A tres años de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, diversos activistas y organismos han coincidido que el panorama en materia de derechos humanos es negativo, en donde además de que México padece la peor crisis en el rubro, la administración federal ha emprendido una estrategia de simulación con la que pretende aparentar a nivel internacional que hace todo por garantizar el ejercicio de las garantías.
Al respecto, Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, enfatizó que a la mitad del gobierno peñista el escenario de derechos humanos es peor que con Felipe Calderón, pues las violaciones a los derechos humanos en estos tres años ya superan en cantidad a lo registrado en toda la administración panista de 2006 a 2012.
Francisco Cerezo habló con Revolución TRESPUNTOCERO sobre el panorama que se vislumbra a la mitad de la gestión priista en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Subrayó que a tres años ha quedado en evidencia que los derechos humanos no son una prioridad para el Estado mexicano.
“Según la documentación de violaciones a DD.HH., en 3 años Enrique Peña Nieto ha acumulado más casos de violaciones que todo el sexenio de Calderón. Por ejemplo, en detenciones arbitrarias documentamos mil detenciones con Calderón y con EPN en tres años ya llevamos más de 1,200, entonces lo que nos está indicando en cuestión de documentación, de cifras reales, es que los DD.HH. no son una prioridad para el Estado mexicano”, manifestó.
De cara a la segunda mitad del gobierno peñista, Cerezo expresó que el panorama no es alentador, puesto que los índices de violaciones a los derechos humanos continuarán, entre otras cosas, por la profundización del modelo neoliberal en el país. Cabe recordar que en fechas recientes Peña Nieto pidió a legisladores del PRI y PVEM “aprobar los pendientes” además que en el Congreso se encuentran en lista discusiones importantes como la Ley General de Aguas y lo relativo a la universalización del sector salud.
Además de lo anterior expuso que la militarización del país se incrementará, y que el uso de las fuerzas castrenses como herramienta para desarticular la organización social se verá de forma más abierta.
“Se va a incrementar la violación generalizada (de DD.HH.) en todo el país, no sólo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, sino la profundización de la política neoliberal va a generar violaciones graves en todos los aspectos, inclusive la pobreza misma es una violación grave a los DD.HH.
“La militarización va incrementarse y va a ser cada vez más abierta la participación del Ejército para inhibir e incluso aniquilar el movimiento social, es decir (por) la gente que de manera organizada expresa su descontento sobre la situación que vivimos en México, al Estado mexicano no le está quedando de otra más que usar directamente a las fuerzas armadas”, apuntó.
Cerezo indicó que el Estado mexicano, a través de la militarización, le apuesta a propagar un clima de terror en aras de frenar la organización social. Dijo que si bien hay descontento social, no necesariamente se debe esperar un “estallido”.
“Siempre va a ver descontento social y seguramente en algunos lugares habrá mayor descontento e inclusive desesperación de algunas comunidades y organizaciones, sin embargo eso no necesariamente trae un estallido social (…) El Estado mexicano con la militarización, con todas las reformas, lo que ha generado es un clima en donde querer organizarse ya es detenido desde antes, (infringiendo clima de terror) con toda las desapariciones, ejecuciones, con la detención arbitraria”, expuso.
El coordinador del Comité Cerezo señaló que hoy en día se vuelve fundamental la documentación de los casos de violaciones a los derechos humanos, pues ante el intento de simulación que ha emprendido el gobierno, es importante demostrar que en México si se presentan esta clase de hechos.
“Desde los DD.HH. tenemos que seguir documentando para mostrar que en México sí están sucediendo estas cosas. Por ejemplo, ahora que viene la ley de desaparición forzada el Estado mexicano ni siquiera quiere reconocer que existe ese fenómeno en México, su misma ley es sólo para personas no localizadas, lo cual está ocultando la responsabilidad del Estado en la desaparición de mucha gente.
La documentación nos va a permitir evidenciar ante la opinión internacional y nacional que en México se violan DD.HH. y no puedan decir que somos mentirosos o que los defensores de DD.HH. lo único que queremos es dejar en mal al gobierno mexicano (…) Yo creo que (el gobierno ha sido) autoritario desde antes. Lo que sí pensamos, con la documentación, es que EPN va a apostar a la represión masiva en contra de su propio pueblo, porque privilegia la ganancia económica de las grandes empresas”, finalizó.
El Estado trata de invisibilizar la crisis
Para Blanca Martínez, coordinadora de la región norte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED TDT), el Estado mexicano ha adoptado la postura de tratar de invisibilizar los agravios y la violencia generada en el actual contexto de “guerra contra el narcotráfico”. Además reiteró que el Estado mexicanos ha echado a andar una estrategia de simulación para aparentar que se preocupa por el ejercicio de los derechos humanos.
En este sentido dijo que la crisis de seguridad y la violencia desatada es algo que afecta a toda la población en general, por lo que desde la perspectiva de los organismos defensores, la posición debe ser activa y no esperar que se presenten los embates de inseguridad contra los sectores que acompañan o a los propios colectivos.
“La estrategia del Estado de simular, de invisibilidad, de jugar con cifras de manera perversa, por las víctimas de esta guerra que vivimos desde hace varios años, lo único que abona es a la impunidad y al establecimiento de un Estado antidemocrático, fascista, con características de aniquilación del pueblo mismo; la función del Estado mismo se diluye en este momento que vivimos.
Las tendencias que nosotros vemos es cómo los procesos de los pueblos están siendo permanentemente victimizados por los diferentes fenómenos de inseguridad que se dan en el día a día. Nos preocupa de manera particular todas las violencias estructurales, sistémicas, que de por sí viven nuestro pueblos, pero que ahora se suma esta crisis de seguridad que está implicando más de 26 mil personas desaparecidas, según dato oficial de Gobernación”, indicó.
Martínez habló sobre las dimensiones de la crisis actual de derechos humanos. Dijo que tomando en cuenta que los 26 mil desaparecidos reconocidos por el gobierno federal son estimaciones con base a denuncias, la cifra podría incrementarse exponencialmente si se toma en cuenta que sólo 1 de cada 10 delitos se denuncia.
“Si retomamos la variable de que de 10 delitos cometidos sólo uno se denuncia, estaríamos hablando que con el dato oficial de que se denuncia sólo 1 de cada 10 desapariciones, estaríamos hablando cerca 200 mil desapariciones en el país, estaríamos hablando de más de 200 mil ejecuciones extrajudiciales en menos de 10 años, estaríamos hablando de una cifra indeterminable de feminicidios y de desplazamiento forzado por la violencia y por la implementación de megaproyectos que están acorde a las reformas estructurales cuyas fuente fundamental son violatorias a los DD.HH.; se legaliza la violación a los DD.HH. con toda las reformas”, dijo.
Aunado a lo anterior enfatizó que el reto para México es combatir la impunidad. Además retomó el ejemplo del pueblo guatemalteco y dijo que será tarea de la sociedad mexicana llevar a juicio a los gobernantes.
“La impunidad sigue siendo el reto, la tarea y el enemigo a vencer (…) retomando el ejemplo del pueblo guatemalteco que acaba de llevar a juicio a su presidente, es responsabilidad del pueblo exigir a los gobernantes que rindan cuentas, y la única manera de contener la impunidad y generar un verdadero Estado de derechos es logrando que la justicia se haga presente para nuestros pueblos que han sido victimizados de manera dramática”, sentenció.
