Las movilizaciones sociales de estos últimos años en Chile han hecho que hoy discutamos la posibilidad de transitar desde una educación administrada por el mercado hacia una que sea entendida como un derecho. Esta posibilidad tiene una enorme relevancia para el futuro del país, qué duda cabe, cuando se trata de la educación, pero también autoriza a pensar un país distinto, con una sociedad más solidaria y menos individualista, un Estado al servicio de todos y no de unos pocos.
Lamentablemente el gobierno ha hecho todo lo posible -consciente o inconscientemente- para que las demandas levantadas por la sociedad se confundan y tergiversen. El año pasado nos intentaron convencer que entregar cuantiosos recursos a la educación particular subvencionada era beneficioso para la educación pública y este año nos dicen que instituciones de educación superior controladas por grupos empresariales son públicas y que recursos distribuidos a través de mecanismos competitivos son gratuidad.
Pero además esta confusión sumada a la obsesiva terquedad de reducir la cuestión educacional a platas más o platas menos, significa desafíos y amenazas para los actores sociales e institucionales que han defendido el interés ciudadano por acceder universalmente a una educación pública, gratuita y de calidad. El principal riesgo del actual escenario es caer en el corporativismo de los intereses particulares y parciales en que cada actor defiende su propio feudo.
La educación privada no es pública -por definición- pero tampoco necesariamente lo es la educación estatal. Es más, me atrevería a decir que hoy la educación superior estatal no es pública. El Estado desde hace 40 años se ha venido transformando en un agente fundamental para el funcionamiento del mercado. Basta ver la enorme cantidad de recursos que se destinan al funcionamiento de la salud privada, a la concesión de obras de viabilidad, a garantizar los créditos de bancos en el financiamiento estudiantil.
Esos son solo algunos ejemplos de cómo el Estado garantiza con sus propios recursos los negocios privados. Nuestro empresariado criollo, tan “emprendedor”, teme al riesgo, a la “incertidumbre”, y exige al Estado garantizar su propia acumulación de riquezas. Pero eso no es lo peor: el Estado recauda esos recursos a través de nuestros impuestos, principalmente el IVA, impuesto regresivo que tiene un efecto injusto en la distribución económica. Así, en educación, por ejemplo, el Estado obtiene recursos mediante mecanismos regresivos para luego financiar instituciones cuyas juntas directivas lucran en vez de garantizar calidad. Más Estado no es menos mercado, qué duda cabe.
Lo público es lo democrático, lo que no tiene dueño, aquel lugar al que todos concurrimos como iguales. Está al servicio y a la vez es responsabilidad de todos. Las juntas directivas de instituciones privadas que hacen y deshacen a su antojo no serán nunca públicas. Lamentablemente instituciones de calidad como la Universidad Diego Portales mantienen una junta directiva empresarial con potestades ilimitadas sobre la universidad. En cuanto a las universidades estatales, 40 años de autofinanciamiento han obligado a estas instituciones a adoptar lógicas internas de mercado y vincularse con la gran empresa -mineras, forestales, agrícolas, etc.- determinando su investigación y las áreas del conocimiento prioritarias. La moderna biblioteca Andrónico Luksic y el hall CorpBanca de la Facultad de Economía y Negocios (sic) de la Universidad de Chile hablan por sí solas.
¿Por qué como sociedad tenemos que financiar instituciones privadas que pueden hacer lo que quieran con esos recursos o universidades estatales de primer nivel orientadas a grupos empresariales cuyas prácticas están hoy fuertemente cuestionadas? Transformar el sistema de educación superior es la única forma de implementar una gratuidad justa.
Mantener este horizonte de largo plazo -que requerirá una implementación gradual debido a su gran envergadura- es difícil pero no imposible. Requiere un esfuerzo democrático que involucre a todos los actores del sistema en un diálogo que garantice una reforma pensada en el interés general. Ejemplos de esto existen. El Confech hace algunos meses publicó el documento Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública (disponible en www.quechiledecida.cl) que sintetiza la visión de universidades estatales, privadas tradicionales y privadas a secas.
Desde la Fundación Nodo XXI hemos querido contribuir en la misma dirección a través de la iniciativa Compromiso por una Nueva Educación (www.compromiso.cl) un espacio desde la sociedad civil para que rectores, intelectuales y actores sociales de la educación construyan propuestas conjuntas. Pero el corporativismo, aquella postura que defiende a las universidades estatales por el hecho de ser estatales, a las del Cruch por estar reunidas en ese espacio o a las instituciones privadas para no quedar fuera de la repartija, desenfoca la posibilidad de una nueva educación.
Contribuye a la confusión que ha creado el Mineduc, aleja a la sociedad que espera una reforma en beneficio de todos y construye divisiones al interior de los actores educacionales. ¿Cómo un estudiante de una universidad privada va a defender la completa desvalorización de su título y arriesgarse al traumático desastre de experiencias como la Universidad del Mar o Arcis? Sin duda las instituciones tradicionales están más organizadas pero, por lo mismo, tienen una mayor responsabilidad. ¿Dejaremos a ese 80% de estudiantes, académicos y funcionarios entregados al descarado oportunismo de rectores y propietarios de instituciones que utilizan a sus estudiantes para demandar recursos del Estado sin asumir ninguna responsabilidad? El corporativismo tiene también otra debilidad: es muy fácil de excluir.
Si solo hay intereses parciales,entonces la única alternativa es la razón técnica, aquella ideología que se presenta como neutral, como verdad absoluta. ¿Facilitaremos la labor de esos técnicos empleados de grupos empresariales que justifican diluir la distinción público/privado por la acreditado/no acreditado, desconociendo la clara insuficiencia de dicha certificación?
Asumir estos desafíos nos corresponde a todos en una labor que requerirá toda nuestra imaginación y solidaridad. En ánimo de contribuir me permito terminar esta columna con algunos puntos que creo pueden contribuir al debate por crear una Nueva Educación Pública al servicio de todas y todos.
– Una Nueva Ley de Educación Superior para todo el sistema terciario que garantice al menos: a) un estatus jurídico no privado a las instituciones que en la práctica signifique que no exista una sociedad controladora; b) al menos un organismo colegiado superior encargado del gobierno y con participación de toda la comunidad; c) la regulación de una carrera académica y funcionaria que establezca fórmulas objetivas para la asignación de sueldos, jerarquía y desvinculación; d) supeditación al control de la Contraloría General de la República y obligación de transparencia en el uso de los recursos.
– Crear un órgano estatal integrado por todos los actores de la educación, organismos de gobierno y actores de la sociedad civil que elabore un Plan Nacional de Educación Superior que planifique el desarrollo de la educación terciaria -matrícula, investigación, vinculación con el medio, etc.- en atención a las necesidades nacionales y regionales.
– Evitar la ampliación de la matrícula de instituciones que no deseen participar de este nuevo sistema, y permitir que los estudiantes que egresen de dichas instituciones se evalúen en universidades, CFT o IP que pertenezcan al sistema, para obtener un título de dicha institución. Esta medida puede servir para el tránsito hacia una educación mayoritariamente pública sin perjudicar a los estudiantes.
– Financiar las instituciones a través de fondos basales que permitan estudiar gratuitamente a todos los estudiantes. Establecer un financiamiento basal especial a las instituciones que cumplan una función a largo plazo encomendada por el Plan Nacional de Educación Superior. También mantener fondos concursables o convenios de desempeño para objetivos de corto plazo al que pueda postular cualquier institución.
