y después de estos resultados… se intenta aplicar la RGI al conjunto del Reino de España. Un desastre de propuesta.
Para que no haya la menor confusión sobre lo que queremos afirmar: la CAV ha sido la más generosa de todas las comunidades autónomas en el sistema de rentas condicionadas dirigidas a los pobres. De entrada, esto se debe más a la increíblemente cicatera situación (con alguna excepción parcial como Navarra) de las otras comunidades autónomas que del mérito de la CAV. Dicho lo cual está fuera de toda duda que comparada con la mayor parte de comunidades autónomas la CAV es la más generosa, pero con múltiples defectos que hemos intentado resumir.
El Círculo Renta Básica de Podemos ha estado investigando, alertando, explicando… para nada
En el documento presentado por Podemos sobre el PGR se expone: “La consideración del sistema fiscal y el de prestaciones especiales como vasos comunicantes permitirá avanzar a medio y largo plazo en la introducción de mecanismos de impuesto negativo o de RB (aunque el alto coste neto de la introducción de esta última, debido fundamentalmente a la individualización de la prestación, no resultaría asumible en una legislatura).” Si dejamos al margen por falso y gratuito el texto entre paréntesis ya que hemos demostrado que es perfectamente asumible en una legislatura una introducción de una RB para toda la población igual al umbral de la pobreza, hay otras consideraciones importantes. Es falso que el PGR sea un paso hacia la RB. Creemos que es necesario separar dos aspectos. 1) Que alguien plantee políticamente que determinada medida es un paso hacia el «objetivo» de la RB es perfectamente legítimo. Fantástico si así lo plantea algún partido político no muy convencido o más bien acobardado ante las potencialidades actuales de la RB. 2) Pero diferente cuestión es cuando se afirma que un PGR es un paso para la RB. Como si hubiera necesariamente algún tipo de automatismo. A estas alturas debe estar claro que se trata de propuestas muy diferentes y una no «acerca» necesariamente a la otra como algunos autores han afirmado. La condicionalidad, como es el caso del PGR, es lo contrario de la incondicionalidad de la RB, así que parece raro aproximarse a algo mediante su contrario, por raros y modernos que algunos quieran ser en la forma digamos de argumentar. Es más, alguno de nosotros hasta hemos dicho que una medida que podría ser efectivamente parcial y un paso hacia la RB individual, sería la RB por hogar. Y además sería más barata que este complicadísimo PGR que vaticina un control inmenso sobre quién debe percibir (y seguir percibiendo según las condiciones cambiantes de cada persona) el PGR. Y un control inmenso equivale a costos de administración también inmensos o, digamos, muy grandes.
Nos hubiera gustado ver en la propuesta de PGR de Podemos una clara concreción de cómo va a financiarse su coste (más de 18.000 millones en el escenario I, el que pudiera considerarse más cercano a la RB, salvando las enormes distancias que ya hemos apuntado) sin embargo, tan solo hemos encontrado vaguedades sobre una posible reforma del IRPF, que cuando se contabilizan no cubren de ningún modo el coste contabilizado para dicho escenario.
De hecho, hemos simulado con nuestra muestra de casi dos millones de declarantes del IRPF una RB universal por el mismo importe que propone Podemos (que por cierto no saca a ninguna familia del riesgo de pobreza, tal como se calcula con metodología europea) y ¡nos sale más barata!, con menos de 15.000 millones de euros en transferencias de las rentas de los más ricos a los más pobres se financiaría una RB que llegaría, esta vez sí, a todo el mundo, como lo hace la sanidad o la educación.
Un documento firmado por el Círculo Podemos RB, resume perfectamente algunas de las diferencias sustanciales entre el PGR y la RB. Nos permitimos entresacar algunas de estas conclusiones, con añadidos por nuestra parte:
El PGR reduce la pobreza, lo cual es obviamente deseable, pero la RB la elimina completamente: al ser incondicional y estar situada en el umbral de la pobreza, automáticamente ningún ciudadano estaría por debajo de dicho umbral.
El PGR únicamente beneficiaría, en el mejor de los casos, al 20% de la población bajo el umbral de la pobreza. La RB, en cambio, beneficiaría al 80% de la población que recibe menos ingresos. No sólo ayudaría a aquellas personas sin ningún ingreso, sino también a aquellos con rentas bajas y medias.
El esquema de la RB es muchísimo más progresivo y, gracias a su incondicionalidad, elimina directamente la trampa de la pobreza, sin necesidad de introducir complejos mecanismos de corrección mediante bonificaciones al empleo.
Debido a su condicionalidad, el PGR tiene, como ya hemos mencionado, unos costes de gestión y control muy elevados. Los costes de gestión de la RB son mínimos. Además, al estar integrada dentro del IRPF, libera completamente a los Servicios Sociales para que puedan hacer su trabajo.
Los subsidios condicionados dividen a la población y estigmatizan a aquellos que los reciben.
En la relación coste-efectividad por persona, el PGR es potencialmente ineficiente o menos eficiente que el coste de la propuesta del Círculo Podemos RB (la propuesta del Círculo Podemos Renta Básica es muy similar a la nuestra).
Por otra parte, los subsidios que propone el PGR también provocan rechazo en muchas personas que no los reciben y lo consideran injusto. El planteamiento de la RB es diametralmente opuesto: se considera un derecho de todas las personas.
En conclusión, la RB es el sistema más eficiente para garantizar la existencia material de toda la población. Pero es mucho más que eso. Se trata de una medida sencilla, racional, con un coste equiparable al de un PRG riguroso, pero con muchos menos gastos de gestión y una cantidad mucho mayor de ganadores, lo que supondría una gran mejora para la inmensa mayoría de la población. Más libertad, menos desigualdad y el fin de la pobreza.
La RB no es “políticamente sensata”… y una encuesta interesante
Otro punto importante es la tontaina idea confesada por parte de algunos defensores del PGR según la cual, independientemente del enorme atractivo y seguimiento que tiene entre buena parte de las personas que militan en Podemos, la RB no es “políticamente sensata” o, más claramente, “puede hundir al partido”. Dejando al margen lo que denota una concepción de este tipo en una organización que se autorepresenta como producto del 15-M, y dejando al margen también que no es precisamente a pocas semanas de las elecciones del 20-D cuando Podemos goza de mejores expectativas[3] (poco después de las elecciones europeas en donde Podemos defendió meridianamente bien y claro la RB gozaba de la mayor expectativa de voto: no debe ser por la RB que se está produciendo el deshinchamiento), quizás sea más empíricamente interesante, en lugar de imaginar lo que opina la gente, preguntarle lo que realmente opina. Una encuesta, por ejemplo. Y tenemos una muy reciente para contar. La encuesta se encargó a la empresa especializada en estudios de opinión pública GESOP. Se realizó entre el 13 y el 17 del pasado julio, entre una población de más de 16 años y residentes al menos un año en Cataluña. El número de entrevistas repartidas por distintas áreas de Cataluña fue de 1.600. La pregunta principal era la siguiente:
“La renta básica es un ingreso de 650 euros mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de las personas más ricas al resto de la población. ¿Estaría usted más bien de acuerdo o más bien desacuerdo que se implantase en nuestro país?”
Los resultados a esta pregunta fueron: 72,3% más bien de acuerdo, 20,1% más bien desacuerdo y un 7,6% NS/NC. Parece que no es tanta la oposición de la población a la RB. Quizás es más sensato pensar que si se explican bien las propuestas cuando se tiene los medios para hacerlo, la mayor parte de la población entiende perfectamente lo que se explica. Y si no se está de acuerdo con la última afirmación… estamos ante un problema social y políticamente muy grave que destila paternalismo rancio por todas partes.
Sigamos con los resultados de esta encuesta. Si bien todos los sectores de la población analizados estaban de acuerdo, los críticos con esta medida sobresalen entre las personas de más ingresos y los que ideológicamente están situados en el centro, el centro derecha y la derecha (apunte interesante, por cierto, para Podemos, si supiese atraparlo). Otros resultados interesantes (pueden consultarse los muchísimos datos y resultados de esta encuesta aquí) fueron que de las personas que disponían de un trabajo remunerado, el 2,9% dejaría de trabajar; y de las personas que estaban en el paro, sólo el 2,2% dejaría de buscar empleo. Parece que el sonsonete habitual de que con una renta básica incondicional la gente dejaría sus trabajos remunerados forma parte de la fantasía y del prejuicio. Una gran parte de la gente entrevistada opinaba lo contrario. Pero es que incluso hay encuestados inactivos o parados que declaran que con una RB iniciarían un proyecto personal de empleo. Cuando sumamos las horas dejadas de trabajar y las comparamos con las potenciales nuevas horas, ¡la cifra final da más actividad! y por supuesto menos paro involuntario.
Sobre la crítica que más a menudo de lo que sería sensato se lanza contra la RB de que supondría una vuelta de la mujer al hogar o cosas de tenor parecido, es interesante observar que de las personas que tienen empleo contestan en la encuesta comentada que lo dejaría un 3,1% de hombres y ¡un 1,2%! de mujeres. Solo queda el recurso de afirmar que la encuesta está mal hecha, que no se ha preguntado bien… Es una tentación particularmente atractiva cuando los resultados no coinciden con la opinión del que queda retratado. Ya se sabe que cambiar de opinión cuesta y es imprescindible una honradez intelectual que no abunda generosamente. Y por este motivo no debemos ser muy exigentes con los críticos.
El PGR está pensado para paliar la pobreza. La RB para erradicarla y para que la población trabajadora, es decir la inmensa mayoría de la población, tenga un poder de negociación que no tiene ahora. Este mayor poder de negociación es producto, como hemos insistido a menudo, del derecho que supondría, con la RB, tener la existencia material socialmente garantizada. Lo hemos afirmado en otras ocasiones, lo hemos demostrado y lo seguimos defendiendo: la RB es una propuesta más racional, más eficiente y más deseable que el PGR.
(Agradecemos a Iñaki Uribarri y Ander Rodríguez Lejarza, buenos conocedores del sistema RGI/PCV/AES, las aportaciones que nos han sugerido. La responsabilidad del artículo es completamente nuestra).
[1] Es especialmente significativo que la propia Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco (EPDS) 2014 que elabora el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales señaló que:
“Algunos aspectos estructurales plantean, sin embargo, dudas respecto al rendimiento futuro del sistema de protección.
Se detectan algunas importantes disfunciones en el rendimiento del sistema RGI/PCV/AES. La más significativa se vincula al incremento de la población en riesgo que no accede al sistema de prestaciones: de 47.542 personas en 2008 a 50.313 personas en 2012 y 56.307 personas en 2014. Este colectivo representa un 27,1% del total de personas en hogares de riesgo.
El rasgo más preocupante es que en los últimos años se acentúa, en este grupo de personas, la distancia existente entre los ingresos disponibles y el umbral de pobreza de mantenimiento. Esta distancia pasa así de 21,3% en 2008 a 24,9% en 2012 y 30,5% en 2014. La situación de este grupo de personas, caracterizado ante todo por el acceso a bajos salarios o bajas pensiones, tiende por tanto a deteriorarse en términos comparativos respecto a la población beneficiaria de la RGI.”
Ander Rodríguez Lejarza nos comenta: «Es precisamente el carácter no universal de la RGI la que ha permitido a personajes como Javier Maroto criminalizar a sus perceptores». Javier Maroto es el actual alcalde del PP de Vitoria-Gasteiz. Parte de su campaña electoral fue atacar a marroquíes, argelinos y otros inmigrantes porque «viven de ayudas que pagamos todos».
[2] Una familia de 3 o 8 miembros (matrimonio con 1 hijo o con 7 hijos o más) no cobrará más que 935,38€ mes, siendo éste el único ingreso que entraría en este hogar, y 320€ de PCV en el caso de estar de alquiler.
En cambio, gracias a las unidades “especiales” una hija de 30 años que no trabaja y que vive con sus padres que pueden tener rentas muy altas, puede cobrar por ella y su hijo (especial x menor a cargo) 845,58 € (máx. para 2) + el subsidio monoparental de 47,98 €. Esto ahora tiene un limitación en el tiempo de 2 años, es decir, que esta mujer joven constituirá UC especial máximo por 2 años.
[3] Según la última encuesta ahora disponible, Podemos no llega al 14% del voto estimado, a 13 puntos del PP, 7 de Ciudadanos y 5 del PSOE. Ya han perdido muchos votantes de izquierda, aunque si siguen en el empeño moderando más sus propuestas pueden perder hasta votantes de centro izquierda y el batacazo respecto a las expectativas posteriores a las elecciones europeas puede ser hasta demasiado cruel. Al menos nadie responsabilizará a la RB y a su “insensatez” de ser la causa de este hundimiento. Será por otra cosa. Quizás tenga más que ver con lo que hace poco más de un lustro el sutil analista italiano Marco d’Eramo dejó apuntado y que es la cita que encabeza este artículo.
