Forzados, primero, ha un proceso de sedentarización, después a la expropiación de sus tierras en numerosas ocasiones y diferentes lugares, sin reconocimiento real (sí legal) en ninguno de los lugares que habita. Esta comunidad étnica sufre una desalentadora discriminación institucional tanto en Israel como en Palestina.
Por Ana Garralda para Esglobal
Los diferentes Gobiernos israelíes y palestinos,- en el marco de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)-, mantienen numerosos puntos de fricción desde que Isaac Rabin y Yaser Arafat firmaran los Acuerdos de Oslo en 1993. Sin embargo, y a pesar de las divergencias, ambos coinciden en algo: su falta de voluntad política para resolver el caso de uno de los pueblos más desprotegidos de Oriente Medio: los beduinos.
Las protestas de la comunidad internacional por las órdenes de evacuación y demolición, transmitidas por el Ejército israelí, de las viviendas beduinas de la aldea cisjordana de Susiya, han vuelto a poner de manifiesto la discriminación institucional que sufre esta comunidad étnica tanto en Israel como en Palestina.
La idiosincrasia de los beduinos
Desde finales del siglo XIX los beduinos han experimentado un doloroso proceso de sedentarización. Un fenómeno que se ha acrecentado aún más desde que tuvo lugar la creación del Estado de Israel en 1948. Cercados por fronteras, muros y alambradas han perdido por completo su hábitat natural, es decir, las zonas tradicionales de pastoreo o trashumancia que ahora las ocupan bases militares, campos de tiro, zonas industriales, kibutzim (explotaciones agrícolas), complejos turísticos o parques naturales. Antes de esa fecha su espacio se circunscribía a la práctica totalidad del territorio (entonces el Mandato Británico de Palestina) donde solían establecerse en campamentos junto a sus rebaños de cabras, ovejas, burros y camellos y, según la época del año, practicando el cultivo de la tierra para el consumo familiar.
Los beduinos se organizan por tribus (dirah) y éstas a su vez por confederaciones (kabilas) bajo la autoridad de los jeques (sheijs). De naturaleza nómada y dedicados desde tiempos inmemoriales al pastoreo, el tráfico de caravanas y al transporte de mercancías y viajeros –en especial de los peregrinos musulmanes a la Meca– presentan un carácter indómito (indocumentados que no pagan impuestos) por lo que en su momento fueron perseguidos por los imperios turco y británico, y ahora sufren la correspondiente discriminación institucional por parte de Israel y de Palestina.
Los beduinos tienen un gran apego a sus tradiciones y costumbres. Muchos utilizan la vestimenta típica compuesta por el zoab y la kufiya en el caso de los hombres y la madraga en el de las mujeres. Son ágrafos y por generaciones han trasmitido oralmente su memoria histórica con relatos llenos de magia y expresividad que se manifiestan también en su folclore, música, danza y poesía. De gran conservadurismo profesan la fe islámica suní mezclada con supersticiones primitivas. Siempre han mantenido una feroz rivalidad con los árabes urbanizados que revela la histórica confrontación entre nómadas y sedentarios.
Pero su gran problema comenzó cuando en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos los beduinos quedaron excluidos como comunidad étnica diferenciada y con idiosincrasia propia.
Susiya, un caso paradigmático
Habitada por unos 350 beduinos, esta aldea ha visto complemente destruida su forma de vida en tres ocasiones. La primera de ellas en la década de los 80, cuando fueron expulsados de las cuevas en las que vivían con el argumento de que era una zona de interés arqueológico (después de que se encontraran restos de una antigua sinagoga). Entonces los habitantes del pueblo se desplazaron unos cientos de metros y levantaron sus tradicionales jaimas y cobertizos para el ganado, operación que volvieron a repetir en los 90 y en los primeros años de este siglo cuando fueron expulsados por segunda y una tercera vez.
Más de veinte años después y ayudados por las diferentes agencias de la ONU, por la UE y por varias ONG internacionales, hoy los beduinos de Susiya cuentan con un tendido eléctrico (suministrado por paneles fotovoltaicos), cisternas de agua potable, una escuela y una pequeña clínica de atención primaria. Unas infraestructuras que persiguen sentar los cimientos del asentamiento permanente de un pueblo nómada que ya no puede moverse libremente por sus antiguas rutas de desplazamiento.
En este proceso los habitantes de Susiya incluso lograron presentar, ayudados por la ONG israelí Rabinos por los Derechos Humanos, un plan de ordenación urbana ante la Administración Civil (unidad del Ministerio de Defensa israelí que gestiona los Territorios Ocupados), sin conseguir que ésta, finalmente, lo aprobara, optando ellos por apelar al Tribunal Supremo. Aunque el litigio judicial continúa sin que se haya dictado sentencia –lo que en principio debería congelar automáticamente las órdenes de demolición– los residentes de la aldea temen que éstas puedan ser ejecutadas en cualquier momento, forzando una nueva expulsión por cuarta y definitiva vez.
La problemática del Área C
Dado que Susiya se encuentra ubicada en Cisjordania podría pensarse que la ordenación urbana fuera competencia de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, tras dividir este territorio en tres zonas (A, bajo control integral de la ANP; B, bajo control administrativo de la ANP y de seguridad por parte de Israel, y C, bajo control total de Israel), los Acuerdos de Oslo –que en principio tenían un carácter interino de 5 años, pero que con el estallido de la segunda Intifada se prorrogaron indefinidamente– resultaron ser una trampa para los beduinos. Pues la gran mayoría de ellos vivían en Zona C, es decir, en las áreas rurales que comprenden más del 60% de Cisjordania, quedando sus poblados bajo jurisdicción israelí.
Tampoco se presentaron más fáciles las cosas para los beduinos que viven en otras zonas como los del Valle del Jordán o la periferia de Jerusalén Oriental (áreas conocidas como E1 y J2), de donde el Ejército israelí –en cumplimiento de órdenes dadas por su Gobierno– los ha ido desplazando progresivamente hacia terrenos que carecen de valor agrícola o estratégico alguno dentro de las propia Zona C o incluso hasta la B, cargando a la Autoridad Nacional Palestina con la responsabilidad que, mientras gobernó en la Franja de Gaza, también expropió forzosamente los terrenos de los beduinos de Beit Lehia para reubicarlos junto a las depuradoras de aguas residuales en Um el Nasser.
No obstante, la anexión de las Zonas C constituye un plato tan apetitoso desde el punto de vista político y estratégico que el propio ministro de Educación y líder del partido Hogar Judío que forma parte de la coalición gubernamental, Naftali Bennet, está dispuesto a ofrecerles la nacionalidad israelí. En su “Iniciativa de Estabilidad”, Bennet aboga por la anexión unilateral de todas las Zonas C, en las que apenas vive el 10% de la población de Cisjordania (el otro 90% se concentra en las A y B). Igualmente, promueve la anexión unilateral de Jerusalén Oriental, aún a pesar –en ambos casos– de tener que conceder la ciudadanía israelí a todos los palestinos y beduinos que residen en estos dos territorios. Esto conduciría a la conocida como “bantustanización” de Cisjordania.
El Desierto del Néguev
Otro de los principales enclaves en los que se asientan comunidades beduinas es el Desierto del Néguev (o Naqab, en árabe), donde disfrutan de la ciudadanía israelí, lo que les proporciona una protección –en términos legales– superior a la que tienen los de Cisjordania.
Sin embargo, a lo largo de los años el Estado israelí los ha ido despojando de las tierras en las que vivían junto a su ganado y los ha ido concentrando progresivamente en el entorno urbano, en aplicación del “Plan de las 7 Ciudades” con el objetivo de modernizar su estilo de vida, así como para dedicar sus terrenos expropiados a actividades como la agricultura intensiva. Por aquel entonces, los jefes de las tribus aceptaron que sus hijos hicieran el servicio militar a cambio de recibir del Gobierno un estatus privilegiado que supuestamente les abriría el camino a la integración social y económica, algo que nunca se ha llegado a cumplir.
Además, en 2005 el Consejo Territorial de Planeamiento y Construcción aprobó un proyecto para incrementar en un 70% la población judía del Néguev, procediendo a la construcción de 15 nuevas ciudades como la de Bersheva. Poco después el Ejecutivo formó la Comisión Goldberg para abordar la cuestión de los beduinos del Naqab. En 2008 sus miembros, entre los que no había ninguno perteneciente a esta comunidad, concluyeron que los beduinos no tenían derecho de propiedad sobre estas tierras, aunque sí poseían “lazos históricos” en ellas por lo que debían ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. Un reconocimiento que volvió a quedar nuevamente en un plano formal, que no real.
