Por Darío Aranda para Página 12
Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias agrícolas. Mendoza modificó el curso de agua, algo que concluyó en 1940, con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte ordenó liberar el río, pero la medida no se cumple.
Hoy en las escuelas de La Pampa volverá a conmemorarse el “Día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre el río Atuel”, la fecha que refiere la injusticia que se mantiene desde hace casi un siglo, cuando su vecina Mendoza comenzó a modificar el curso de agua, condenó a todo el oeste pampeano a ser un zona semidesértica y obligó a migrar a miles de familias. A pesar de un fallo de la Corte Suprema, del año 1987, Mendoza sigue sin liberar el río. En 2010, la ONU determinó que el agua es un derecho humano.
El oeste de La Pampa no tenía mucho que envidiar a las fértiles tierras bonaerenses o santafesinas. Un ejemplo fue la Colonia Agrícola Butaló, creada en 1909 cuando se aprobó la mensura de diez mil hectáreas y cientos de colonos se instalaron en la próspera localidad. Durante quince años vivieron de la agricultura, con el agua que provenía del río Atuel.
Hasta 1917 el Atuel entraba a La Pampa por tres brazos principales, y dos secundarios. Ellos eran el Atuel (pasaba por atrás de Santa Isabel), el arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el más extenso, que recorría 270 kilómetros en territorio pampeano). En 1917 comenzaron a cambiar el caudal natural del río, se perdió el brazo principal del Atuel. En la década del 30 comenzó el corte del brazo Butaló y, en la década del 40, el gobierno nacional construyo el dique El Nihuil en Mendoza, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda, que era el último que quedaba.
“El río robado destruyó los humedales y determinó el exilio ambiental de miles de pampeanos. La ausencia del Atuel vulnera derechos humanos esenciales a los habitantes”, dijo Laura Romero, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Algunas de las localidades afectadas son Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Aguila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gobernador Duval y 25 de Mayo, entre otras.
Por la demanda de asambleas socioambientales y docentes, los ministerios de Cultura y Educación, y la Secretaría de Recursos Hídricos establecieron que todos los 21 de octubre se incorpore al calendario de la provincia el “Día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel”. Entre los objetivos figura el fortalecer en el tiempo los criterios de preservación, cuidado, racionalidad en los usos y sustentabilidad para beneficio de las futuras generaciones.
En la Escuela 7 y en el Colegio Leuvucó de Victorica comenzaron las actividades el 16 de octubre. Los alumnos marcharon por las calles de la localidad. “Tenemos derechos y queremos justicia. Que nos devuelvan el Atuel”, resumía un cartel celeste con letras negras. Maestros, alumnos y familias caminaron alrededor de la plaza principal. La consiga fue “luchemos por nuestros ríos”.
Hoy, la Escuela 4 de Santa Rosa trabajará en todos sus grados los aspectos históricos y de actualidad, y también realizará una manifestación en la calle Almirante Brown, con acciones artísticas, lecturas y entrega de información. El sábado pasado, en Santa Isabel, 25 de Mayo, Pedro Luro y La Adela, la Multisectorial de los Ríos (reúne a asambleas, organizaciones sociales y sindicatos) realizó cortes informativos simultáneos en cinco rutas de la región, en reclamo por el uso compartido de los ríos Atuel, Salado y Colorado.
En 1949, la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación resolvió que se debía entregar aguas del río Atuel a La Pampa. Mendoza negó durante décadas la interprovincialidad del Atuel, pero lo reconoció en 1987, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en favor de La Pampa, y exhortó a las provincias a celebrar convenios para una participación equitativa del agua. “Nunca se concretó el mandato de la Corte porque Mendoza se negó a cumplir el fallo”, explicó Romero y remarcó que los distintos gobiernos nacionales “aceptaron pasivamente” el accionar mendocino.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a Nación, un convenio que establecía un caudal mínimo para La Pampa. Pero no se cumplió.
En 2011 un abogado pampeano presentó una nueva denuncia contra Mendoza, que actualmente tramita en la Corte Suprema. Y en 2014 el gobierno provincial presentó una demanda judicial en la que reclama un caudal mínimo y un resarcimiento económico. En agosto pasado, luego de una presentación en la Corte Suprema, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, señaló que La Pampa “nunca acreditó el daño” sufrido. Y argumentó que Mendoza tiene derecho a regar 75.771 hectáreas y que solo lo hace en 50 mil “por la falta de agua”. Los dichos del gobernador retumbaron como un agravio en La Pampa, que exige que el agua llegue al oeste provincial.
