El secretario de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Emilio Pérsico, en representación del ministro Carlos Casamiquela, firmó hoy con un Convenio Marco de Cooperación con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martin Fresneda, a fin de profundizar políticas comunes en situaciones de conflicto territorial donde se encuentren involucradas comunidades campesinas e indígenas y agricultores familiares.
«El conflicto por la tierra en la Argentina es una lucha desde hace mucho tiempo», afirmó el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, al diferenciar tres etapas históricas, «la del imperio contra los pueblos originarios; la de la oligarquía contra los gauchos; y por último, la invasión del mercado contra los productores, donde se buscó una agricultura sin productores».
El secretario de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Emilio Pérsico, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martin Fresneda.
El secretario de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Emilio Pérsico, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martin Fresneda.
Además, Pérsico destacó que «como bien plantea nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las luchas por los derechos es una reposición de los derechos que han sido robados», y señaló que «coincidimos con Daniel Scioli en que hay que seguir construyendo sobre lo construído, por eso queremos volver a ser un país agropecuario con un millón de productores en el campo».
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda, celebró que «en buena hora estos conflictos pasan a tener relieve, porque permanecieron oprimidos durante muchos años y ahora tienen al Estado como receptor».
El acuerdo implica brindar un marco institucional apropiado para la implementación de acciones y estrategias comunes, que desde 2012 vienen realizando las partes para el abordaje e intervención en situaciones de conflicto territorial.
El convenio prevé el diseño conjunto de protocolos de intervención en los conflictos para los actores (técnicos) involucrados, la elaboración de un mapa de conflictos con el aporte de la experiencia territorial de ambas áreas, la conformación conjunta de una Red Pública con los referentes territoriales, la implementación de estrategias de prevención en las zonas de conflictos crónicos, servicio de asesoría jurídica y patrocinio letrado en los territorios, entre otras funciones subsidiarias.
Vale mencionar que las políticas en defensa de la tierra, la vida, la biodiversidad, así como el reconocimiento del derecho y las buenas prácticas que requieren los sistemas productivos donde conviven los pueblos indígenas y las comunidades campesinas forman parte de las políticas públicas actuales del estado Nacional, e implican un compromiso indeclinable en la conformación de la concepción de la naturaleza en comunión con la sociedad.
Un Comité Asesor, integrado por un representante de cada parte, será encargado de proponer los planes de trabajo que tiendan al logro de los objetivos y llevar a término las acciones conjuntas necesarias para alcanzar las metas del presente Convenio.
El encuadre jurídico del Convenio contempla en principio, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Asimismo, está en consonancia con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de los campesinos se integra por tratados internacionales sobre derechos humanos.
Durante la jornada, que se desarrolló en el salón microcine de la cartera agropecuaria nacional, estuvieron presentes organizaciones de agricultores familiares y pueblos originarios, además de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar y de la Secretaría de Derechos Humanos.
