Las víctimas del Apartheid piden justicia en Sudáfrica

Dos décadas después del final formal del Apartheid, la mayoría de los sudafricanos siguen enfrentando cada día la violencia, la pobreza y la segregación. Entre ellos, los numerosos supervivientes de aquellos años continúan además resistiendo a los impactos psicosociales derivados de las atrocidades sufridas y al olvido por parte del Estado. Hace 20 años un pequeño grupo de ellos se unió para formar el Grupo de Apoyo Khulumani –hoy la mayor organización de víctimas del país–, brindarse apoyo mutuo y exigir al Gobierno verdad, justicia y reparación.

Un asunto sin cerrar

Esta lucha de los supervivientes, tan viva hoy como entonces, es una respuesta frente a las limitaciones del sistema de Justicia Transicional implementado en Sudáfrica entre 1994 y 1999 –el período de gobierno de Nelson Mandela– y al abandono de quienes más duramente sufrieron las consecuencias del Apartheid. Una pieza clave de este proceso fue la Comisión de Verdad y Recon­ci­lia­ción, que trabajó entre 1995 y 1998.
La comisión fue creada con los objetivos expresos de ayudar a la reconciliación nacional, desvelar toda la verdad sobre las innumerables atrocidades cometidas, otorgar o denegar la amnistía a los perpetradores de éstas y realizar recomendaciones en materia de reparación y rehabilitación para los supervivientes. Recogió el testimonio de 22.000 víctimas y 7.000 victimarios, otorgando la amnistía solicitada a 849 de ellos. En sus sesiones, televisadas a todo el país, se reconoció la responsabilidad del Estado sudafricano y de los ejércitos de liberación en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Su informe final recogió un conjunto valiosísimo de recomendaciones en materia de reparación y reconciliación.

Sin embargo, a pesar de estos datos y de los esfuerzos de sus comisionados, aquélla no tuvo los resultados anunciados y excluyó a la mayoría de los supervivientes. Como denunció Khulumani en 1996, en muchas áreas rurales y urbanas del país no llegó nadie para informar o tomar testimonio. En otros casos, las amenazas, la desinformación o la disuasión por parte de los poderes locales limitaron la participación de las víctimas. Como consecuencia de esto, la mayoría quedaron excluidas del derecho de reparación y rehabilitación al no ser considerada víctima ninguna persona que no testimoniase como tal ante la comisión. Al mismo tiempo, la mayoría de los perpetradores, y en especial los agentes policiales, militares y paramilitares vinculados al régimen del Apartheid, no participaron en las audiencias. Muy pocas personas rompieron filas para testificar y muy pocas de aquellas a quienes se denegó la amnistía fueron posteriormente juzgadas.

Según Marjorie Jobson, presidenta de Khulumani, el compromiso en este proceso consistía en que los perpetradores que desvelasen toda la verdad sobre sus actos, siendo éstos proporcionados y de carácter político, lograrían la amnistía, mientras que las víctimas obtendrían toda la verdad sobre los hechos y reparación por los daños sufridos. Casi veinte años después, no obstante, los supervivientes siguen exigiendo una reparación digna y la mayor parte de la verdad sobre aquellos años sigue silenciada. Los testimonios de muchos victimarios se limitaron a los hechos ya conocidos públicamente o fueron adaptados para solicitar la amnistía. “En este país se ha negado la mayor parte de la verdad a la gente. El mundo entero cree que fue una cosa maravillosa, pero en realidad todo fue diseñado para cumplir las condiciones que los perpetradores necesitaban para ser exculpados”.

Unido a todo ello, el mandato de investigación de la comisión se limitó a las grandes violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 1994, omitiendo el gran despojo colonial del territorio y sus recursos, cuyas consecuencias siguen intactas. La reducción de la investigación a los actos individuales excluyó del proceso otras acciones sistemáticas como el desplazamiento forzado de millones de personas o el encarcelamiento de cientos de miles por no portar los pases necesarios para transitar por las áreas reservadas para “europeos”. Los crímenes de guerra contra las mujeres estuvieron también en su mayoría ausentes de los testimonios y del informe final.

Las transiciones políticas como la sudafricana son procesos largos, complejos y permeados por las luchas de poder. En este caso, la herencia del mismo sistema judicial que condenó a cientos de miles de personas durante el Apartheid, la falta de capacidad y atribuciones de la comisión para investigar, la falta de colaboración de policías y militares, el clima de guerra civil que se mantuvo en algunas regiones del país hasta 1999 o la destrucción hasta el año 1996 de numerosa documentación oficial, garantizaron el mantenimiento de la estructura de poder económico en el país y la ausencia de responsables. Para Marjorie Jobson, además, el proceso de Justicia Transicional fue muy limitado porque muchos miembros de las organizaciones que lucharon contra el régimen de segregación racial fueron al mismo tiempo agentes del Apartheid o responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Hablando claro

“Las víctimas fueron tratadas como objetos de caridad”, denuncia Job­son. En 2003 el Gobierno de Su­dáfrica concedió una indemnización exclusiva para las víctimas reconocidas por la comisión de 30.000 rands (unos 4.000 dólares), muy por debajo de la cantidad recomendada en su informe final. Hoy Khulumani (“hablando claro” en zulú) sigue luchando en las calles y en los tribunales contra el Gobierno exigiendo la apertura de la lista cerrada de víctimas fruto del proceso de transición democrática, así como una reparación digna para todas ellas, incluyendo una indemnización suficiente y medidas de rehabilitación médica y psicológica para los casos necesarios.

La organización también lucha por conseguir una redistribución de la enorme riqueza del país, una vida digna para todos los sudafricanos, especialmente aquellos históricamente excluidos por el color de su piel, y por el reconocimiento del importantísimo papel de las víctimas para la sociedad.