Empieza hoy en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py y está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2. Al principio habrá audiencias los jueves y después se agregará un día más. Hay 13 imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Saúl Menem y el ex juez de la causa, Juan José Galeano. Está previsto que declaren más de 140 testigos.
Por Cecilia Devanna para Infojus Noticias
El juicio por el encubrimiento al atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) comenzará a las 9.30, en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py. El debate se realizará frente al Tribunal Oral Federal N° 2 y en el banquillo de los acusados estarán sentados 13 imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Saúl Menem y el ex juez de la causa, Juan José Galeano. También estarán dos ex policías, dos ex fiscales, un ex agente y la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la era menemista. En el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Entre los querellantes está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la asociación integrada por familiares de las víctimas, Memoria Activa.
Durante el debate, que comenzará realizándose sólo los días jueves y luego se agregará uno más, está previsto que declaren más de 140 testigos entre los que se encuentran familiares de las víctimas y el ex policía Juan José Ribelli, que estuvo detenido ilegalmente más de siete años por el caso. También está pedida la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
La causa que investiga el encubrimiento comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal N° 9, en el que recaló la investigación del atentado terrorista, contó que Galeano y el gobierno de Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado. Todo esto, en medio de un enfrentamiento entre el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde y Menem y con intención de desviar la mirada de la denominada “pista Siria”.
El entramado denunciado por Lifschitz se formalizó en una denuncia ante el entonces Ministerio de Justicia de la Nación. Tras varios años de investigación, en 2012 el juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio oral. Lijo señaló que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el gobierno de entonces acordó con Galeano omitir la investigación de la pista que llevaba a un hombre cercano a la familia presidencial: el ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul.
Quiénes están acusados
En esa trama de encubrimiento se fueron involucrando personajes que, desde este jueves, también estarán sentados en el banquillo de los acusados. Entre ellos el ex policía de la Federal, Jorge “Fino” Palacios, señalado como uno de los artífices de la operación de encubrimiento, que habría actuado, dando aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación. De la federal también está imputado el ex comisario Carlos Castañeda, entonces a cargo de la División Protección del Orden Constitucional (POC).
Por el desvío de la investigación, las acusaciones son por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Galeano enfrenta todos estos cargos además de «prevaricato».
La otra parte, elevada a juicio en 2011, involucra a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. Y señala a Carlos Telleldín, último tenedor de la Trafic utilizada en el atentado, como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente a integrantes de las brigadas de Investigaciones de la policía Bonaerense. En este tramo, están imputados Galeano, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, su segundo, Juan Carlos Anchezar, el ex agente Patricio Finnen, los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, junto a agentes de Inteligencia y policías, entre otros.
Telleldín está acusado de haber recibido cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la SIDE. El pago se habría acordado a cambio de que cambiara su declaración en la causa e involucrara falsamente en el atentado al personal de la Policía Bonaerense, en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López (entre ellos Ribelli), que finalmente resultaron absueltos por estos hechos y hoy son querellantes en la causa.
La lista de imputados se completa con Ana Boragni, pareja de Telleldín y quien recibió el dinero y lo llevo a los bancos y Víctor Stinfale, defensor de Telleldín y quien la acompañó a cobrar y se habría quedado con un porcentaje del dinero.
Cómo está integrado el tribunal
El tribunal estará presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez. Según las reglas fijadas por el tribunal, los familiares y las víctimas del atentado y los ex policías falsamente involucrados serán los primeros en brindar su testimonio y el cronograma se completará según la sucesión cronológica de los hechos recopilados por Galeano, mientras tuvo a cargo la instrucción de la causa.
La acusación fiscal estará a cargo del equipo designado al frente de la UFI AMIA tras la muerte de su ex titular Alberto Nisman.
Los jueces autorizaron la transmisión en vivo del inicio del debate, de los alegatos y la lectura de la sentencia. La permanencia en la sala de periodistas, es con la opción a tomar nota, pero no a usar medios tecnológicos para registrarlas, limitándose los alcances de la difusión de un juicio histórico.
Las audiencias serán grabadas en su totalidad a través de la División Servicios Audiovisuales de la Policía Federal. Y se realizarán en la sala AMIA, ubicada en el ala izquierda del edificio del barrio de Retiro. La sala fue construida especialmente para juzgar entre 2001 y 2004 a los policías bonaerenses detenidos como partícipes necesarios del ataque. En el fin de aquel debate, el Tribunal Oral Federal 3 declaró nula gran parte de la causa, absolvió a todos y denunció a quienes ahora llegarán al banquillo de los acusados.