Esta demanda de Ecologistas en Acción se refiere al accidente nuclear, ocurrido el 17 de enero de 1966 en Palomares (Almería-España), cuando tras un choque de dos aviones militares estadounidenses, cayeron cuatro bombas atómicas que transportaba uno de ellos sobre dicha localidad. La dictadura franquista de la época ocultó la información, presionada por el gobierno norteamericano, no reconociendo las consecuencias ni indemnizando a las víctimas.
La organización ecologista solicita que no se hagan nuevas infraestructuras para evacuar la tierra contaminada de Palomares y que se usen los puertos más cercanos. También insiste en la necesidad de hacer públicos los términos del acuerdo de España con EE UU.
Según lo que se ha podido leer en la prensa nacional, la solución dada para sacar la tierra con radiactividad de esta localidad almeriense no es otra que hacerlo por el puerto Cartagena, que se encuentra a más de 100 km de la zona contaminada con plutonio y americio. Sin embargo, existe un puerto perfectamente capaz de acoger dicha carga a tan solo 10 km de Palomares: el de Garrucha. Y a poco más de 30 km existen dos puertos más, también aptos, en Carboneras.
La propuesta de gastar cientos de millones de euros en construir una nueva carretera para evacuar los residuos por Cartagena es insensata. Además, se hace sin consulta ni información a los representantes municipales de los pueblos afectados ni a los gobiernos autonómicos murciano y andaluz. Ecologistas en Acción piensa también que esta propuesta se ha hecho sin consulta al Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo clave a la hora de la gestión de los suelos contaminados por radiactividad.
La propuesta de construir una carretera Palomares-Cartagena constituye un despropósito que no se basa en un estudio riguroso y científico sobre la gestión y el transporte de estos residuos. La construcción de una nueva carretera en esta zona afectaría al menos a seis espacios Red Natura 2000, protegidos por la UE en Almería y Murcia.
Ecologistas en Acción no ve ningún motivo justificado para trazar una nueva infraestructura, de tantos kilómetros, tanto coste y su consiguiente impacto ambiental, ignorando, en primer lugar, puertos más cercanos y, en segundo lugar, infraestructuras infrautilizadas. Desde luego, justificar una actuación tan despilfarradora exigiría explicaciones claras y bien fundamentadas. Si estas no existen, todo indica que nos encontramos ante una nueva maniobra especuladora y especulativa.
La estimación que se ha publicado del presupuesto necesario para llevar a cabo la limpieza, 640 millones de euros, también es claramente desproporcionada. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) evaluó el coste de la limpieza de los terrenos en unos 30 millones. No parece sensato que el transporte y el almacenamiento de los residuos suponga más de 600 millones de euros. Salvo si se quiere aprovechar la nueva carretera de la que se habla para servir a otros fines no explícitos.
Por ello Ecologistas en Acción ha presentado una solicitud de información dirigida a los Ministerios de Medio Ambiente, de Fomento y de Exteriores y una solicitud de pronunciamiento ante el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) para que se disipen estos rumores que tanto daño pueden hacer a la culminación satisfactoria del acuerdo entre EE UU y España. La sociedad almeriense y española lleva 50 años esperando a la limpieza de los suelos contaminados radiactivamente. Hagámoslo correctamente.
