Esteban Rodríguez Alzueta habló acerca de la posibilidad de que las fuerzas policiales tengan su sindicato.
El magíster en Ciencias Sociales e investigador de la Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, dialogó con Agencia Paco Urondo acerca de la posibilidad de que la policía tenga representación gremial.
La semana pasada, en La Plata se llevaron a cabo diversas movilizaciones tras dos nuevos casos de violencia institucional. El autor de “Temor y Control” también habló de las rutinas policiales contribuyen a que cometan este tipo de crímenes.
APU: ¿Qué opinás de la sindicalización policial?
Esteban Rodríguez Alzueta : Yo soy parte de la Campaña contra la Violencia Institucional, entonces, en realidad pienso a la sindicalización en el marco de la violencia policial. Me parece que otras de las maneras de empezar a poner en crisis la violencia institucional es a través de esa sindicalización. Para desandar esas rutinas institucionales violentas hay que procurar que el policía se piense como parte de la sociedad civil. Es decir, que empiece a pensar en el ciudadano, no como un enemigo que se encuentra en la vereda de enfrente, sino como un interlocutor.
Me parece que para comenzar a pensar esa interlocución, para que el policía deje de pensar a la sociedad como el lugar de los problemas e incluirse, uno tiene que reconocerle, no solamente su status ciudadano sino también reconocerlo como un trabajador. Y una manera de reconocer ese status es a través del reconocimiento de su derecho a organización, para darle también visibilidad a los conflictos que pudieran llegar a tener, como cualquier trabajador.
Es decir, un policía, es un servidor público como puede serlo un médico o un enfermero. El hecho de que tenga un arma que deba portar en determinado momento de su trabajo, no significa que tenga un status que lo diferencie del resto de los ciudadanos.
APU: Respecto de los casos de violencia institucional: ¿Qué prácticas contribuyen a que la impunidad policial muchas veces persista?
ERA: Hay algunas prácticas policiales que blindan la impunidad policial, que garantizan la impunidad policial. Esas prácticas tienen que ver con el espíritu de cuerpo, con los códigos de silencio y esa organización que se dispone en función de la obediencia debida. Esa estructura piramidal que hay que comenzar a poner en crisis.
Si nosotros hablamos acerca de que, muchas veces, los policías tienden a corporativizarse, en gran medida se explica con esta estructura piramidal que es un resabio de otras épocas. A mí me parece que una de las maneras de empezar a ponerla en crisis es a través de la sindicalización. Me parece que los trabajadores de las fuerzas de seguridad tienen que tener la posibilidad de denunciar a sus jefes que, hoy en día, lo tienen prohibido.
Recuerdo que el 0800 que había habilitado la gestión de Nilda Garré para denunciar casos de violencia policial era utilizado por los mimos policías para denunciar a sus jefes porque estos no tenían, tampoco, marcos para hacerlo. Entonces a mi me parece que la sindicalización es una de las maneras de empezar a pensar, a poner en crisis, esa estructura piramidal con todas las prácticas que esto implica: los códigos de silencio, el espíritu de cuerpo y la obediencia debida que blinda, de alguna manera, la irresponsabilidad para los jefes y garantiza la impunidad policial.
APU: Has planteado la necesidad de que los detenidos se organicen: ¿De qué se trata esto?
ERA: Me parece que también los presos tienen que tener el derecho a organizarse. Siempre digo que los derechos no son regalos de navidad, que encontramos en el arbolito; los derechos son conquistas sociales y la misma movilización, que es necesaria para poder conseguirlos, es la que se necesita después para poder aplicarla.
Me parece que la mejor garantía para su ejercicio no son las oportunidades en las que intervengan las organizaciones de derechos humanos, porque éstas no tienen tampoco la capacidad para estar en todos lados al mismo tiempo. Esa organización hay que tratar de construirla al interior de los presidios y espacios de encierro por parte de los propios presos. Son los propios presos los que tienen que organizarse.
Por supuesto que, de alguna manera, una de las mayores dificultades que tienen los presos a la hora de organizarse es la famosa “calesita”, que son los traslados de los que dispone el servicio penitenciario para, también, disciplinar a aquellos que no se resignan a aceptar lo que les tocó.
Me parece que, en todo caso, una de las tareas de las organizaciones de derechos humanos, conjuntamente con el funcionariado de turno, tiene que ser empezar a poner en crisis esta rotativa; esta circulación permanente a la que se ven afectados determinados presos. Porque no es casualidad que – muchas veces- son los que, de alguna manera, intentan organizar a sus compañeros para reivindicar y hacer valer los derechos que tienen.
APU: En tu último libro, “Temor y Control”, hablás de una continuidad en la relación entre la construcción del miedo y los dispositivos de control: ¿cómo creés que va a ser la policía bonaerense de la próxima gestión?
ERA: Lo primero que hay que decir es que la política es abierta; no está cerrada. Es decir, falta poco tiempo, pero, en realidad, todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace. Además, la política argentina se dirime, en gran parte, en coyunturas y en crisis coyunturales, es una gran caja de pandora. Entonces, resulta demasiado apresurado aventurar lo que pueda llegar a pasar.
Pero, cuando uno dice que “los gobiernos pasan y la policía permanece”, lo que uno está queriendo señalar es que las permanencias y continuidades de determinadas prácticas brutales, discriminatorias, selectivas; que definen la praxis policial. No se explican en la pasión autoritaria que pueda imprimirle tal jefe o tal cúpula al resto de las agencias; sino que también se explican en esas prácticas, con rutinas más o menos informales, que posicionan a los actores a replicar determinadas conductas en el momento en que son emplazados en esos lugares.
Es decir, los policías son objetos de prácticas que no controlan, prácticas que no decidieron y que tienden a replicar. Eso no significa que, eventualmente, para quien cometiese un acto ilegal no haya que pensar ningún tipo de reproche judicial. Significa entender que la violencia policial tiene que ser judicializada, hay que discutirla, ponerla en crisis; pero es algo que reclama una reforma integral porque supone tocar el grueso y poner en crisis esas rutinas institucionales que se vienen repitiendo durante generaciones y que, de alguna manera, disponen a los policías y llevan a hacer lo que, muchas veces, estos tampoco quisieran para su rol.
