1ra parte.

Una colaboración de Sofía Jarrín Hidalgo / Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Las nuevas estrategias de integración física suramericana encabezadas por organismos supranacionales como UNASUR/COSIPLAN y la CELAC, tienen entre sus objetivos dar continuidad a la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA-. El artículo actual, busca establecer un debate que interpele cuáles son los conceptos fundacionales que motivaron la creación de la iniciativa y a qué tipo de visiones de desarrollo responden estas estrategias. Así también, se identifica a los actores económicos que se han beneficiado de los proyectos de infraestructura y cuáles son los impactos socioambientales que se derivan de la implementación de la IIRSA.

Mirada retrospectiva de la integración en infraestructura

Los hechos históricos que marcaron significativamente el escenario sociopolítico mundial en los años noventa y principios del siglo XXI, estuvieron precedidos por la caída del muro de Berlín, la crisis del fordismo y por las asimetrías sociales y económicas en la población, que particularmente, se reflejan en la realidad Latinoamericana y que hoy en día la ubican como la región más desigual a nivel planetario. A partir de estos hitos históricos, se impulsó la creación y adopción de políticas regionales que bajo la tutela de Norteamérica, buscaron introducir reformas de ajuste estructural-privatizadoras que permitiesen consolidar el neoliberalismo en la región.

Este propósito se efectivizó con la firma de cartas de intención entre los estados latinoamericanos y el Fondo Monetario Internacional –FMI–, con la expectativa de alcanzar la “deseada” estabilización macroeconómica, en so pena de la reducción del consumo general del mercado interno, y sujetándose a la agenda impuesta por las directrices del Consenso de Washington de 1989.

Enmarcadas en estas directrices, diferentes Instituciones Financieras Internacionales –IFIs- como el FMI, el BancoMundial –BM- y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, fueron promotoras de procesos de integración latinoamericanos cuyos objetivos planteaban expandir y fortalecer el libre mercado, mediante intentos de consolidar Tratados de Libre Comercio bilaterales o multilaterales, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN- y el Área de Libre Comercio de la Américas -ALCA-. Este último no se consolidó por diferentes procesos de acción colectiva de movimientos sociales que se oponían a las políticas de corte neoliberal, evitando así, la adhesión de los estados latinoamericanos para su implementación.

No obstante, la influencia de la agenda neoliberal de los años noventa se cristalizó en proyectos de integración regional que permitían garantizar la instalación efectiva y física de áreas de libre circulación de mercancías. Prueba de ello, en el año 2000, se crea la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana –IIRSA-, propuesta motivada por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, la Corporación Andina de Fomento –CAF- y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata -FONPLATA-. Para lograr los objetivos de la integración, estas instituciones financieras elaboraron un plan de acción sustentado en Ejes de Integración del Desarrollo –EID-, los cuales vienen a ser “(…)franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales (…)”, los que a su vez permiten “(…) identifican los requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (IIRSA, 2015).

Ahora bien, en el período comprendido entre el año 2000 al 2010, la idea de la integración se fortaleció por la aparición de procesos sociopolíticos regionales, que se caracterizaron por la presencia de gobiernos catalogados como “progresistas” en países como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y que ganaron protagonismo a partir del uso de discursos post-neoliberales que planteaban, entre otras cosas, recuperar la soberanía del Estado y su rol como agente regulador de la economía.

Frente a estos cambios sociopolíticos se impulsó la creación de mecanismos de integración supranacionales como el ALBA (2004), UNASUR (2008) y recientemente CELAC (2010), a partir de los cuales se conformó el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (2009), instancia que se acoge a la estructura y ámbito de aplicación de la UNASUR, y que tiene por finalidad dar continuidad a los proyectos emblemáticos de la IIRSA. Asimismo, esta tendencia se mantiene en la propuesta de integración de la CELAC, organismo que introduce en su agenda de trabajo la necesidad articular a los cinco ejes de desarrollo de la región, estrategias de implantación de proyectos de infraestructura y conectividad.

(…mañana 2da parte)