Amnistía Internacional Argentina presentó un detallado informe relevando 183 conflictos que afectan a los pueblos originarios de todo el país. Una producción útil para conocer y comprender la lucha de las comunidades indígenas.
El informe, elaborado en colaboración con otras 6 organizaciones, fue presentado en formato de página web y se apoya en un mapa de actualización periódica donde pueden ubicarse geográficamente los casos y acceder a su descripción. Según su característica principal, fueron agrupados como territoriales, ambientales, de violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización.
Introducción
“La población indígena en Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país. (…) Por la usurpación de sus territorios a partir del siglo XIX y el despojo de sus tierras y recursos, los indígenas fueron condenados a vivir en situaciones de extrema pobreza, lo que derivó en otras formas de exclusión social.”
Así comienza Darío Aranda el primer apartado del documento, donde se consignan los más de 30 pueblos originarios reconocidos por el Estado y su activo protagonismo en el momento actual.
“En las últimas dos décadas el país experimentó una profundización del extractivismo (megaminería, petróleo, forestales y agronegocios, entre otros) y de obras de infraestructura complementarias (represas, carreteras, gasoductos) que ubicó a pueblos originarios y campesinos como actores protagónicos en la defensa de los territorios y en la propuesta de otro modelo de desarrollo.”
Derechos
Todos los conflictos relevados tienen un nutrido respaldo legal. Sin embargo “existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación.”
El informe de Amnistía hace un valioso aporte al resumir la legislación de referencia, permitiendo comprender la legitimidad de los reclamos indígenas y la evidente violación de esos derechos consagrados. La sección se complementa con el glosario, que define y aclara términos importantes para la comprensión del tema.
Los casos
Los 183 casos consignados “son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes. Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan.”
Hay 6 casos que se destacan como emblemáticos, son detallados con abundante información e invitan a la firma de un petitorio para acompañar los reclamos.
APA Prensa
Disputa por la ciudad sagrada de los Quilmes. Un espacio de referencia para la historia de los pueblos indígenas y que además cuenta con gran potencial turístico. Un empresario local fogonea desde hace años disputas para quedarse con ese lugar. Incluso, vulnerando fallos judiciales, impulsó desalojos y hechos de violencia contra la comunidad. El último, en enero de 2015.
Foto ENOTPO
En 2009, el miembro del pueblo diaguita Javier Chocobar fue asesinado a tiros cuando se encontraba junto con otros comuneros defendiendo pacíficamente su territorio contra un terrateniente que aducía ser dueño del lugar. Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, el juicio no tiene aún fecha de comienzo.
Foto Amnistía
El Estado provincial realizó una obra de infraestructura (una ruta) e inundó parte del territorio pilagá. No existió consulta a la comunidad ni consentimiento. La Provincia dictó una ley que declara de dominio público el Bañado, afectando arbitrariamente las tierras comunitarias protegidas constitucionalmente. Amnistía Internacional realizó un informe detallado denunciando el hecho en 2010.
La primavera (Potae Napocna Navogoh)
El conflicto data de 1985, cuando no se entregaron correctamente las tierras cedidas por decreto en 1940. En 2010 el conflicto se reinició, con corte de rutas y una represión el 23 de noviembre de 2010. Hasta el momento no se han entregado las tierras y se encuentra latente un litigio ante la CSJN. Se sucedieron hechos que terminaron con la vida de integrantes de la comunidad. Se ha transformado en un caso paradigmático por la violencia contra la comunidad y la lucha por la recuperación del territorio.
Foto Confederación Mapuche de Neuquén
La explotación de la formación petrolera Vaca Muerta, asentada en parte sobre territorio de la comunidad indígena Lof Campo Maripe, y la falta de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado desencadenaron en un conflicto por la reivindicación de los derechos de las más de 27 comunidades indígenas que habitan en la zona.
Foto Darío Martínez
Relmu Ñamku, dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche, se encuentra procesada por tentativa de homicidio tras intentar resistir un desalojo injusto de su territorio ancestral. El uso de la herramienta penal para amedrentar, amenazar, intimidar y acallar los reclamos de los pueblos originarios es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y compromete la responsabilidad del Estado nacional.
Final abierto
El informe termina invitando al lector a compartir casos no contemplados y a firmar un petitorio que reclama una respuesta integral a este problema. Porque como demuestra el trabajo, pese a que en Argentina se reconocen los derechos humanos de los pueblos originarios en un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales, “persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.
